(El presidente de la USO Refinería, Edwin Palma, concede entrevista a la BBC de Lóndres, el mayor consorcio de comunicaciones del mundo).
A la entrada de la oficina local de la Unión Sindical Obrera de Barrancabermeja, la ciudad a orillas del río Magdalena que muchos consideran la cuna del sindicalismo colombiano, tres modestas lápidas cuentan parte de una dolorosa historia.
Ahí, a pocos metros de la refinería de petróleo más grande de Colombia, reposan los restos de dos de los casi 3.000 sindicalistas asesinados en el país desde 1977 hasta la fecha, junto a los de un compañero muerto cuando aún no se empezaba a llevar la cuenta.
«Fermín Amaya fue asesinado por el ejército en el marco de una huelga (en 1971). Manuel Chacón fue asesinado por la armada (en 1988)», le explica a BBC Mundo Edwin Palma, el presidente de la directiva local de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato que aglutina a los trabajadores de la industria petrolera.
Y la lápida debajo del busto de bronce de Rafael Jaimes, el tercero de ellos, informa que éste fue asesinado en marzo de 2002 por uno de los grupos paramilitares que para entonces operaban en la región del Magdalena Medio.
«Esa ha sido nuestra última pérdida», le dice Palma a BBC Mundo, pero está claro que el directivo se refiere nada más a los miembros de la USO en Barrancabermeja.
Después de todo, el número de sindicalistas asesinados en Colombia desde 2002 a la fecha ya suma 791 muertos.
Y todo parece indicar que la cifra seguirá creciendo.
Bajo amenaza.
Efectivamente, según datos de la Escuela Nacional Sindical, en lo que va del año ya son 4 los trabajadores sindicalizados que han sido asesinados. El año pasado los muertos fueron 20.
Y aunque las cifras indican una importante reducción en el número de muertes anuales, —los sindicalistas asesinados en 2010 fueron 51 y en 2011 30, muy por debajo de los 282 asesinatos registrados en 1996—, también dejan claro que, en Colombia, el sindicalismo sigue siendo una ocupación de riesgo.
Para probarlo están además las amenazas de muerte, como la que el mismo Edwin Palma recibió vía mensaje de texto hace aproximadamente nueve meses.
«Me decían que tenían que cuidarme. Me señalaban de guerrillero», dice el joven de 29 años, que actualmente se desplaza en un auto blindado y acompañado por tres escoltas de forma permanente.
Y las cifras de la Escuela Sindical Nacional demuestran claramente que, al contrario de lo que ha ocurrido con los asesinatos, el número de las amenazas en contra de sindicalistas no ha disminuido significativamente.
«También hemos ido observando que, en el tema de los asesinatos, antes había una violencia un poco más generalizada, en la que los asesinatos de los dirigentes sindicales representaban como el 30% de los asesinatos de los sindicalistas», le dijo a BBC Mundo el director de la Escuela Nacional Sindical, Guillermo Correa.
«Pero la participación de los dirigentes sindicales en los asesinatos ha aumentado y hoy está alrededor del 50%, 60%. Los asesinatos son mucho más selectivos, más concentrados y en lugares más estratégicos», agregó.
Progresos, pero …
Tal vez es por eso que a la hora de referirse al problema de la violencia en contra de los sindicalistas en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno colombiano recientemente eligió destacar por sobre todo los esfuerzos que se están haciendo para protegerlos.
«En 2011 se amplió el alcance de la protección brindada a activistas sindicales a personas que se encuentren en gestiones para crear un sindicato y a ex sindicalistas que continúen amenazados por su labor sindical», se lee en el informe presentado por Colombia la semana pasada en Ginebra.
Y, a renglón seguido, el reporte destaca que el 25% de la entidad de la Unidad Nacional de Protección —la instancia del estado encargada de garantizar la seguridad de funcionarios, políticos y otros grupos en riesgo— está destinada a la protección de cada vez más sindicalistas: actualmente, unos 1.300 de ellos.
«Pero el tema aquí no es de escolta ni de carros, que es a lo que se ha terminado reduciendo el problema de seguridad», se queja Palma.
«El tema aquí es que hay que crear condiciones para poder ejercer la actividad sindical sin correr esos grandísimos riesgos», agrega.
El sindicalista, sin embargo, no niega los importantes esfuerzos que con ese propósito ha estado haciendo el gobierno.
Para conseguir la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Colombia tuvo que presentar un Plan de Acción Laboral (conocido popularmente como el Plan Obama / Santos), que incluía medidas orientadas a mejorar las condiciones para la práctica del sindicalismo.
Y esa es también una condición necesaria para cualquier acuerdo comercial con la Unión Europea.
Según Guillermo Correa, esos procesos le han abierto al sindicalismo colombiano valiosas oportunidades.
«Hoy hay posibilidades importantes en el país para crear nuevos sindicatos, para entusiasmar a los trabajadores con la posibilidad de crear nuevos sindicatos», le dijo a BBC Mundo.
«Aunque es cierto que también continúan dos situaciones adversas. Una, que el tema de la violencia todavía sigue siendo una amenaza muy importante. Y lo otro es que estamos todavía en la necesidad de educar y de promover el ejercicio sindical en Colombia como un valor democrático y romper ese imaginario que vincula el sindicalismo con guerrilla», agregó.
Estigma.
De hecho, para Edwin Palma, en el caso de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio el problema de seguridad está vinculado sobre todo a la fallida desmovilización de los grupos paramilitares de extrema derecha.
«Las estructuras paramilitares siguen intactas, sólo han cambiado de nombre. Y obviamente donde hay presencia de grupos paramilitares hay enemistad con las organizaciones sociales, sindicales y populares», afirma.
Y la situación se repite además en otras zonas del país, donde la situación de violencia antisindical es mucho más grave que en Barrancabermeja.
Pero, ¿sigue siendo Colombia el país más peligroso del mundo para ser sindicalista?
Lori Wallach, la directora del Observatorio de Comercio global de la ONG estadounidense Public Citizen, no tiene ninguna duda: «Colombia es el país más mortífero para los sindicalistas», afirmó en un artículo publicado hace un par de semanas en el HufftingtonPost.
Pero Correa es un poco más cauteloso.»No te lo podría garantizar porque no he visto los últimos informes (de otros países)», le dice a BBC Mundo.
«Pero en América Latina Colombia sigue siendo el más peligroso y, de todo el mundo, América Latina siempre ha sido la región más antisindical. Las cifras han disminuido pero creo que continúa teniendo liderazgo en ese tema».
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Informe Especial publicado por la BBC de Lóndres y que incluye entrevista con el presidente de la USO, refinería, Edwin Palma).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
