(Informe Especial).
Por primera vez desde que decidió huir de las autoridades bajo el argumento que no tiene garantías procesales y de seguridad, el ex congresista José Aristides Andrade Martínez, vinculado a la investigación que busca a los autores materiales e intelectuales del homicidio del ex funcionario de la Alcaldía de Barrancabermeja, David Núñez Cala, decidió romper con su silencio para revelar detalles inéditos de cómo, según él, se armó en su contra todo un montaje judicial orquestado desde las entrañas del paramilitarismo, y con el inexplicable apoyo de los organismos estatales. BARRANCABERMEJA VIRTUAL presenta a continuación las declaraciones exclusivas que el ex congresista le concedió al periodista, Camilo Ernesto Silvera Rueda, del periódico El Frente de Bucaramanga, en donde se declara «víctima de un carrusel de testigos».
David Núñez Cala era mi protegido político, afirma José Aristides Andrade.
Por: Camilo Ernesto Silvera Rueda.
Tras 21 años del crimen del entonces secretario de Obras Públicas y aspirante a la alcaldía de Barrancabermeja, David Núñez Cala, al ex senador José Aristides Andrade le queda algo muy claro que: «ha sido víctima de un infame señalamiento por parte del criminal Mario Jaimes Mejía, (conocido en el bajo mundo de la delincuencia con el alias de ‘El Panadero’), y como consecuencia de esa acusación, en la que se le endilga ser «el autor intelectual del homicidio», se inició un proceso judicial absurdo, lleno de incoherencias y falacias para sostener una imputación que a todas luces es mentirosa», dijo José Aristides Andrade, en una comunicación emitida desde un punto indeterminado de la geografía nacional.
Asegura que hoy día la mayor prueba de su inocencia es, precisamente, el infame juicio que se ha montado en su contra y el cual pretende condenarlo, ese que cuenta con testigos falsos, que proveen testimonios contradictorios y con cosas tan inverosímiles como la edad, para el día de los hechos que registraba uno de los testigos.
«Sí, porque, como consta en el expediente, uno de ellos, hoy confeso paramilitar, tenía nueve (9) años de edad para el día en que asesinaron al señor David Núñez Cala», detalló el ex parlamentario con asombro.
El comienzo del terror.
El homicidio de David Núñez Cala ocurrió el 5 de abril de 1991 cuando el recién posicionado en la cartera de Obras Públicas del puerto petrolero se movilizaba en una camioneta dispuesta por el Municipio para sus movimientos de rutina, por las zonas rurales y urbanas de Barrancabermeja.
Tanto él como sus allegados conocían de algunos hostigamientos en su contra. Por esta razón se ordenó, por parte de los organismos de seguridad del puerto petrolero, una escolta que no debía descuidar ni un solo instante al funcionario.
Sin embargo, ello no ocurrió. Poco antes de las 9 de la mañana, Núñez Cala, promesa en la política barranqueña, cayó bajo el fuego de sus agresores cuando salía de su residencia con destino a la sede de Obras Públicas.
Según el reporte de la Policía Nacional, el funcionario fue abordado por 2 desconocidos a la altura del sitio conocido como «Paso Nivel», quienes al ver la soledad y la falta de protección de su víctima, le propinaron dos impactos de pistola 9 milímetros, los cuales dejaron al joven político gravemente herido, por lo que su traslado se ordenó de inmediato a un centro asistencial.
Pero las heridas fueron fatales. Núñez Cala falleció cuando era trasladado a un centro asistencial de Barrancabermeja. El homicidio marcó el inicio de una época nefasta para el puerto petrolero, pues con ella se consolidó el asesinato a mano armada como un mecanismo de presión política de los grupos ilegales hacia los estamentos estatales o de la administración pública, como ya lo venían haciendo los miembros de los carteles de Medellín y de Cali en distintas regiones del país.
Era tal el recrudecimiento del conflicto en esta zona del Magdalena Medio santandereano que para el día en que fue asesinado David Núñez Cala, hacia las horas de la mañana, colectivos de Derechos Humanos habían organizado en Barrancabermeja una marcha en contra de la creciente oleada de violencia que día tras día dejaba cuotas sangrientas en las calles de Barrancabermeja.
Reacciones en la opinión pública.
En respuesta a las peticiones ciudadanas, los miembros de la Segunda División del Ejército Nacional salieron a las calles para evitar levantamientos sociales y protestas, como consecuencia de la muerte de Núñez Cala, quien desde muy temprano se configuraba ya como virtual ganador en la que sería la inmediata contienda electoral para ocupar el cargo de alcalde de Barrancabermeja.
Sin embargo, las militarizaciones, los toques de queda, y todas aquellas medidas que imponían las autoridades para frenar el estupor social, fracasaron.
Las comunidades salieron a las calles a protestar. Lo propio hicieron los altos círculos de la Unión Sindical Obrera (USO), quienes poco después de conocida la noticia de la muerte de Núñez Cala declararon la hora cero para un paro indefinido.
