3 ex funcionarios de EDASABA fueron condenados por irregularidades en contrato con ‘Microchips’.
(Se desconoce decisión judicial en contra de Enrique Hernández, el gerente de EDASABA en esa época.)
(Los hechos se presentaron por cuenta de la ‘tercerización’ que EDASABA delegó en Microchips para facturar el servicio de agua hace 10 años).
3 ex funcionarios de la antigua empresa, EDASABA, fueron condenados por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Barrancabermeja por una serie de irregularidades de tipo administrativo cometidas en la firma de un contrato con ‘Microchips’, hace 10 años, que le permitía a esa empresa facturar el servicio de agua a mas de 50.000 usuarios en la ciudad sin el lleno de los requisitos legales. Según las autoridades los ex funcionarios condenados fueron: Arturo Cabrera, Reynaldo Gómez y Sandra Santos Pacheco.
La Contraloría General de la República imputará cargos esta semana contra altos funcionarios de Ecopetrol, por su responsabilidad en las fallas de los ductos en Dosquebradas (Risaralda) y un derrame de petróleo en el rio Pamplonita en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), fallas que provocaron la muerte de 32 personas en Dosquebradas y un gravísimo daño ambiental en la capital norte santandereana. No se sabe aún si dentro del grupo de altos funcionarios aparece el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, pero lo que si está claro es que ahora las sanciones por responsabilidad fiscal las paga el funcionario de su bolsillo y no el Estado como se procedía con anterioridad.
Como un servicio informativo especial a sus lectores, Barrancabermeja Virtual presenta el texto original de la sentencia emanada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de los ex congresistas santandereanos, Nelson Naranjo Cabarique y Rafael Castillo Sánchez, ambos, capturados en febrero pasado y quienes se habían acogido a sentencia anticipada, aceptando haber efectuado un pacto con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas y que involucró también a algunos miembros de la clase política de Barrancabermeja y Yondó (Antioquia). 
El pasado lunes 25 de junio, la ex representante Yidis Medina acusó al ex presidente Álvaro Uribe Vélez y el ex congresista Luis Alberto Gil Castillo del Partido de Integración Nacional, PIN, de organizar un «complot para enlodar su nombre» como una represalia por confesar las prebendas para la reelección de Uribe Vélez en el sonado caso de la ‘Yidispolítica’. El señalamiento lo hizo la ex parlamentaria barranqueña en la audiencia de juicio que se le lleva a cabo por cuenta del secuestro extorsivo en contra del ex secretario de Hacienda de Barrancabermeja, Ricardo Sequea Cristancho, hechos que, supuestamente, ocurrieron en diciembre del año 2000.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 3 años y 1 mes de cárcel a los ex representantes a la Cámara por Santander, Nelson Naranjo Cabarique y Rafael Castillo Sánchez.
El abogado barranqueño, Alfredo Castaño Martínez, especializado en Derecho Público y Administrativo, radicó ante el Consejo de Estado una demanda contra el acto administrativo con el cual se ordenó al Congreso a sesiones extraordinarias para revisar las objeciones presidenciales dirigidas en contra de la reforma a la justicia. En diálogo con periodistas de la capital del país el abogado Castaño manifestó que la acción jurídica titulada «Acción Pública de Nulidad por Inconstitucional del Decreto 1351», fue radicada ante el alto tribunal porque se está tratando de resolver «un acto inconstitucional con otro acto inconstitucional». 
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de 3 concejales del Municipio de Barrancabermeja por presuntas irregularidades al ordenar el reconocimiento de viáticos a contratistas por prestación de servicios, aparentemente sin tener el derecho a percibir dichos beneficios laborales. Los procesados son los concejales, Luz Ena Cortés Angarita, Erwin Jiménez Becerra y Luis Eduardo Villaquirán Eugenio, quienes formaban parte de la mesa directiva del Concejo Municipal en el año 2008 cuando, supuestamente, incurrieron en la falta disciplinaria.
Las autoridades de Policía en el puerto petrolero, bajo la dirección del coronel, José Rafael Silva Medina, ofrecieron la suma de $ 10 millones de pesos para quien pueda suministrar información importante que pueda dar con los responsables del crimen de la ingeniera, Claudia López, ocurrido el pasado lunes festivo en Barrancabermeja y que ha generado la indignación de la comunidad que día a día observa, impotente, como se incrementa la delincuencia en la ciudad. Cualquier información puede ser suministrada a la línea nacional 1-2-3 de la Policía Nacional o visitando directamente la sede de la institución policial sobre la avenida Circunvalar.
Los ex congresistas santandereanos, Nelson Naranjo Cabarique y Rafael Castillo Sánchez, capturados el pasado mes de febrero por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aceptaron haber integrado pactos con los paramilitares como el de San Rafael de Lebrija, en el que el Bloque Central Bolívar se comprometía a apoyar las aspiraciones electorales de varios candidatos en las votaciones del 2002. Tras el acogimiento a sentencia anticipada por parte de los procesados, la Sala emitirá condena teniendo en cuenta una rebaja de hasta del 50% por el hecho de que los ex congresistas aceptaron su responsabilidad en el cargo de ‘concierto para delinquir agravado’.
La Audiencia Nacional de España, (órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en todo el territorio de ese país), condenó a 8 años de prisión a Germán Gonzalo Sánchez Rey, conocido con el alias de «Coleta», oriundo de la ciudad de Barrancabermeja (Colombia), considerado por las autoridades de policía de ese país «como uno de los más reconocidos intermediarios entre los principales carteles de la cocaina y sus clientes en la Comunidad Autónoma Española de Galicia (situada en el nor oeste de la península ibérica). Según la policía de España, Germán Sánchez había logrado, inicialmente, eludir la acción de las autoridades huyendo a Colombia, pero fue extraditado a España gracias a un requerimiento de la DEA norteamericana que colaboró en su captura.
