Según el activista de redes sociales Gustavo Gonzalez, el sistema de salud colombiano, en su forma actual, no solo presenta deficiencias estructurales, sino que encarna una mecánica perversa que recuerda a un esquema Ponzi, donde los recursos de los nuevos cotizantes se utilizan para cubrir las obligaciones pasadas, en un ciclo que se vuelve insostenible.
El esquema de Ponzi es un fraude con el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido. Utilizan el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores
Para Gonzalez, lo que debería ser un modelo solidario y funcional de aseguramiento en salud se ha transformado en una maquinaria voraz de acumulación de deudas, maquillaje contable y colapso progresivo.
¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas principales de esta debacle no son los dueños de las EPS ni los funcionarios de alto rango, sino los pacientes, que terminan pagando con sus vidas la falta de atención, el desabastecimiento de medicamentos y la quiebra silenciosa de las IPS.
La salud en Colombia es un esquema Ponzi disfrazado de sistema.
— GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ (@tavo2366) April 4, 2025
EPS que no pagan, reservas técnicas saqueadas, IPS quebradas, pasivos ocultos y cifras maquilladas.
La enorme pirámide colapsa cuando se cierra el chorro.
Ya no hay con qué tapar el hueco.
Y los pacientes pagan con…
Para Vicente Calvo, director de ¿Dónde está la plata? El corazón del problema radica en las EPS, encargadas de administrar los recursos públicos del sistema.
Muchas de ellas han acumulado millonarias deudas con hospitales y clínicas —conocidas como IPS— mientras declaran pérdidas, piden salvavidas financieros y argumentan que el Estado no les paga a tiempo.
Sin embargo, los informes revelan prácticas recurrentes de saqueo de reservas técnicas, ocultamiento de pasivos y una contabilidad creativa que oculta la gravedad del problema.
El caso de Famisanar y Nueva EPS es paradigmático.
Ambas fueron intervenidas por la Superintendencia de Salud debido a su incapacidad de garantizar la atención adecuada y su creciente deuda con prestadores de servicios de salud. Irónicamente, sus principales acreedores eran también sus dueños: Cafam y Colsubsidio, grandes cajas de compensación que no solo conocían la magnitud de la crisis, sino que habrían jugado un papel activo en su agravamiento.
Mediante prácticas financieras cuestionables y el apoyo de aliados políticos, estas instituciones lograron desangrar las EPS mientras seguían cobrando por servicios que no se prestaban con calidad o en los tiempos requeridos.
Antes de ser intervenidas Famisanar y Nueva Eps tenían como acreedores principales a sus dueños Cafam y Colsubsidio, estos con sus mañas y buenos socios políticos quebraron ambas EPS (por eso Supersalud las intervino), ahora pretenden regalar sus acciones en esas
— Vicente Calvo (@vcalvot) April 4, 2025
EPS al gobierno… pic.twitter.com/Q3UsvLuyZq
Ahora, tras la intervención, los mismos actores pretenden salir del embrollo sin asumir responsabilidad alguna:
Ofrecen entregar sus acciones al gobierno —que ya intervino para proteger a los usuarios—, pero exigen que primero se les pague lo que aseguran que se les debe.
Más grave aún, buscan que el Estado asuma las deudas que dejaron tras quebrar las EPS, lo cual significa transferir al erario público —es decir, a todos los colombianos— el costo de su mala gestión y presunto saqueo.
El resultado es una cadena de destrucción: las IPS quedan atrapadas en un limbo económico, sin pago por servicios ya prestados, en muchos casos desde hace años.
Clínicas pequeñas, hospitales regionales y centros de atención primaria se ven obligados a cerrar, despedir personal o reducir servicios. Este deterioro llega hasta el nivel más humano: el del paciente que no encuentra cita médica, no recibe su tratamiento, o muere esperando una autorización.
La analogía con un esquema Ponzi es clara
Mientras entran nuevos recursos al sistema —vía cotizaciones, pagos del Estado o aportes extraordinarios— las EPS sobreviven momentáneamente. Pero cuando ese flujo se reduce, todo el andamiaje colapsa.
La pirámide se derrumba porque ya no hay con qué tapar los huecos del pasado, y porque los que se beneficiaron ya se alejaron, dejando tras de sí un sistema quebrado y una red de prestadores colapsada.
Colombia enfrenta hoy una encrucijada.
No basta con intervenir EPS en crisis si no se cambia el modelo estructural que permitió este tipo de operaciones. La supervisión debe ser real y efectiva, y no un saludo a la bandera que solo actúa cuando ya no hay nada que rescatar.
Si el sistema continúa premiando el fraude y castigando a los que realmente prestan el servicio, entonces no estamos ante un problema financiero, sino ante una tragedia ética y social.
Y en esa tragedia, los muertos no son números en un informe: son personas reales que confiaron en un sistema que, como una pirámide financiera, estaba diseñado para colapsar.
