En los últimos meses, ha sido evidente una ofensiva mediática orquestada desde algunos sectores del periodismo colombiano que parecieran tener una consigna clara: deslegitimar a cualquier actor político que represente un verdadero cambio frente a las estructuras tradicionales de poder.
Uno de los ejemplos más recientes de este fenómeno es la campaña de desprestigio encabezada por Daniel Coronell y la Revista Cambio contra el congresista David Racero, figura clave del Pacto Histórico.
La más reciente “denuncia” que intenta vincular a Racero con prácticas irregulares se basa en un audio interceptado en el que el congresista explica la estrategia de transición en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
En dicha grabación, Racero expone su postura sobre cómo reemplazar gradualmente a funcionarios uribistas que, según él, han obstaculizado la implementación de las políticas del gobierno actual, para dar paso a servidores públicos que estén alineados con las propuestas del Ejecutivo.
Lo que Racero plantea no es nuevo ni escandaloso.
Se trata, de hecho, de una práctica común en los cambios de administración: ajustar los equipos de trabajo para que haya coherencia entre los ejecutores de las políticas y la agenda de gobierno elegida democráticamente por el pueblo.
En su mensaje, incluso aclara que, cuando se trata de funcionarios de carrera administrativa, sugiere que el relevo se haga con personas que ya estén en la entidad, pero que tengan afinidad ideológica con el proyecto gubernamental. Nada más lógico y, sobre todo, legítimo.
Sin embargo, Daniel Coronell y su medio han pretendido elevar este asunto a categoría de escándalo nacional.
Con una narrativa alarmista, se omite mencionar que muchos de estos cargos son de libre nombramiento y remoción. Peor aún, se ignora deliberadamente que la misma Corte Suprema de Justicia, ante la denuncia, ha pedido más material probatorio, al considerar que lo presentado no es suficiente ni contundente para condenar judicialmente a Racero.
No es la primera vez que Coronell actúa de esta manera. Ya ha sido señalado por acudir a escándalos prefabricados para atacar de forma sistemática a los actores más visibles del gobierno de Gustavo Petro.
Lo curioso es que estas denuncias siempre aparecen en momentos en los que se dan avances importantes en las reformas sociales del gobierno, como si respondieran a una estrategia para desviar la atención o sembrar dudas en la opinión pública.
David Racero no es un congresista más.
Es uno de los principales voceros del gobierno del cambio y ha sido una de las voces más firmes en la defensa de causas populares como la recuperación de derechos laborales que fueron recortados durante el auge del modelo neoliberal impulsado por el uribismo, la reforma pensional para garantizar una vejez digna, la reforma agraria y la lucha contra la corrupción de las EPS.
Justamente estas banderas son las que parecen incomodar a sectores poderosos acostumbrados a beneficiarse de un Estado capturado por intereses privados.
El periodismo tiene una función esencial en democracia: informar con rigor, denunciar con pruebas y actuar con responsabilidad. Pero cuando ese periodismo se convierte en un instrumento de persecución política, pierde su esencia y se convierte en un actor más del conflicto de poder.
Coronell y Cambio tienen derecho a opinar y criticar, pero no a tergiversar, exagerar o manipular los hechos para crear cortinas de humo que solo favorecen a quienes quieren que nada cambie.
El intento por igualar a Racero con los políticos corruptos del pasado no solo es injusto, sino deshonesto.
Hay una diferencia abismal entre buscar coherencia política en la administración pública y usar el poder para robar, perpetuarse o enriquecer a unos pocos. Esa diferencia es la que intentan borrar, sin éxito, quienes le temen al verdadero cambio.
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