La llamada “Gran Consulta” ha despertado más suspicacias que entusiasmos entre analistas independientes y sectores de la ciudadanía.
Para muchos, lejos de representar una renovación política, parece la confirmación de una alianza que hasta hace poco resultaba impensable: una convergencia entre antiguos uribistas y santistas que hoy, bajo un nuevo ropaje discursivo, intentan presentarse como alternativa.
De ahí que la pregunta sea inevitable:
¿Estamos ante una gran consulta democrática o frente a una gran estafa política?
El anuncio de media docena de precandidatos que deciden fusionarse evidencia, ante todo, el afán de conservar privilegios y no perder los beneficios del status quo que históricamente han representado.
Aunque se apresuran a aclarar que son independientes que no están ni Uribe ni Santos —al menos no de manera explícita—, lo cierto es que el llamado “uribe-santismo” sigue presente, no en los nombres, sino en las prácticas, los vicios y la politiquería que marcaron sus gobiernos.
Cargan a cuestas fracasos, escándalos y una profunda desconexión con las necesidades reales de la mayoría del país.
Un elemento adicional que debería encender las alarmas electorales es el uso reiterado y oportunista del mecanismo de recolección de firmas.
Este recurso, desgastado y cuestionado, les permite eludir la obligación de presentar informes claros sobre gastos y financiadores.
Aun así, todos han reiniciado costosas campañas publicitarias, han recorrido el país en múltiples ocasiones y han inundado el territorio con vallas millonarias.
En más de una oportunidad, incluso, han admitido —con una mezcla de cinismo y burla— que comparten firmas entre ellos, como si un mismo ciudadano pudiera respaldar sin contradicción a varios proyectos idénticos.
A eso lo llaman “unidad y solidaridad”, pero para muchos electores no es más que una muestra de desprecio por la transparencia democrática.
Estos personajes encarnan lo más anacrónico de la política tradicional colombiana.
Durante los últimos 25 años han participado, votado o respaldado los gobiernos de Uribe, Santos y Duque.
Desde el Legislativo, el Ejecutivo o los grandes medios de comunicación, han sido corresponsables del desangre social, la corrupción estructural y la profundización de la desigualdad que hoy ubica a Colombia entre los países más desiguales del planeta.
¿A quienes sirven?
Ahora proclaman que “La Gran Consulta” recorrerá las regiones más golpeadas del país y aseguran estar cumpliendo. Lo que no dicen es que también cumplen con sus patrocinadores, promoviendo el saboteo sistemático a las reformas sociales impulsadas por el progresismo.
Afirman actuar “en equipo, con hechos y no con discurso”, pero la ciudadanía bien podría responderles que sí: en equipo, con hechos y con un discurso social claro, no les otorgará ni un solo voto. Porque Colombia no necesita más reciclaje del poder, sino una transformación real y honesta.
