Después del debate electoral del año pasado, con Iván Duque como presidente electo, FASECOLDA lanzó una audaz propuesta al nuevo gobierno: «vender total o parcialmente la propiedad que tiene la Nación en Ecopetrol, que se acerca a 88%».
La idea generó un pequeño cisma al interior del Consejo Gremial Nacional que en ese momento encabezaba Jorge Humberto Botero, presidente de FASECOLDA, por la filtración de la propuesta antes de ‘socializarla’ con todos los gremios para plantearla a Duque. Pero de fondo, tenía como objetivo buscar recursos para acelerar los planes de infraestructura.
Esta propuesta planteaba la creación de un fondo de inversión que se manejaría desde el exterior y cuyas rentas alimentarían a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) o la inversión pública. Además, permitiría cumplir la regla fiscal, “pues si se vende la totalidad remanente de Ecopetrol del 88% accionario (cuyo valor fluctuaría entre 14% y 18% del PIB) se puede programar alimentar el presupuesto de la Nación por el equivalente a 0,75% del PIB por año durante la próxima década”, explicó la ANIF en un análisis.
A finales del año pasado, con las prioridades concentradas en la Ley de Financiamiento, la discusión de la venta perdió vigencia.
Sin embargo, en la tercera semana de enero, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, «le dio vida de nuevo» y anunció el interés del Gobierno de vender el 8,5% de la petrolera, cuya autorización ya se tiene desde finales de la década pasada, cuando fue aprobado por el Congreso el proceso de vender el 20% de la compañía.
Hasta el momento el Gobierno no había entregado pormenores de la operación, ni en materia de precio, si avanzaría en un proceso de democratización o buscaría un socio estratégico que lo acompañara en la empresa, o si sería o no por etapas. Pero sí señaló que «con esos recursos buscaría atender parte de las necesidades de inversión que requiere el país y que pudieron quedar cortas con la Ley de Financiamiento aprobada, la cual dejó pendientes cerca de $ 7 billones».
Ante un panorama complejo desde el punto de vista fiscal, no solo por los recursos que no alcanzó en la Ley de Financiamiento, sino por las advertencias que han hecho calificadoras como Fitch Ratings en torno a las dificultades que tendrá Colombia de cumplir la regla fiscal el año entrante y llegar a un déficit de 2,2%; Así las cosas, «Ecopetrol se convierte en uno de los salvavidas de la estrategia financiera del Gobierno».
Los buenos resultados de la petrolera en materia financiera hasta el tercer trimestre del año pasado pusieron los ojos sobre la empresa gracias en parte a la dinámica de los precios, pero también a sus ajustes internos: ingresos que ya estaban en casi $ 50 billones, cuando en 2017 en total fueron $ 55 billones; el Ebitda de los primeros nueve meses del año anterior llegó a $ 23,8 billones, superior al registrado en todo 2017 que fue de $ 23,1 billones; y lo mismo pasó con las utilidades que de $ 6,6 billones en 2017, pasaron entre enero y septiembre de 2018 a $ 8,9 billones. Eso sin contar niveles de caja en la empresa por más de $ 18 billones.
Uno de los temas más retadores en la discusión será cómo va a incorporar reservas nuevas Ecopetrol.
La venta del remanente que quedó de finales de la década pasada es una opción rápida y representaría unos $ 10 billones para el Gobierno y algunos no descartan que se pueda dar un ajuste en materia de reparto de dividendos, pues se redujo a entre 40% y 60% en momentos de dificultades para la empresa, pero antes se repartía más de 80%.
Aunque dada la coyuntura, la venta del 8,5% de Ecopetrol cobra sentido, el proceso puede generar complejidades. Por una parte, se hace en momentos de una gran incertidumbre en el planeta por factores como la guerra comercial entre Estados Unidos y China; la desaceleración en el crecimiento de la economía de este gigante asiático y en general de las proyecciones globales; las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y, en un escenario de un plazo más largo, la sustitución de fuentes de energía y los temas ambientales que podrían impactar las posibilidades y el desarrollo de los precios del crudo en cualquier sentido.
Por otro lado, en el campo local Ecopetrol se enfrenta a un profundo desafío: cómo incorporar reservas a su portafolio. Para ello tiene varias estrategias: aumentar el recobro de los pozos actuales y avanzar en su exploración, pero hay dos actividades que le darían un nuevo impulso: la primera, activar el modelo de reservas no convencionales (fracking) ubicadas en su mayoría en el Magdalena Medio, pero que hoy están en el ojo del huracán por la oposición de ambientalistas y líderes sociales.
De acuerdo con los cálculos de la compañía, en materia de convencionales hoy produce en esa zona 65.000 barriles que pueden llegar a 85.000, pero a 2030 en no convencionales (fracking) serían unos 250.000 barriles.
Y la segunda actividad es comprar reservas en otros mercados con un foco en Estados Unidos y Brasil y a la espera del desarrollo del nuevo gobierno en México.
Para el Gobierno sería muy importante que gran parte de esas inversiones se queden en Colombia para impulsar la economía. El plan de inversiones de Ecopetrol estuvo en 2018 entre US $ 3.000 y US $ 3.500 millones.
Y finalmente, la gran preocupación es: ¿para qué se van a destinar los recursos provenientes de esa venta?
Si bien el Gobierno en las primeras pinceladas ha manifestado que busca atender inversiones, es claro también que, «al no tener destinación específica, pueden hacer parte de la caja y terminar cubriendo gastos». Por ello, es necesario ‘blindarlos’ y darles desde el principio un foco claro.
Además, como mencionó hace unos meses Orlando Cabrales, presidente de NATURGAS: cualquier decisión sobre Ecopetrol requiere consultar también consideraciones de política energética. “Es costumbre que en Colombia se mire al sector energético como un simple generador de renta pública y no como una actividad que crea empleo, dinamiza encadenamientos productivos nacionales y regionales, genera competitividad económica y brinda seguridad energética”.
Ecopetrol es el mayor activo de la Nación.
Cualquier decisión que se tome en torno a ella debe no solo asegurarle recursos a su socio mayoritario, sino también el capital para que la empresa crezca y no se convierta en una tarea de «sacarle leche y carne a la misma vaca».
Otras empresas en la mira del gobierno para vender
La estrategia de ventas de activos por parte del Gobierno no solo alcanzaría 8,5% de Ecopetrol.
También estaría en la mira la venta de un poco más del 30% de la participación de la nación en Colombia Telecomunicaciones, negocio que aún no ha encontrado apetito en los mercados.
Otros activos que se mencionan con frecuencia son CENIT, la transportadora de crudo de Ecopetrol, y PROPILCO, hoy ESSENTIA.
Igualmente, estarían en la lista electrificadoras regionales y algunos activos públicos del sector financiero. La movida de la venta de 8,5% de Ecopetrol podría entrar a competir entre los inversionistas con la del 10% de ISA que tiene hoy EPM (Empresas Públicas de Medellín).
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