Colombia se abstuvo de votar el libre acceso a la vacuna contra el coronavirus. Estas son las posibles causas de la decisión.
Derecho de propiedad intelectual
El 20 de noviembre, Colombia se abstuvo de votar la solicitud de crear exenciones a los derechos de propiedad intelectual. Esto incluye las patentes de las vacunas contra el coronavirus.
Esta solicitud fue presentada por India y Sudáfrica ante el Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La decisión del gobierno colombiano dio pie a múltiples críticas, pues Colombia es un país con limitaciones económicas en su sistema de salud. Por esta razón la iniciativa propuesta por India y Sudáfrica le convendría, porque permitiría garantizar una vacunación universal y efectiva a la población.
Además, es incomprensible que el gobierno siga votando en contra de los intereses colectivos de Colombia, como en el caso de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Si se aprueba esta propuesta, los países que no pueden acceder a la vacuna por su costo o disponibilidad podrían producir o comprar a terceros países una versión genérica de la misma sin recibir demandas por parte de las empresas farmacéuticas o por otros países miembros de la OMC en el marco del régimen de propiedad intelectual de esta organización.
Es incomprensible que el gobierno siga votando en contra de los intereses colectivos de Colombia
La propuesta contó con el apoyo de representantes de varios países en vía de desarrollo, múltiples organizaciones no gubernamentales, medios, y la OMS. Actualmente, hay dos obstáculos para el acceso pronto, efectivo y universal a la vacuna contra el coronavirus: disponibilidad equitativa y precio. La propuesta contribuiría a resolver ambos y por eso el apoyo masivo es comprensible.
Antecedentes de la iniciativa
Esta propuesta no es nueva, hace parte de la agenda de flexibilización de los derechos de propiedad intelectual que desde hace varias décadas ha avanzado en los países africanos en respuesta a la crisis humanitaria del VIH. El VIH cobró la muerte de millones de personas en África porque no podían acceder a los medicamentos por sus altos costos.
Esto llevó a que en el 2001, la Conferencia Ministerial de la OMC (Organización Mundial del Comercio) emitiera la Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública, en donde reconoce los límites de los mecanismos de flexibilidad de los derechos de propiedad intelectual contenidos en el acuerdo, como las licencias obligatorias que permiten que en casos urgentes los gobiernos autoricen la fabricación de un producto sin autorización del titular de la patente; y la necesidad de tomar medidas adicionales para garantizar que el ADPIC no sea un obstáculo para proteger la salud de las personas.
En respuesta al mandato de la Declaración de Doha el Consejo del Acuerdo ADPIC acordó crear una exención a las limitaciones a la exportación de productos farmacéuticos producidos bajo licencias obligatorias contenidas en el artículo 31.f. del Acuerdo. Esto con el fin de facilitar que los países que no tienen la tecnología e infraestructura adecuada para producirlos puedan importarlos a precios más bajos.
Hoy, esta exención hace parte de una enmienda al Acuerdo ADPIC que entró en vigor en enero de 2017.
Esto demuestra que hay antecedentes a la propuesta que se está discutiendo actualmente, y que es posible llegar a acuerdos globales para reducir las barreras de acceso a los medicamentos.
Desafortunadamente, la comunidad internacional no ha dado la talla para encontrar soluciones globales a la pandemia. Aunque existen algunos avances importantes impulsados por la OMS, no son suficientes los esfuerzos para vencer los obstáculos para el acceso equitativo y justo a la vacuna.
Las grandes farmacéuticas se han opuesto al Fondo de Acceso a la Tecnología (C-TAP), que pretende compartir de forma libre el conocimiento científico. De igual forma, el programa COVAX espera poder repartir dos mil millones de dosis de la vacuna para finales del 2021. Esta cifra apenas equivale al 25,6% de la población mundial para el 2020. La falta de cobertura se debe a las limitaciones de tipo económico y de falta de interés por las farmacéuticas.
Además, la vacuna de Pfizer- BioNtech, que demostró 90% de efectividad y parece ser la más avanzada, no hace parte del COVAX y la mayoría de sus suministros para el 2021 ya han sido vendidos a países con altos ingresos.
¿Qué ha hecho el gobierno colombiano?
El Gobierno no ha tenido una postura clara frente a la estrategia que va a seguir para poder garantizar el acceso a la vacuna. La única información que se conoce hasta el momento son las entrevistas que ha dado el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a diferentes medios de comunicación.
