Apoyándose en las personas que fueron testigos de los hechos, el gerente de la EDUBA (Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social), Diego Acosta Osorio, anunció «acciones legales en contra del señor Jairo Bonza, involucrado en un hecho de intolerancia que se registró en un club social de Barrancabermeja en la madrugada del domingo pasado».
El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández —de quien se tiene la percepción que es un funcionario ‘honesto’— ha sido denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, por un acto de corrupción administrativa que también involucra a su hijo, tras la firma de un ‘pre acuerdo’ suscrito ante un notario para el pago de una ‘comisión por corretaje’ en la gestión por la compra de maquinarias, una vez se adjudicara el contrato de construcción de una planta de transformación de residuos sólido en el relleno sanitario El Carrasco ubicado en la capital de Santander.
En las horas de la mañana del pasado domingo 10 de diciembre, en el Parque de los Periodistas en el sector del barrio La Floresta de Barrancabermeja, un patrullero de la Policía Nacional perteneciente al Comando Operativo del Magdalena Medio, identificado como el agente, Jhon Jairo Rodríguez golpeó —de manera brutal y salvaje— a su ex compañera sentimental de nombre Darly Patricia Martínez.
Por presuntas irregularidades en la aplicación del sistema de carrera administrativa, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Elkin David Bueno Altahona, y Juan Carlos Espinosa Vargas, alcalde y secretario general de la Alcaldía de Barrancabermeja, Santander, para la vigencia 2012-2015, respectivamente.
Las fiestas decembrinas —que deberían ser una época para el reencuentro y la reconciliación— comenzaron mal en varios hogares barranqueños, en donde la intolerancia se sumó a las estadísticas de violencia de género en las que resultaron afectadas dos mujeres.
La Fiscalía General de la Nación no ha ordenado interceptar las comunicaciones del alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, por presuntos delitos electorales cometidos durante el período en que se llevó a cabo el proceso de consulta relacionado con la ‘revocatoria’ de su mandato durante el año 2017 en esta ciudad. Así las cosas —y luego de una minuciosa revisión en los archivos del ente acusador— expertos en materia penal aseguraron a BARRANCABERMEJA VIRTUAL que las «interceptaciones que se le hicieron al teléfono del alcalde no fueron legales».
La Fiscalía General de la Nación en Barrancabermeja, en un hecho inusitado —pero que un gran sector de la sociedad aplaude y apoya plenamente— decidió ponerle fin a una serie de ‘injurias y calumnias’ que circulan por las redes sociales, que no pueden ser demostradas por quienes las emiten, pero que, de paso, atentan contra la honra, el prestigio y el buen nombre de muchos ciudadanos en el puerto petrolero.
En los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres, la Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), contratado a través de la Gobernación de Santander durante la vigencia del año 2015, administración del ex gobernador, Richard Aguilar Villa.
Por varios delitos fueron cobijados por una medida de aseguramiento ‘intra muros’ un contratista y un directivo de Ecopetrol —que labora en Barrancabermeja— quienes presumiblemente se apropiaron de $ 3.000 millones de pesos, informó la Fiscalía General de la Nación.
Como un servicio especial de información para nuestros lectores BARRANCABERMEJA VIRTUAL presenta los 19 casos graves de corrupción en Santander.
