Nuevamente el incumplimiento en el servicio del transporte escolar vuelve a causar controversia entre padres de familia y estudiantes, que se quejan «porque las busetas no los recogen pese a que circulan con puestos disponibles en las horas picos».
Incluso, en las redes sociales los padres de familia denuncian que «ni poniendo en conocimiento de los gerentes de las empresas Coochoferes y Transporte San Silvestre, encargadas de presta este servicio, se toman los correctivos, así les hayan entregado los números internos de las busetas que no quisieron prestarles el servicio».
Una de las quejas es que el tratamiento para los jóvenes estudiantes es denigrante “como si estuvieran regalándoles el servicio”, otros indican que los jóvenes deben caminar largos trayectos para poder tomar la ruta que los acerque a sus casas. “A mi nieto, un conductor lo insulto por el simple hecho de deja caer su morral en el pasillo de la buseta, son muy groseros; se está necesitando otra empresa para que haga lo que estas dos entidades no garantizan”, dijo visiblemente disgustado el abuelo del estudiante.
De esta queja conoció el secretario de Educación, Óscar Jaramillo Jiménez, quien dijo que «trasladará las inquietudes a los gerentes de ambas empresas pues el propósito del convenio es garantizar el subsidio de transporte escolar a los estudiantes de instituciones educativas del sector oficial, y a la vez fortalecer al empresario de transporte urbano que ha solicitado el apoyo del gobierno, considerando las altas inversiones y gastos a los que se ven sometidos para prestar un servicio que no garantiza una rentabilidad actualmente».
A ello se le agrega la solicitud de las instituciones educativas del sector oficial quienes plantearon en una mesa de trabajo con el Concejo Municipal, reducir el monto del convenio con las empresas transportadoras pues tienen datos estadísticos que demuestran como solo 13.000 de los 41.000 educandos inscritos en esta instituciones usan el subsidio, por lo tanto propusieron reducirle al valor del convenio para que el excedente sea distribuido a los establecimientos educativos que no cuentan con recursos económicos para el mantenimiento de los mismos, situación que inicialmente fue descartada por la administración municipal.
El actual gobierno —con el propósito de garantizar la gratuidad en la educación y de cerrar los espacios a la corrupción con el sistema del tiquetes escolares, que no estaban cumpliendo la función para la cual fueron impresos— decidió acabarlos y facilitarles a los estudiantes que, solo con el uso de los uniformes y en horas pico, pudieran utilizar el servicio desde y hasta la institución educativas donde reciben sus clases.
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