Durante años, Fenalco ha dicho ser la voz del comercio colombiano, pero sus actuaciones más recientes demuestran una desconexión profunda con las necesidades reales de quienes trabajan día a día en una tienda de barrio, en un mercado local o en un pequeño negocio familiar.
El Proyecto de Ordenanza 019 de 2025 ha encendido una nueva polémica en el departamento de Santander. La propuesta pretende gravar la suscripción al servicio de energía eléctrica para financiar el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ludwing Francisco Gómez Almeida ha asumido recientemente el cargo de Director Nacional de Regalías, marcando un hito en su carrera profesional y en el ámbito político y administrativo de Colombia.
El intercambio de palabras entre el ministro de Energía, Edwin Palma, y el alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, refleja la creciente polarización política y las tensiones entre el gobierno nacional y los actores regionales, especialmente en el ámbito de los servicios públicos.
La trayectoria del periodista Daniel Coronell, otrora símbolo de rigor y ética en el periodismo colombiano, parece haber entrado en una preocupante decadencia.
Según el activista de redes sociales Gustavo Gonzalez, el sistema de salud colombiano, en su forma actual, no solo presenta deficiencias estructurales, sino que encarna una mecánica perversa que recuerda a un esquema Ponzi, donde los recursos de los nuevos cotizantes se utilizan para cubrir las obligaciones pasadas, en un ciclo que se vuelve insostenible.
El nombramiento de Gloria Milena Durán Villar como directora encargada de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ha generado controversia debido a una recusación pendiente en su contra.
Un fuerte rechazo ha generado en el sector empresarial de Barrancabermeja el Proyecto de Ordenanza N° 019 de 2025, presentado por la Gobernación de Santander, que propone la implementación de la «Tasa Especial para el Fortalecimiento de la Seguridad».
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Barrancabermeja, una obra que prometía ser una solución ambiental y de infraestructura clave para la región, se ha convertido en un dolor de cabeza financiero y en un escándalo de proporciones mayúsculas.
En Santander, la indignación crece entre los ciudadanos debido a la implementación de un nuevo tributo denominado «impuesto a la seguridad«.