Las autoridades hacían lo que podían. El Ejército Nacional, por ejemplo, inundó el casco urbano de Barrancabermeja con tanquetas, las cuales fueron ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad y en las instalaciones de la refinería.
Igualmente, la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja era permanentemente vigilada por unidades de la Quinta Brigada del Ejército, comandada para ese entonces por el general Carlos Julio Gil Colorado, quien se movilizó en helicóptero a la zona para dirigir personalmente las operaciones y garantizar el orden público en la zona.
Pese las intenciones del general Gil Colorado, en la ciudad ocurrió exactamente todo lo contrario, la violencia se desbordó. Núñez Cala no era el primer funcionario de la administración asesinado, pues un mes atrás otro importante funcionario había caído bajo las balas de sicarios en el puerto petrolero, sin que hasta hoy se conozca un responsable por ese hecho.
A ellos se sumaba el homicidio del Secretario General de la alcaldía, ingeniero Henry Domínguez García, quien fue asesinado con el mismo modus operandi: 9 milímetros, dos disparos y sicarios en moto.
Días más tarde, los medios de comunicación reportaron el asesinato del soldado Rubén Darío Ojeda Galindo, del comerciante Jorge Eliécer Rodelo Ramos y del vendedor ambulante Juan Pablo Arenas Mejía, eliminados en hechos aislados en diferentes sectores de Barrancabermeja.
Corría el año 1991. Barrancabermeja, cuando creía que atravesaba los peores días de su historia, se preparaba sin saberlo para una de las oleadas sangrientas que selló trágicamente y como nunca los venideros días del puerto petrolero sino del país.
David Núñez Cala era «mi protegido político», advierte José Aristides Andrade.
En Barrancabermeja todo el mundo lo supuso porque ese era el rumor que corría insistentemente: «A David Núñez Cala lo mató un contradictor político. Pero quien me conoció a mi desde aquella época sabe que me formé en un ambiente donde la política se hacía con mucha mística, seduciendo al elector con ideas y trabajo limpio, por eso nunca se me habría pasado por la cabeza contratar a un grupo de criminales para acabar con un contendor político», aseguró Aristides Andrade para echar por tierra el móvil del crimen, tesis que maneja la Fiscalía General de la Nación.
«He vivido una vida pública y privada honesta, sin manchas de ninguna índole y orientada siempre a la búsqueda del bienestar de mis conciudadanos, sin intereses diferentes al de servir a la comunidad y de manera especial a los necesitados», reiteró Aristides Andrade.
Y para explicar su relación política con David Núñez aseguró: «La verdad es que me juzgan por mi supuesta participación en el homicidio de un amigo y protegido político mío. Él, durante 4 años, fue Secretario de Circulación y Tránsito de Barrancabermeja, cargo al que llegó con mi respaldo político, eso lo sabía todo el mundo en Barrancabermeja».
«20 días antes de su muerte fue nombrado como secretario de obras públicas de Barrancabermeja también como respuesta a una sugerencia mía realizada al alcalde de la época, Jorge Gómez Villamizar, y esa postulación la realicé como reconocimiento a su labor profesional y lealtad política con el FILA (Frente de Izquierda Liberal Auténtico), ya que esta era la secretaría más importante del municipio», relata José Aristides Andrade con indignación.
Sabuesos con pasado sospechoso investigan a Aristides Andrade.
«Confío en que la honorable Corte Suprema de Justicia, con la majestad que encarna como tribunal supremo de la nación, a la luz de estas revelaciones, reconsidere la pertinencia de una investigación plagada de motivos de desconfianza, que no fue realizada como lo ordena la Corte Constitucional, para el caso de los congresistas, que además son juzgados en única instancia».
El ex congresista es claro al advertir que en su contra lo que hay es «un complot» en su contra.
Fiscales sancionados por desapariciones forzadas e investigadores vinculados a homicidios relacionados con el paramilitarismo, justo en la misma época del asesinato de David Núñez Cala, son elementos que permiten cuestionar la idoneidad de los supuestos investigadores.
Para el ex congresista José Aristides Andrade la mejor prueba de que en su contra existe un montaje está en el proceso judicial con el cual se pretende determinar su responsabilidad en los hechos.
Por eso, se dio a la tarea de rastrear el pasado de quien lo investiga, cosa que no le resultó difícil pues sus nombres aparecen, curiosamente, vinculados en distintos tiempos y por distintos hechos a crímenes relacionados con el paramilitarismo.
Empezando por el Fiscal, William Gildardo Pacheco Granados: Fue el encargado de adelantar la investigación en contra de mi persona. Sin embargo, no era la persona más idónea para tal fin.
«Mire este detalle de su pasado: el 6 de marzo de marzo de 1991, siendo teniente de la Policía Nacional, y ocupando el cargo de comandante del Primer Distrito de Policía de Armenia, participó en la desaparición forzada del joven Guillermo Hurtado Parra».
