La misma prensa y los mismos expertos económicos que la semana pasada anunciaban un desastre por «el aumento desmedido» del salario mínimo, esta semana se rasgan las vestiduras porque no hubo un aumento, esta vez desmedido, del dinero que se le transfiere a las EPS.
Esta contradicción no solo expone la inconsistencia de su narrativa, sino también evidencia la manipulación y el cinismo con el que abordan los asuntos económicos y sociales del país.
Es como si sus preocupaciones no estuvieran realmente centradas en el bienestar de la ciudadanía, sino en la defensa de intereses económicos particulares que durante décadas han monopolizado el poder y los recursos.
El caso de Alejandro Gaviria es particularmente ilustrativo.
Mientras estuvo en el poder, parecía ignorar o minimizar las problemáticas estructurales del sistema de salud colombiano. Sin embargo, ahora, desde una cómoda posición de analista crítico y opositor al gobierno actual, parece haber adquirido dotes proféticas, anunciando desgracias futuras con una seguridad que resulta, cuando menos, sospechosa.
Esta postura no es más que una estrategia para proteger un modelo de salud que, bajo su gestión y la de otros funcionarios, ha demostrado ser ineficiente y altamente susceptible a la corrupción.
Las cifras y encuestas internacionales aportan un contraste interesante a esta narrativa apocalíptica.
Según estudios recientes, Colombia es el segundo país más optimista del mundo respecto al año 2025. Este dato resulta llamativo si consideramos que, según el discurso de la oposición, el país se encuentra al borde del colapso.
Pero si el propio pueblo colombiano mira al futuro con esperanza, ¿a quién representan entonces los agoreros del desastre? La respuesta parece clara: representan los intereses de una élite económica y política que ve peligrar sus privilegios.
Durante los últimos treinta años, Colombia ha estado bajo el dominio de una economía feudal disfrazada de modernidad.
Un sistema donde la acumulación desmedida de riqueza por parte de unos pocos ha dependido de la explotación sistemática de las mayorías. Lo que hoy algunos llaman «crisis» o «desastre» no es más que el inicio de una redistribución más justa de los recursos, un proceso que, aunque doloroso para quienes pierden sus privilegios, es necesario para el bienestar colectivo.
La crisis del sistema de salud no es un fenómeno reciente ni puede achacarse exclusivamente a las decisiones del actual gobierno.
Se trata de un problema estructural, profundamente arraigado en el modelo de las EPS, cuya prioridad ha sido siempre el lucro por encima de la salud de los ciudadanos.
La corrupción en el manejo de los recursos destinados a la salud ha sido sistemática, y la falta de transparencia en el manejo de las reservas técnicas es solo uno de los muchos ejemplos de cómo este sistema ha fallado.
Opositores a responder
Por ello, cuando los opositores a la reforma de la salud levantan la voz y exigen respuestas, también deben estar dispuestos a responder:
¿Qué hicieron con las reservas técnicas? ¿Dónde está el dinero que debía garantizar el funcionamiento del sistema? Estas preguntas no son caprichosas ni retóricas, son fundamentales para entender por qué el sistema de salud colombiano está al borde del colapso.
En lugar de seguir repitiendo consignas alarmistas y profecías catastrofistas, la oposición debería participar de manera constructiva en el debate sobre la reforma.
La salud no puede seguir siendo un negocio en el que unos pocos se enriquecen mientras millones de colombianos sufren las consecuencias de un sistema ineficiente.
El gobierno de Gustavo Petro enfrenta enormes desafíos, y es cierto que no todas sus decisiones han sido perfectas. Sin embargo, no se puede negar que existe una voluntad política real para cambiar las cosas.
Esa voluntad choca de frente con los intereses de quienes se han beneficiado del statu quo durante décadas, y es por ello que las resistencias son tan feroces.
El optimismo del pueblo colombiano no es un dato menor.
Es la prueba de que, a pesar de las campañas de desinformación y del ruido mediático, la mayoría de los ciudadanos cree que es posible un futuro mejor. Pero para lograrlo, es necesario desmantelar las estructuras de corrupción y privilegio que han mantenido al país estancado durante tanto tiempo.
La crisis del sistema de salud es un síntoma, no la enfermedad. La verdadera enfermedad es la captura del Estado por parte de intereses privados, la falta de regulación efectiva y la impunidad con la que se han manejado los recursos públicos.
Resolver estos problemas no será fácil, pero es un paso necesario para construir un país más justo y equitativo. Y eso, aunque algunos lo llamen desastre, otros lo llamamos esperanza.
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