Emilio Tapia Aldana, un nombre que se ha vuelto sinónimo de corrupción en Colombia, vuelve a estar en el centro de la polémica. Pese a haber confesado delitos en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el escándalo de Centros Poblados —donde desaparecieron $70.000 millones destinados a llevar internet a los niños más pobres—, el contratista condenado y hoy con libertad condicional es señalado de maniobrar en un nuevo negocio multimillonario.