La decisión del Gobierno nacional y de la bancada progresista en el Congreso de avanzar hacia un salario mínimo vital para el pueblo colombiano constituye un hito histórico en la lucha por la justicia social.
El bloqueo sistemático de las reformas sociales no es un accidente ni un simple desacuerdo técnico: es el síntoma más evidente de un Congreso podrido y profundamente desconectado de la realidad del país.
La imagen que circula en la red social X, replicada de manera insistente por cuentas que se autodenominan “voluntarias”, pretende vender a Sergio Fajardo como un dique moral frente al gobierno de Gustavo Petro.
Hay que decirlo sin rodeos: esta política, clásica dentro de la mentalidad de los banqueros que dirigen Colfuturo, es miserable.
Desde distintos sectores de la sociedad civil y de la clase política comienza a consolidarse una idea que gana cada vez más fuerza: Carolina Corcho emerge como la gran figura política del 2025.
La llamada “Gran Consulta” ha despertado más suspicacias que entusiasmos entre analistas independientes y sectores de la ciudadanía.
Durante años, el senador liberal Jaime Durán Barrera ha repetido, casi como un mantra, que su trabajo se mide “con hechos, no con palabras”. La frase, en abstracto, suena atractiva y hasta responsable. Sin embargo, cuando se examina quién la pronuncia y el contexto en el que se utiliza, el eslogan adquiere un tono cínico.
Como era de esperar, a la luz de lo sucedido en las últimas elecciones en Colombia, el ELN vuelve a irrumpir en el escenario político no como una fuerza insurgente con vocación transformadora, sino como un actor funcional a los intereses de la extrema derecha.
En una publicación del periodista Félix de Bedout en su cuenta de Twitter, según las cuales María Corina Machado habría salido clandestinamente de Venezuela para viajar posteriormente a Oslo a recibir un “Premio Nobel de la Paz”, han generado una intensa polémica tanto por el contenido del relato como por las implicaciones políticas y jurídicas que sugiere.
El 14 de enero de 2021, en el marco del debate de control político que realizó el Concejo de Bogotá para evidenciar el deficiente manejo de la emergencia sanitaria por parte de la Alcaldía de Claudia López, radicaron ante la Contraloría de Bogotá una solicitud formal para investigar el centro hospitalario transitorio instalado en Corferias.
