En las últimas horas, han arreciado las críticas contra el veedor ciudadano y ex candidato a la Alcaldía de Barrancabermeja, el abogado Leonardo Granados, debido a su aparente falta de coherencia en su discurso anticorrupción.
El contrato para pavimentar el corredor entre Jesús María y Florián en la provincia de Vélez fue adjudicado a una unión temporal de empresas liderada por Jorge Argüello, alias «El Bachiller«, durante el gobierno de Mauricio Aguilar.
Los veedores ciudadanos del departamento de Santander han alzado su voz para advertir sobre la inminente caída del llamado “Impuesto de Juvenal”, una controvertida ordenanza que, según diversos sectores de la sociedad civil, vulnera lo estipulado en el marco legal colombiano, en particular la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios en el país.
El reciente anuncio sobre la aprobación del impuesto a través del recibo de luz, impulsado por el gobernador Juvenal Díaz, ha generado un fuerte rechazo entre la ciudadanía de Santander.
En Barrancabermeja, un concierto góspel que se presentaba como un gran espectáculo para la comunidad, ha dado lugar a una serie de denuncias sobre sobrecostos y contratos cuestionables.
La reciente controversia desatada por la carta del exministro Álvaro Leyva contra el presidente Gustavo Petro ha sacudido el panorama político colombiano, generando un intenso debate sobre los límites del discurso público y el papel de los medios de comunicación.
El presidente del senado Efrain Cepeda – totalmente desatinado – hoy pide que «se debata en el congreso la reforma laboral«, cuando hace apenas 20 días celebraba que 8 senadores hundieran la reforma laboral sin ningún tipo de discusiones pese a que la Cámara de Representantes la había aprobado en plenaria.
En los pasillos del poder, donde el dinero y las decisiones fluyen a un ritmo diferente, hay una historia que ha permanecido oculta a plena vista: dos billones de pesos congelados en un fideicomiso por más de diez años, mientras un puñado de empresarios se enriquecen y el Estado se muestra incapaz de resolver el dilema.
En medio de la creciente crisis que atraviesa Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán se ha visto envuelto en un torrente de críticas tras sus declaraciones sobre la intervención del presidente Gustavo Petro en televisión nacional, donde el mandatario habló sobre la fiebre amarilla.
Durante las últimas ediciones del aniversario de la ciudad – hoy llamadas Fiestas del Sol –, han surgido denuncias ciudadanas que apuntan hacia una serie de irregularidades y decisiones controversiales, especialmente relacionadas con la inclusión excesiva de obras de teatro en la programación.
