En varias oportunidades el ex fiscal Néstor Humberto Martínez se ha referido a la prensa de manera estigmatizante y ha cuestionado, sin fundamentos, las investigaciones periodísticas sobre asuntos relacionados a su gestión como Fiscal General de la Nación.
Esto configura una estrategia para intimidar a los periodistas que investigan y publican información de suma relevancia pública.
El pasado 26 de noviembre, el ex fiscal Martínez, en una sesión de control político en la Comisión Primera del Senado, desacreditó el trabajo de investigación realizado por distintos periodistas.
Señaló a Edison Bolaños, reportero de El Espectador, alegando que no realizó el trabajo de manera independiente ni diligente y afirmó que las decisiones editoriales tenían como propósito encubrir a Jesús Santrich.
En sus propios términos: “Ah, esa sí no la van a mostrar porque quieren hacerle el jueguito del defensor de Santrich y del señor Bolaños, de que esta era coca de la Fiscalía. Y antes de esa publicación yo le dije al señor Bolaños por escrito, tengo aquí los escritos, y le dije al director del periódico “señores, esa coca no era de la Fiscalía”. No importa, ni siquiera se tomaron el trabajo de publicar que eso no era cierto en palabras del ex fiscal general”.
Adicionalmente, Martínez cuestionó de manera enfática la independencia del periodista, acusándolo de no haber publicado la totalidad de la información para encubrir a alguien, sin mostrar alguna prueba.
Requerir la publicación completa del material investigativo de un periodista constituye una violación a la reserva de la fuente que, además, puede poner en peligro tanto a la fuente como al periodista.
Martínez no sustentó con evidencia ninguna de estas graves acusaciones y por el contrario quiso generalizar conociendo muy bien que esto debilita el trabajo de una prensa libre e independiente.
Igualmente, la FLIP rechaza que Martínez anunciara públicamente su intención de denunciar a la periodista María Jimena Duzán por haber mencionado la orden que este habría dado para interceptar a políticos y negociadores de paz.
La FLIP tiene conocimiento de que por este asunto el ex fiscal ya acosó judicialmente a Duzán, por medio de distintas acciones de tutela que pretenden amordazar a la prensa e impedir que se informe sobre asuntos relacionados a su gestión, aduciendo la vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre.
Estas tutelas ya han sido falladas a favor de la periodista.
Para la FLIP, el mensaje intimidatorio de Martínez hacia la prensa alcanza un nivel contundente al referirse a la necesidad de utilizar el derecho penal en contra de los periodistas. Vale la pena reiterar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana”.
Por otro lado, estos mensajes en contra de la prensa han gestado un ambiente permisivo de agresión, que ha resultado en el incremento de riesgo para los y las periodistas.
La FLIP tiene conocimiento de que quienes están investigando asuntos relacionados con la gestión del ex fiscal han tenido que solicitar medidas de protección.
La FLIP expresa su preocupación por esta situación ya que se evidencia una clara intención de silenciamiento de un asunto de interés público, haciendo uso de su cargo y exposición pública, a pesar del deber de soportar un mayor escrutinio público.
Así mismo, reiteramos que el uso del derecho penal es incompatible con estándares internacionales de protección de la libertad de expresión. Judicializar el debate público como estrategia de censura a la prensa desde una posición de poder resta credenciales democráticas y reduce el flujo de información y el ejercicio democrático.
Por último, la FLIP también hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que atienda las solicitudes de los periodistas sin ceder a presiones que puedan provenir de la posición de poder de los involucrados. Estas garantías en seguridad son indispensables para el ejercicio libre e independiente del oficio periodístico que aporta a la democracia y a la veeduría ciudadana sobre asuntos de alto interés público.
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