El ministro asegura que Colombia cuenta con los recursos para vacunar entre 15 y 20 millones de personas. La diferencia entre ambas cifras es de por sí preocupante. Ha afirmado que 10 millones de dosis provienen del acuerdo formal que el Gobierno firmó con COVAX.
Este suministro es incierto si se tiene en cuenta que la vacuna de Pfizer- BioNtech no es parte del COVAX ni tampoco la vacuna desarrollada por Moderna que es efectiva en un 94,5%.
El único desarrollador importante de vacunas que hace parte de COVAX es la alianza de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Sin embargo, la semana pasada se puso en duda el porcentaje de efectividad de la vacuna desarrollada por esta alianza (apenas 70%).
Algunos problemas de este estudio fueron que el grupo de prueba fue homogéneo, muy pequeño y no se probó en adultos mayores de 50 años que son la población en mayor riesgo. Además, no es claro de dónde vendrán las otras 5 o 10 millones de vacunas. El Gobierno ha manejado los acuerdos con las farmacéuticas confidencialmente, lo cual ha sido criticada por el sector médico.
Las grandes farmacéuticas se han opuesto al Fondo de Acceso a la Tecnología (C-TAP), que pretende compartir de forma libre el conocimiento científico
A la ciudadanía le inquieta la falta de transparencia porque puede ocultar un intento de corrupción.
Se suma que la semana pasada salió a la luz un proyecto de ley que intenta reducir la responsabilidad de las farmacéuticas por los efectos adversos que pueda causar la vacuna contra el coronavirus.
El ministro de Salud confirmó que es la condición para que Colombia pueda adquirir este producto. Esto confirma la poca capacidad de negociación que tiene Colombia frente a las farmacéuticas. Por lo tanto, es necesario negociar en bloque internacionalmente.
Además, la condición de las farmacéuticas demuestra que quieren quedarse con las ganancias económicas de la crisis, sin hacerse cargo de las consecuencias y sin permitir que se llegue a acuerdos para la producción de vacunas cuando su suministro no sea suficiente.
Lo que se puede hacer
La votación del 20 de noviembre se dio en una reunión informal del Consejo del Acuerdo ADPIC y la discusión seguirá el 10 de diciembre de este año, en la que es posible que se tome una decisión al respecto.
Es por eso por lo que Colombia aún está a tiempo de rectificar su posición y apoyar la propuesta presentada por India y Sudáfrica. Si bien es poco probable que sea aprobada porque en la OMC las decisiones se deben tomar por consenso y hay una oposición de Estados Unidos y la Unión Europea, Colombia debe tomar acciones concretas que le den confianza a los ciudadanos de que el manejo de la crisis sanitaria garantizará los derechos humanos de la población y no solo los beneficios económicos de las farmacéuticas.
También es importante que el ministro de Comercio y el ministro de Salud dejen el hermetismo injustificado y hablen aclarando las actuaciones que han rodeado este tema.
Mediante una coalición global de solidaridad se podrá dar una solución justa y equitativa a esta pandemia, y para eso es decisivo que los países que actualmente no tienen acceso garantizado a la vacuna alcen su voz para exigir que se garanticen los derechos humanos de la población.
Además, el error diplomático de no apoyar la propuesta de India y Sudáfrica ante la OMC se suma a una serie de críticas que viene recibiendo Colombia por su falta de profesionalismo en la política exterior.
Sobran los ejemplos. Primero, Francisco Santos, embajador en Estados Unidos posiblemente intervino en las elecciones de este país y después, Colombia falló en la votación a la presidencia del BID.
Es urgente que el Gobierno convoque no solo de manera informativa, y en respuesta a una orden judicial, al Consejo Asesor de Relaciones Internacionales para que pueda hacer su trabajo.
La crisis actual de la Cancillería es tan grave que incluso los ex presidentes Samper y Gaviria se niegan a asistir a las reuniones del Consejo Asesor hasta que el Gobierno no se tome en serio su función consultiva.
Con estos problemas no es sorprendente que siga la indignación y las movilizaciones contra el gobierno.
Fuente: Razón Publica – María Angélica Prada – Isabel Londoño Polo – Enrique Prieto-Ríos
Este artículo también lo puede leer en BVirtual “la nueva forma de escuchar radio” – para instalar la aplicación: Para Android – dar click aquí
Los usuarios de Iphone pueden descargar la nueva forma de escuchar radio dando click aquí
Para leer más noticias de Barrancabermeja y el Magdalena Medio pueden dar click aqui
