El modelo neoliberal que sigue vigente en Colombia ha demostrado ser un mecanismo diseñado para favorecer los intereses del sector privado y del gran capital por encima de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Uno de los casos más recientes que evidencia este problema es la especulación en el servicio de gas domiciliario, donde la empresa VANTI, por segunda vez, intenta manipular el mercado con el argumento de una supuesta escasez de gas en el país.
Este tipo de estrategias reflejan el chantaje y la falta de transparencia con la que operan ciertos sectores económicos en Colombia.
La reciente importación de gas por parte de algunas empresas en diciembre apenas representó el 4% de la demanda nacional. A pesar de ello, se han generado alarmas infundadas sobre la insuficiencia del suministro de gas, cuando en realidad Ecopetrol ha certificado que existe una oferta suficiente para cubrir la demanda interna.
Uno de los rasgos más perversos del modelo neoliberal aún vigente, es la existencia de los mecanismos que permiten privilegiar los intereses del sector privado, del gran capital, por encima de los intereses de la ciudadanía. El caso del servicio de gas domiciliario es uno más.…
— Martha Alfonso Jurado (@MarthaAlfonsoJ) February 7, 2025
Entonces, ¿cómo se justifica un aumento del 36% en la tarifa del gas?
La respuesta es clara: el objetivo no es garantizar el acceso al servicio en condiciones justas, sino maximizar las ganancias de los grandes conglomerados a costa del bolsillo de los ciudadanos.
Este no es un caso aislado dentro del esquema neoliberal imperante en Colombia. La falta de transparencia en los sectores estratégicos de la economía es una constante.
Un ejemplo claro es la ausencia de datos detallados sobre el consumo de gas natural en los sectores residencial, comercial e industrial.
Sin esta información en la unidad de facturación, resulta absurdo y arbitrario definir aumentos tarifarios. Este mismo desconocimiento de los costos se replica en el sistema de salud, donde los tecnócratas han diseñado un modelo en el que se priorizan las utilidades de las EPS por encima del derecho a la salud de los ciudadanos.
⚠️⚠️⚠️Es inconcebible que en Colombia no existan datos detallados sobre el consumo de gas natural en los sectores residencial, comercial e industrial en su unidad de facturación. ¿Cómo es posible definir aumentos sin esa información crítica? Este es otro absurdo, similar al…
— Vicente Calvo (@vcalvot) February 7, 2025
La opacidad con la que operan estas empresas se debe a la connivencia entre el Estado y los grupos económicos.
La regulación de los servicios públicos esenciales está capturada por intereses privados que impiden la implementación de mecanismos de control eficientes.
En el caso del gas domiciliario, la falta de una auditoría rigurosa y de sanciones contundentes permite que se impongan incrementos desproporcionados sin justificación técnica ni social.
La ciudadanía no puede seguir siendo víctima de este tipo de abusos.
Es necesario exigir mayor transparencia en la gestión del sector energético, estableciendo sistemas de monitoreo que garanticen que las decisiones sobre tarifas y distribución de los servicios públicos respondan a criterios de equidad y no a la especulación.
Además, el Estado debe recuperar su papel regulador, asegurando que el gas y otros servicios esenciales sean accesibles para la mayoría de la población y no solo para quienes puedan pagar precios inflados.
En este contexto, resulta fundamental la movilización social y la exigencia de rendición de cuentas por parte de las empresas que operan en sectores estratégicos.
La ciudadanía debe rechazar cualquier intento de chantaje y saboteo por parte de quienes controlan la comercialización de servicios públicos en el país. No podemos permitir que los intereses del gran capital sigan imponiéndose sobre los derechos básicos de la población.
El caso de VANTI es solo un ejemplo de cómo el modelo neoliberal ha desvirtuado la función social de los servicios públicos en Colombia.
En lugar de garantizar el acceso a bienes esenciales a precios justos, se ha consolidado un sistema en el que la especulación y el lucro desmedido son la norma. Por ello, es urgente replantear las políticas de regulación y control del sector energético, asegurando que las decisiones sobre tarifas y suministro respondan a las necesidades de la ciudadanía y no a los intereses de unos pocos.
El aumento injustificado en la tarifa del gas es una manifestación más de los efectos perversos del modelo neoliberal en Colombia.
La falta de transparencia, la manipulación del mercado y la complicidad con los grandes grupos económicos han permitido que los servicios públicos sean utilizados como herramientas de enriquecimiento privado en lugar de garantizar el bienestar general.
Es momento de exigir cambios estructurales que pongan fin a estos abusos y devuelvan a la ciudadanía el control sobre los recursos esenciales del país.
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