Colombia despertó con una noticia alarmante: la Presidencia de la República informó sobre el hallazgo de dos lanzacohetes en la calle 6 con Carrera 30 de Bogotá, en una zona que forma parte de la ruta habitual del presidente Gustavo Petro.
De inmediato, se especuló sobre un posible atentado contra la vida del mandatario, lo que encendió las alarmas en el ámbito político, mediático y ciudadano.
Sin embargo, César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, desmintió que se tratara de un intento de asesinato. Según su declaración, los lanzacohetes fueron hallados tras ser desechados por un ciudadano que los encontró en una vivienda familiar.
Al parecer, un pariente del dueño del armamento, vinculado a las fuerzas armadas, habría dejado estos dispositivos en casa, y uno de sus familiares, al considerarlos estorbosos, los sacó con la basura.
Increíblemente, Restrepo subrayó que no existía evidencia de una amenaza directa contra el presidente y pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por especulaciones infundadas.
Esta explicación no tardó en generar una ola de incredulidad e indignación en redes sociales.
Las críticas se centraron en la aparente trivialización del hallazgo de material bélico de alto poder destructivo y la narrativa ofrecida por las autoridades.
En plataformas como X (antes Twitter), ciudadanos expresaron su molestia: “¿Nos creen imbéciles?”, escribió un usuario. Otro señaló con sarcasmo: “¿Todos los militares tienen lanzacohetes en sus casas y los sacan a la basura cuando hacen aseo?”.
La incredulidad también dio paso a preocupaciones más serias sobre la seguridad del presidente Petro y la aparente facilidad con la que un arma de guerra pudo terminar abandonada en plena vía pública sin mayores consecuencias.
Algunos incluso insinuaron que los medios de comunicación tradicionales como Caracol Radio y otros del grupo Prisa Media estaban minimizando un hecho grave o, peor aún, promoviendo una narrativa para desestimar una amenaza real contra el jefe de Estado.
Una parte del debate se enfocó en la figura del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Aunque no fue directamente responsable de las declaraciones de Restrepo, algunos ciudadanos y analistas cuestionaron si su administración estaba actuando con la seriedad y diligencia necesarias ante un hecho de tal magnitud.
La pregunta que se hicieron varios fue clara: ¿Le cabe alguna responsabilidad al alcalde por permitir o no rechazar públicamente estas declaraciones que podrían poner en riesgo la vida del presidente?
Por su parte, sectores afines al Gobierno consideran que el país vive un momento de alta polarización, en el que incluso la vida del presidente está siendo tratada con ligereza.
Aseguran que cualquier indicio de amenaza debe ser investigado con rigurosidad, y que las versiones simplificadas solo alimentan la desconfianza y la paranoia social.
No hay una versión oficial
Hasta el momento, no se ha ofrecido una versión oficial y definitiva por parte del Ministerio de Defensa ni de la Fiscalía sobre la procedencia exacta de los lanzacohetes ni de las personas responsables.
Lo que sí ha quedado claro es el nivel de descontento, incredulidad y confusión que un hecho de esta naturaleza puede generar en una ciudadanía cada vez más escéptica frente a sus instituciones.
El episodio deja abiertas preguntas importantes:
¿Quién tenía los lanzacohetes y por qué?
¿Cómo es posible que estos dispositivos circulen sin control?
¿Y por qué la explicación oficial parece tan poco convincente para la mayoría de los colombianos?
La seguridad presidencial no es un tema menor. Las autoridades deberán responder con claridad y transparencia para evitar que el país siga cayendo en un clima de sospechas, donde cualquier versión oficial se toma más como una fábula que como un hecho confiable.
