La Contraloría General de la República (CGR) de Colombia ha presentado un balance detallado de su gestión entre 2022 y marzo de 2025, enfocado en la fiscalización del manejo de recursos públicos en el Sector Salud.
Este informe, que abarca un período crítico para el sistema de salud colombiano, revela la magnitud de las irregularidades detectadas y los esfuerzos del ente de control por garantizar la transparencia y el uso adecuado de los fondos destinados a la atención de la población.
Según los datos oficiales, la CGR ha iniciado 522 procesos de responsabilidad fiscal que involucran más de $11 billones, ha proferido 111 imputaciones por una cuantía de $498.539 millones y cuenta con 41 fallos ejecutoriados por $542.995 millones, todos relacionados con malos manejos en el sector.
Le puede interesar: El problema es que las EPS se roban el dinero
Estos resultados reflejan un trabajo exhaustivo liderado por la actual administración de la Contraloría
Las acciones incluyen auditorías financieras, seguimientos permanentes y la implementación de herramientas como la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que ha permitido rastrear el flujo de recursos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y otros actores del sistema.
Entre los hallazgos más alarmantes se encuentra el uso indebido de más de $6 billones de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por parte de varias EPS, recursos que debieron destinarse a reservas técnicas pero que fueron utilizados para pagar deudas antiguas, algunas con más de 13 años de antigüedad.
Muchas de estas irregularidades ya habían sido denunciadas por el activista Vicente Calvo a través de su portal «Dónde Está La Plata«, una plataforma que desde hace años ha visibilizado el desvío de recursos públicos en el sector salud.
Calvo, con un enfoque crítico y basado en datos, señaló en múltiples ocasiones la opacidad en la gestión de las EPS y la falta de rendición de cuentas, alertas que ahora encuentran eco en los informes oficiales de la CGR.
Le puede interesar: Dr Fernández señala directamente a Alejandro Gaviria como responsable de la crisis de salud
Por ejemplo, el ente de control confirmó que $5 billones en pagos de EPS a IPS carecen de facturas o soportes, una práctica que Calvo había denunciado como evidencia de corrupción sistémica.
Este respaldo a las denuncias ciudadanas subraya la importancia de la participación social en la vigilancia de los recursos públicos.
A pesar de estas evidencias, persisten grupos opositores que defienden a las EPS y rechazan la reforma a la salud propuesta por el gobierno actual.
Esta reforma busca eliminar la intermediación financiera de las EPS, argumentando que su modelo ha facilitado el manejo discrecional y el desvío de fondos públicos.
Los detractores, – quién lo creyera viendo estas evidencias -, sostienen que las EPS son esenciales para la operación del sistema y que su desaparición podría generar caos administrativo y financiero.
Este debate se intensifica con los hallazgos de la CGR, que muestran que 14 EPS no cumplen con los indicadores financieros exigidos por ley, como la constitución de reservas técnicas y niveles adecuados de liquidez, lo que pone en duda su capacidad para gestionar responsablemente los recursos de la salud.
Le puede interesar: Como se pierden más de 200 mil millones en EPS Coosalud
El balance de la Contraloría también destaca los esfuerzos por recuperar parte de los recursos malgastados: $185.080 millones han sido resarcidos, incluyendo $10.849 millones por actuaciones de responsabilidad fiscal y $174.230 millones vía cobro coactivo.
Sin embargo, la magnitud del problema —con $11 billones aún en investigación— evidencia la necesidad de reformas estructurales.
La oposición a la reforma, a menudo vinculada a intereses económicos y políticos, choca con la realidad de un sistema donde la corrupción ha sido documentada no solo por activistas como Calvo, sino por el máximo organismo de control fiscal del país.
Así, el trabajo de la CGR no solo expone las fallas del modelo actual, sino que refuerza la urgencia de replantear el manejo de los recursos de la salud en Colombia.
 de Colombia ha presentado un balance detallado de su gestión entre 2022 y marzo de 2025){kind=link}