La congresista del Pacto Histórico, María José Pizarro, salió este martes en firme defensa de la Consulta Popular decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que la Reforma Laboral fuera bloqueada sistemáticamente en el Congreso.
Según Pizarro, lo que se ha vivido en el Legislativo no es un simple desacuerdo democrático, sino una clara vulneración de la institucionalidad, orquestada por sectores de la política tradicional, con Efraín Cepeda a la cabeza.
¿Cómo empezó todo?
La historia, según relata la congresista, comenzó con el hundimiento de la Reforma Laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde ocho congresistas impidieron cualquier tipo de discusión sobre el proyecto, negándose incluso a abrir un debate mínimo.
Frente a esta decisión, que fue calificada por muchos como arbitraria, se interpuso una apelación que, en teoría, debía tramitarse conforme al reglamento del Congreso.
Sin embargo, María José Pizarro denuncia que dicha apelación fue engavetada durante dos meses por el senador Efraín Cepeda, quien tenía la responsabilidad de permitir que la discusión continuara.
Ante este bloqueo institucional, el Gobierno Nacional optó por recurrir a la Consulta Popular como un mecanismo legítimo para que el pueblo colombiano se expresara directamente sobre el contenido de la reforma.
La Consulta fue acogida con entusiasmo por la gente
La propuesta fue acogida con entusiasmo por millones de ciudadanos que salieron a las calles a respaldar la iniciativa, reclamando su derecho a participar activamente en las decisiones que afectan sus condiciones laborales.
En una aparente respuesta al creciente apoyo popular a la Consulta, Cepeda y otros congresistas decidieron revivir la reforma que antes habían enterrado, justamente el mismo día en que se votaba la viabilidad de la Consulta Popular.
Para Pizarro, este acto no fue más que una maniobra política para corregir el error cometido, intentando evitar el costo electoral que la negativa sistemática a la reforma podría representar en 2026.
No obstante, la sesión en la que se votó la Consulta Popular también fue objeto de duras críticas por parte de la congresista.
Según su relato, no se leyó ni el concepto de la Secretaría Jurídica ni el texto de la Consulta presentado por el Gobierno, dos requisitos indispensables para una votación válida.
Además, sus apelaciones fueron ignoradas de forma irregular, una muestra más —dice— de que el proceso estuvo plagado de trampas y prácticas dilatorias, lo que en lenguaje parlamentario se conoce como filibusterismo.
María José Pizarro fue enfática en señalar que la verdadera amenaza a la institucionalidad no proviene del Ejecutivo ni de las movilizaciones populares, sino de la clase política tradicional que, con “jugaditas” y decisiones a puerta cerrada, sabotea reformas fundamentales para el bienestar del pueblo.
“Lo primero que se debe cambiar es la clase política tradicional, ellos son quienes vulneran la institucionalidad”, aseguró.
La congresista también alertó sobre los intentos actuales de revivir la Reforma Laboral en una versión recortada y desfigurada, buscando maquillar el daño y evadir el castigo electoral.
No obstante, reafirmó su compromiso con la defensa del “corazón” de la reforma: el reconocimiento de derechos a los trabajadores, el fortalecimiento de la negociación colectiva, y la participación directa del pueblo en la toma de decisiones.
“El pueblo exige una Reforma Laboral justa y una democracia real. Por eso seguiremos defendiendo la Consulta Popular como un derecho legítimo de los colombianos a decidir sobre su futuro”, concluyó.
