Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia tienen, por mandato legal, la obligación de reportar información precisa y confiable sobre la gestión de los recursos que administran.
Esta normativa no es simplemente un requerimiento burocrático, sino una medida fundamental para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados al sistema de salud.
Desde el Ministerio de Salud (#Minsalud) han enfatizado en repetidas ocasiones su compromiso con el rigor en la supervisión de estos reportes, con el fin de proteger los fondos públicos y asegurar que lleguen efectivamente a la prestación de servicios médicos para la población.
La transparencia en la gestión de recursos por parte de las EPS no solo busca evitar la corrupción, sino también prevenir ineficiencias que puedan derivar en la falta de atención adecuada para los pacientes.
Sin embargo, el panorama actual refleja una crisis profunda, derivada en gran parte de una deuda acumulada que supera los 25 billones de pesos.
Según el analista Vicente Calvo, esta situación es consecuencia directa de la falta de control sobre las reservas técnicas de las EPS y de una intermediación financiera que ha permitido, durante años, desvíos y abusos en el manejo de los recursos.
Las EPS están obligadas por ley a reportar información precisa y confiable. 📊
— MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) December 31, 2024
Esto garantiza una gestión transparente de los recursos del sistema de salud y desde el #Minsalud trabajamos con rigor para protegerlos.
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Calvo sostiene que la eliminación de la intermediación financiera es el primer paso urgente para solucionar la crisis.
El segundo paso, igualmente crucial, sería aprobar el giro directo universal, una medida que garantizaría que los recursos lleguen directamente a los prestadores de servicios de salud sin pasar por las EPS.
Una vez implementadas estas dos medidas, el Estado colombiano debería asumir, incluso a través de deuda externa si fuese necesario, los compromisos financieros pendientes con hospitales, clínicas y demás prestadores.
Esto no solo permitiría estabilizar el sistema de salud, sino que evitaría que los pacientes sean los principales afectados por la crisis financiera.
El analista recalca que no basta con implementar estas medidas económicas y administrativas; es fundamental que la justicia actúe con celeridad y firmeza contra los responsables del desvío de recursos en las EPS.
Los directivos, dueños y administradores que hayan incurrido en actos de corrupción deben ser investigados y, de encontrarse culpables, sancionados ejemplarmente.
Al mismo tiempo, se deben activar los mecanismos necesarios para recuperar el dinero desviado, especialmente cuando existen reservas técnicas suficientes en algunas EPS como Sura y Salud Total.
Según Calvo, estas entidades tienen cómo responder por al menos seis billones de pesos, una cifra significativa, pero que representa sólo una fracción de la deuda total.
El debate en torno a la situación de las EPS ha generado posturas encontradas.
Mientras Vicente Calvo defiende una reforma estructural que elimine la intermediación y garantice el giro directo universal, voces como la del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, han mostrado resistencia a estas propuestas.
Calvo critica abiertamente esta postura, señalando que la defensa de las EPS corruptas por parte de algunos sectores empresariales ha contribuido a perpetuar la crisis.
Para él, no se puede seguir permitiendo que las EPS funcionen sin un control efectivo sobre sus reservas técnicas y sin una rendición de cuentas clara sobre el uso de los recursos públicos.
El deterioro del sistema de salud colombiano no es un fenómeno reciente, pero ha alcanzado niveles críticos en los últimos años.
La deuda acumulada, la falta de supervisión adecuada y la impunidad frente a los desvíos de recursos han creado un círculo vicioso que sólo puede romperse mediante acciones contundentes.
Estas acciones deben incluir reformas estructurales, la intervención decidida del Estado y un compromiso inquebrantable con la transparencia y la justicia.
El panorama descrito por Vicente Calvo refleja una realidad preocupante, pero no insalvable.
La solución requiere valentía política, responsabilidad administrativa y un sistema judicial que actúe sin dilaciones. El país no puede permitirse que los recursos destinados a la salud sigan siendo administrados de manera irresponsable, ni que la población continúe pagando las consecuencias de una gestión deficiente y corrupta.
La obligación de las EPS de reportar información precisa y confiable no puede ser un simple formalismo; debe ser una herramienta real para garantizar un sistema de salud eficiente, transparente y, sobre todo, justo para todos los colombianos.
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