«Este delito ya fue considerado por autoridades judiciales como de lesa humanidad. Fue algo grave, tanto que la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, según la resolución # 015, emitida el 10 de julio de 1992 y ratificada en segunda instancia por la resolución 017, de noviembre 22 de 1993.
«Luego la Procuraduría compulsó copias para que la Justicia Penal Militar investigara el caso. De esa investigación no se tienen noticias.
«Sin embargo, dentro de la investigación de la Procuraduría se infiere como posible motivo de la desaparición forzada de que Guillermo Hurtado Parra había presenciado un crimen, cometido por la misma Policía, y como el señor Hurtado Parra sigue desaparecido, el delito es de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, el señor Fiscal William Gildardo Pacheco Granados continúa aún vinculado a esa investigación.
«Eso no lo es todo, sumado al oscuro pasado de este investigador se añade un reciente episodio que demuestra el sesgo y parcialidad que caracteriza su proceder como operador de justicia.
«Tiene que ver con una investigación que hacia mediados del año 2011 se abrió en contra de este investigador, representante de la Fiscalía 22 Antiterrorismo, por no investigarla fraudulenta entrega de tierras al jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien recibió, sin que este fiscal hiciera nada para investigar a quienes participaron en dicho trámite, 32 fincas ubicadas en Chivolo (Magdalena) … ¿Raro eso no?
El señor fiscal no es el único con un pasado lúgubre en la investigación que se me lleva a cabo.
«También está el señor Salazar Medina, ex oficial de la Armada Nacional, quien en la investigación estuvo también encargado de buscar en varias cárceles del país a paramilitares que apoyaran la versión en la que ‘El panadero’ asegura que fui yo quien mandó matar a David Núñez Cala.
«Como resultado de esta labor reúnen a 3 paramilitares, hoy desmovilizados y quienes se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, uno de ellos hoy con 21 años de edad, es decir que para el momento del homicidio de Núñez Cala tenía tan solo 9 años de edad, es decir, «un paramilitar de 9 años». Imagínese esos testigos, todos con testimonios contradictorios y que no dan precisión de tiempo y lugar de los hechos que relatan.
«Pero este no es el único pecado. Vea le cuento: el señor Jairo Salazar Medina a comienzos de 1991 fue investigado y más tarde destituido de la milicia debido a que participó en un hecho de corrupción administrativa».
«Junto a él también fueron reprimidos disciplinariamente Juan Carlos Ochoa Marulanda y el sub oficial Ricardo López Castaño, sancionados, como ya le dije, por una malversación de fondos del Fondo Rotatorio de la Armada Nacional.
«Pero ahí no paran las cosas sospechosas. Mire usted, todos recordamos ingratamente en Barrancabermeja el 15 de enero de 1988, cuando fue asesinado el dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO), Manuel Gustavo Chacón Sarmiento, crimen probablemente cometido por el sub oficial de la Armada Pablo Francisco Pérez Cabrera, utilizando para el hecho y posterior fuga una camioneta de la Armada Nacional.
«¿Usted sabe quién era el jefe del señor Pérez Cabrera? Pues el mismo Jairo Salazar Medina, quien participa en el complot en mi contra.
Dice el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, publicado en enero 15 de 2008 con motivo del aniversario número 20 del crimen de Manuel Gustavo Chacón, en uno de sus apartes:
«Dentro de la investigación se recibieron numerosos testimonios que daban cuenta de la participación por acción y omisión de unidades militares y de policía pero solo se vinculó a uno de los autores materiales, el conductor de la camioneta azul, sub oficial Pablo Francisco Pérez Cabrera. Otros responsables a partir de pruebas obtenidas por la parte civil, no fueron tenidos en cuenta».
«Entre ellos el teniente coronel Eduardo Santos Quiñónez, comandante del Batallón Nueva Granada; capitán José Gustavo Casariego Rojas, comandante de la Flotilla Fluvial del Magdalena Medio de la Armada Nacional; el teniente Jairo Salazar Medina y el suboficial Pedro Palma, ambos miembros de la S3, como se denominaba esta flotilla de la Armada Nacional».
«Como podrá darse cuenta usted, señor periodista, los impulsores de la supuesta investigación, tanto testigos como investigadores, todos, absolutamente todos, estaban delinquiendo en el año 1991, año en que ocurre el delito que pretenden achacarme con infamia.
«De acuerdo con lo que he podido establecer, como ya le había dicho, los paramilitares pagaron $ 700 millones de pesos por el montaje, el cual fue orquestado en la Carcel de Itaguí.
«Confío en que la honorable Corte Suprema de Justicia, con la majestad que encarna como tribunal supremo de la nación, a la luz de estas revelaciones, hasta ahora desconocidas creo que hasta para los mismos magistrados y las cuales doy a conocer hoy, reconsidere la pertinencia de una investigación plagada de motivos de desconfianza, que no fue realizada como lo ordena la Corte Constitucional, para el caso de los congresistas, que además son juzgados en única instancia.
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Tomado del periódico El Frente de Bucaramanga 011813
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