Por Jorge Gómez Pinilla
El abogado Luis Eduardo Parra explica los alcances de la demanda que interpuso y se defiende de quienes lo acusan de haberlo hecho para promocionar su candidatura a la Gobernación de Santander por la Colombia Humana.
Son varias las demandas que se han interpuesto ante diferentes instancias judiciales en busca de anular la elección del Fiscal General de la Nación. La más reciente, radicada por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), alegaba que Néstor Humberto Martínez omitió “información grave y relevante” sobre su conocimiento en torno al escándalo de corrupción de Odebrecht. Pero el Consejo de Estado determinó que la acción judicial se presentó de manera extemporánea, lo cual no significa que haya sido improcedente. (Ver noticia).
Ahora ha surgido una nueva demanda, esta vez una Acción Popular interpuesta por el abogado Luis Eduardo Parra, natural de Barbosa (Santander), quien solicitó medida cautelar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que el Fiscal sea apartado de su cargo considerando que “se evidencia la ocurrencia de un daño contingente, (con) el riesgo de que este se materialice derivado de las actividades ilegales propiciadas por sus clientes comerciales, Corficolombiana-Grupo Aval y sus directivos, a los cuales estaba obligado a investigar y enjuiciar con imparcialidad”.
La información sobre esta nueva demanda fue divulgada por la W Radio. El propósito sería “evitar que el mencionado ciudadano en ejercicio de su cargo pueda seguir incurriendo en conductas violatorias de los principios de transparencia y honestidad que estimulan la moralidad pública”.
Luis Eduardo Parra es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, Ingeniero Forestal de la Universidad Distrital de Bogotá, con magister en Saneamiento y Desarrollo Ambiental de la Javeriana, expresidente de la Federación Nacional de Productores de Panela, Fedepanela.
Usted entabla una demanda de acción popular, pero el Consejo de Estado acaba de inadmitir una anterior, sustentado en que había prescrito la acción. ¿Qué le hace pensar que ahora sí acogerán su tesis?
El Consejo de Estado se equivoca ahí, pues va contra su propia jurisprudencia: al momento en que fue ternado el fiscal, le ocultó deliberadamente a la Corte Suprema y al presidente Santos que tenía serios conflictos de interés para desempeñar el máximo cargo de la acción penal de la rama jurisdiccional. Esos hechos no se conocieron en el momento de la acción. Luego, los 30 días hábiles que establece el Código Contencioso Administrativo para interponer la demanda de nulidad se deben contar desde el momento en que los hechos se hicieron notorios. Y son hechos que la sociedad no debe demostrar. Es el fiscal general quien ostenta la carga de la prueba frente a todos los conflictos de interés que tiene por el caso Odebrecht. Si el Consejo de Estado decidió inadmitir la demanda de Dejusticia, entonces vamos como sociedad civil a pedir que se amparen los derechos colectivos establecidos en la Constitución.
¿Usted asume la moralidad pública como un derecho colectivo?
Es un derecho colectivo, sí. Lo establece el Artículo 88 de la Constitución y lo desarrolla la Ley 472 de 1998 que dice que entre todos los derechos, incluido el medio ambiente como derecho al espacio público, hay el derecho a la moralidad pública en su faceta de moralidad administrativa. Es un derecho colectivo, que reside en cabeza de cada ciudadano. Yo como parte del colectivo social le digo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ese señor ocultó información deliberadamente. Hay pruebas que han salido a flote, no solo cosas noticiosas como él quiere hacer creer, que es un complot de Luis Alberto Moreno desde la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo con periodistas como Daniel Coronell o María Jimena Duzán. No, es que los hechos se volvieron notorios, y los ciudadanos no tenemos la obligación de demostrarlos. Es él quien debe demostrar con pruebas que esos hechos no son ciertos, que él no había ocultado esa información.
¿En qué momento se va a fallar su Acción Popular?
La demanda está presentada y fue remitida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ellos tienen máximo 10 días para admitirla o inadmitirla, con base la probidad y la juridicidad de dicho Tribunal.
