En Colombia, la llamada separación de poderes es más una ficción constitucional que una realidad efectiva. En la práctica, existe un solo poder dominante: el económico, aliado históricamente con la vieja política tradicional y corrupta.
Este bloque de intereses ha capturado instituciones clave del Estado y actúa de manera coordinada para frenar cualquier intento de transformación social que amenace sus privilegios.
La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 significó una ruptura parcial de ese orden, pero solo en el Ejecutivo; el resto del aparato estatal continúa operando para contener y sabotear el proyecto de cambio.
El Consejo Nacional Electoral es un ejemplo claro de esta ofensiva.
En lugar de garantizar reglas democráticas equitativas, ha emprendido una cruzada política contra el Pacto Histórico y la izquierda, utilizando el derecho administrativo como arma de persecución.
Estas acciones no solo debilitan la democracia, sino que buscan disciplinar a quienes representan una alternativa real al poder tradicional.
El Banco de la República
El Banco de la República, por su parte, ha mantenido una política monetaria restrictiva con aumentos exagerados de las tasas de interés, incluso cuando la inflación muestra señales de descenso y la economía evidencia capacidad de crecimiento.
Esta postura no es neutra: encarece el crédito, enfría la actividad productiva y limita el alcance de las políticas sociales y progresistas del gobierno. Bajo el discurso tecnocrático, se esconde una decisión política orientada a frenar el crecimiento con redistribución.
La Corte Constitucional tampoco ha sido ajena a este bloqueo.
Al tumbar decretos de emergencia económica y recortar el alcance de reformas tributarias impulsadas por el gobierno, ha favorecido a las élites empresariales y a los privilegios rentistas del modelo neoliberal.
El resultado es la perpetuación de un sistema que mantiene a Colombia entre los países más desiguales del planeta, blindando intereses privados por encima del bienestar colectivo.
El Congreso, quizás el poder más cuestionado
El Congreso ha demostrado ser uno de los principales obstáculos al cambio. Capturado por prácticas clientelistas y corrupción estructural, ha saboteado y hundido reformas sociales fundamentales en salud, trabajo, pensiones y educación.
Su objetivo es claro: impedir que el gobierno progresista consolide logros que transformen la vida de las mayorías.
El final moribundo de los grandes medios se explica, entre otras muchas razones, en el hecho de que ya no cubren las grandes noticias.
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) February 2, 2026
En Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Epstein, el asqueroso violador de niñas, solamente lo cubren las redes sociales con la dedicación,…
A este cerco institucional se suma la decadencia del llamado cuarto poder.
Como bien ha diagnosticado el periodista Gonzalo Guillén, los grandes medios atraviesan una etapa moribunda porque abandonaron su misión esencial: informar sobre lo que realmente importa.
En un mundo saturado de ruido, se limitaron a reproducir titulares virales, escándalos y superficialidades. Dejaron de investigar, de cuestionar al poder y de narrar las grandes historias que sostienen la democracia y la memoria colectiva. Así, perdieron autoridad y relevancia.
Frente a este panorama, las próximas elecciones de Congreso son decisivas.
Es urgente derrotar a las maquinarias de la derecha neoliberal rentista que tanto daño han causado. No se puede votar, bajo ninguna circunstancia, por la clase política tradicional que se ha opuesto desde todos los poderes del Estado a las reformas sociales.
Allí está la clave de la transformación progresista que Colombia necesita: recuperar el poder legislativo para que el cambio no sea una excepción, sino una política de Estado.
