Cada cuatro años, sin falta, el viejo cuentico electoral de siempre comienza a rodar, el mismo libreto gastado que ya no engaña sino a quien quiere dejarse engañar.
El balance posterior a la captura-secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos deja más sinsabores que certezas.
El lamentable papelón que viene haciendo la anacrónica oposición colombiana frente al gobierno de Gustavo Petro no es un hecho aislado ni un exabrupto momentáneo.
La alcaldía de Carlos Fernando Galán intenta engañar a la ciudadanía al presentar el aumento del salario mínimo como una causa inevitable del incremento en la tarifa de TransMilenio.
Cuando su electorado estaba esperando un pronunciamiento serio y responsable de parte de la oposición en Colombia —uno que explicara cómo ayudar a los microempresarios, qué palancas institucionales existen y cómo combinarlas para que no solo sobrevivan al aumento del salario mínimo sino que salgan fortalecidos— lo que recibió fue exactamente lo contrario.
La decisión del Gobierno nacional y de la bancada progresista en el Congreso de avanzar hacia un salario mínimo vital para el pueblo colombiano constituye un hito histórico en la lucha por la justicia social.
El bloqueo sistemático de las reformas sociales no es un accidente ni un simple desacuerdo técnico: es el síntoma más evidente de un Congreso podrido y profundamente desconectado de la realidad del país.
La imagen que circula en la red social X, replicada de manera insistente por cuentas que se autodenominan “voluntarias”, pretende vender a Sergio Fajardo como un dique moral frente al gobierno de Gustavo Petro.
Hay que decirlo sin rodeos: esta política, clásica dentro de la mentalidad de los banqueros que dirigen Colfuturo, es miserable.
Decretar una emergencia económica puede parecer contradictorio cuando se afirma que la economía del país “va bien”.