¿Admitirla significaría que proceden a retirar a Martínez Neira de su cargo?
En la demanda pedí en cuaderno separado que se nos otorgue una medida cautelar de Urgencia, frente a la cual se puede pronunciar el juez sin necesidad de haber admitido la demanda. Por eso la mandé en cuaderno separado, en consideración a que el nuevo ordenamiento jurídico prevé que es de tal urgencia, que lo debe apartar del cargo. Yo no estoy diciendo que anule su elección como Fiscal.
¿Apartarlo del cargo mientras toma el alto Tribunal toma una decisión…?
Una decisión de fondo, exactamente. Mientras se adelantan las investigaciones del caso. La separación del cargo no significa que se anule su elección, es ahí donde tratan de confundir. No, es una acción popular que busca amparar el derecho colectivo a la moralidad pública.
Y después de separarlo del cargo, ¿qué?
A continuación, le pido al Presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia que designen su remplazo. El ordenamiento jurídico prevé que el remplazo debe ser el vicefiscal. El fiscal Martínez Neira ya se ha declarado impedido en 17 líneas de investigación, luego, nos está probando que efectivamente había conflictos de interés. Razón más que suficiente para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tome la decisión de separarlo provisionalmente del cargo.
¿Es cierto que usted en este momento está aspirando a ser el precandidato de Colombia Humana para la Gobernación de Santander?
Quiero hacer una claridad al respecto: soy de la provincia de Vélez, exactamente del municipio de Barbosa. Hago vida económica y social aquí, soy productor de panela hace 30 años. Fui presidente de los paneleros, es decir soy una persona reconocida en la provincia santandereana. Mi propósito no es utilizar este tipo de acciones para convertirlas en política partidista. Es un ejercicio profesional de ciudadano, al margen de mi condición como facilitador para Santander de Colombia Humana.
En su condición de facilitador de Colombia Humana, ¿debo asumir que está en campaña por su candidatura a la Gobernación de Santander? No lo digo en sentido descalificador.
Nuestros líderes regionales han visto la necesidad de que Colombia Humana tenga un candidato a la Gobernación, que vaya a consulta abierta con el candidato de la coalición del Polo y de los Verdes, Leonidas Gómez. Algunos dirigentes de Santander me pidieron encabezar ese propósito, les he respondido que estamos en una etapa de consolidación. Yo vengo de viejas luchas, no solo jurídicas o legales, sino también de luchas populares en reivindicación de sectores marginados, como el de los servicios públicos domiciliarios. Eso me da una conectividad con Santander.
¿Por qué usted y no otro dirigente santandereano?
En Santander hay dirigentes valiosos. Ojalá fuera una mujer la próxima gobernadora, en homenaje a heroínas como Manuela Beltrán o Antonia Santos en el Bicentenario de la Independencia. Pero si me corresponde, con gusto lo haré. Yo haría una campaña en busca de la transformación de Santander, orientada a luchar contra la inequidad social, por el ordenamiento territorial, la defensa de los recursos naturales renovables, sus páramos, su biodiversidad, algo que no podemos mercantilizar. El agua no puede ser una mercancía, es un derecho y como tal no podemos entregársela al sector privado.
Si saliera positiva la demanda contra el Fiscal y este fuera separado del cargo, eso podría beneficiarlo en su aspiración a la Gobernación. ¿No existiría ahí también un conflicto de interés…?
No. La petición de algunos líderes santandereanos ha sido posterior a este propósito. Usted entiende, todas las acciones institucionales, la acción popular y la de cumplimiento, son acciones públicas y los medios lo registran. Yo solo actúo en función del interés colectivo. Como ciudadano, tengo el deber de pedirle a la justicia que el señor Néstor Humberto Martínez Neira sea separado del cargo para que se estudie su caso y se ampare el derecho de los colombianos a la moralidad pública y administrativa.
Tomado de: EL ESPECTADOR
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