La CEV buscará la verdad sobre la Masacre del 16 de Mayo, dice Francisco de Roux

El sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien durante años lideró procesos de entendimiento en la región del Magdalena  Medio  dirigiendo el Programa de Desarrollo y Paz (PDPMM), estuvo el pasado miércoles 16 de mayo en Barrancabermeja acompañando a las víctimas de la ‘Masacre del 16 de mayo de 1998’ (con motivo de sus 20 años), y se comprometió —desde la ‘Comisión de la Verdad’ y que preside desde hace una semana— «a no dejar de lado este oscuro episodio de dolor y por el contrario, buscar la verdad más profunda sobre este caso».

El ex director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Francisco de Roux, está al frente de la ‘Comisión de la Verdad’, que se instaló oficialmente hace una semana.

«Vengo porque soy parte de esta historia en Barrancabermeja y también porque teniendo ahora la responsabilidad de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad este es un caso que para nosotros es muy importante y quisiéramos contribuir a esclarecerlo”, dijo el jesuita Francisco de Roux.

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

En diciembre de 2017, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, instaló la ‘Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición’, la cual empezó su trabajo formal hace una semana (mayo de 2018).

Entre las funciones de la ‘Comisión de la Verdad’, que es dirigida por el padre jesuita Francisco de Roux, está «contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado en Colombia, así como promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas».

Familiares de las víctimas de la Masacre del 16 de Mayo se mostraron complacidos por la presencia del sacerdote Francisco de Roux y respaldaron su gestión frente a lo que será la ‘Comisión de la Verdad’.

«Hoy, cuando se le ha designado para integrar la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, creada por la Ley 588 de 2017, vemos que se ha considerado el nombre de un elemento formado especialmente para el entendimiento del conflicto, y cuya trayectoria ofrece toda clase de garantías en la confección de los elementos de juicio que deben valorarse al interior de un organismo de esta naturaleza;  el Padre Francisco de Roux cuenta con nuestro respaldo», manifestaron respresentantes de las váctimas de la masacre.

PARA LEER EL TEXTO COMPLETO DE LA LEY 588 DE 2017 HAGA CLICK AQUI

¿Qué ha pasado después de 20 años?

Luego de 20 años, las 32 familias de las víctimas de la Masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, no han tenido paz.

Ese día, un operativo paramilitar desarrollado por hombres de las Autodefensas en Santander y Sur del Cesar  (AUC)  dejó 7 personas muertas y 25 desaparecidas por ser supuestos «colaboradores de la guerrilla en el sector sur oriental de Barrancabermeja».

Versiones dadas a la justicia por antiguos paramilitares dicen que la masacre fue ordenada por Guillermo Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’, en complicidad con la Fuerza Pública (Ejército y Policía Nacional), funcionarios de seguridad de Ecopetrol y algunos comerciantes y empresarios de la región.   Para los afectados y los defensores que llevan el caso, «este ha sido un proceso de largo aliento para lograr el reconocimiento de los hechos».

Según Eduardo Carreño Wilches, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por 20 años se ha investigado y juzgado a aproximadamente 22 miembros de la estructura paramilitar, de 70 que habrían participado directa o indirectamente. Por estos hechos cumplen condenas ‘paras’ como Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, acusado de haber dirigido la incursión.   Alias ‘Camilo Morantes’ fue asesinado en noviembre de 1999 por órdenes del comando central de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

El jurista señaló que también se ordenó la vinculación al proceso de los miembros del Ejército Nacional, Oswaldo Prada Escobar, mayor del Batallón Nueva Granada de la Quinta Brigada;  los tenientes John Héctor Guzmán  y  Antonio Enrique Daza Camargo de las bases Termoeléctrica y Pozo 7; y del coronel Joaquín Correa López, Comandante de la Policía del Magdalena Medio de la época.

“Pero estas personas se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ingresando a la lista que elaboró el Ministerio de Defensa, suscribiendo el acta ante el secretario de la JEP, y fueron dejados en libertad por el Juez Primero Penal de Bucaramanga hace tres meses”, dijo el abogado defensor de las víctimas.

Dentro del proceso, la Fiscalía ordenó la detención y fue llamado a juicio José Eduardo González, un ex capitán de inteligencia del Ejército, quien se desempeñaba como subjefe de seguridad de la refinería de Ecopetrol.   También está en apelación las decisiones tomadas frente a miembros del DAS que fueron vinculados, como Eddy Álvarez, ex director de esa entidad en Barrancabermeja, quien no ha sido detenido.

“Falta por identificar a los empresarios y comerciantes, a los miembros de la Fuerza Pública que participaron, por acción o por omisión, en todos los retenes militares que se establecieron desde San Rafael de Lebrija hasta Barrancabermeja. El avance de la justicia ha sido precario”, denunció el abogado.

El caso de la masacre de Barrancabermeja también cursa su trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).   Hasta la fecha han sido hallados 10 cuerpos de las víctimas y 8 han sido identificados y entregados a sus familiares.

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