El debate sobre la gestión de los recursos públicos en Colombia ha alcanzado una nueva y compleja dimensión en el contexto de la reforma del sistema de salud, una de las áreas más críticas y polémicas en el país.
En un claro síntoma de responsabilidad fiscal, el gobierno nacional ha solicitado a las EPS (Entidades Promotoras de Salud) una explicación sobre el multimillonario robo de recursos destinados a la atención en salud.
Mientras tanto, figuras de la oposición, como Alejandro Gaviria, defensor a ultranza de las mismas EPS corruptas, han lanzado duras críticas al gobierno, acusándolo de llevar a cabo lo que ellos denominan una «inacción destructiva» en el sector salud.
Sin embargo, este discurso omite un hecho fundamental: el verdadero origen de la crisis en el sistema de salud colombiano, que radica en la falta de control y la corrupción dentro de las EPS, que han desviado millones de recursos sin rendir cuentas.
En lugar de enfrentar esta realidad, la oposición se ha centrado en criticar las acciones del gobierno que buscan poner fin a este desfalco y a la ineficiencia del sistema.
Para la oposición, cualquier intento de control y regulación sobre el destino de los millonarios recursos destinados a la salud parece ser una amenaza, no a la corrupción, sino al modelo económico que ha prevalecido durante décadas.
Que dice gente como Alejandro Gaviria
La narrativa que se ha promovido es que el gobierno, al tratar de poner orden, está contribuyendo a la «destrucción» del sector salud, pero en realidad lo que está haciendo es intentar salvarlo, frenando el saqueo y buscando una distribución más justa de los recursos.
Es importante destacar que, en su defensa de las EPS y su crítica a las medidas adoptadas por el gobierno, figuras como Alejandro Gaviria parecen ignorar el verdadero corazón del problema: la enorme cantidad de dinero que las EPS han desviado o mal gestionado durante años.
El gobierno, al exigir que las EPS rindan cuentas, no solo está buscando prevenir futuros abusos, sino también evitar que continúe el desangre económico de un sistema que debería estar enfocado en el bienestar de los colombianos, no en enriquecer a unos pocos a expensas de la salud pública.
Este planteamiento del gobierno no es solo una medida de responsabilidad fiscal, sino también un acto de justicia social, ya que los recursos destinados a la salud deben llegar a los ciudadanos, no a los bolsillos de unos pocos empresarios corruptos.
Lo mismo ocurre en otros sectores
Esta misma narrativa de «destrucción» se repite en otros sectores estratégicos como la vivienda, la infraestructura, los servicios públicos y la energía.
En todos estos ámbitos, los grandes empresarios que históricamente han controlado estos sectores, manipulando tarifas y recursos a su favor, hoy se sienten amenazados por las propuestas de cambio que impulsa el gobierno de Gustavo Petro.
La política del gobierno busca precisamente eso: redistribuir los recursos para que beneficien a todos los sectores de la sociedad y no solo a los grandes conglomerados económicos que han patrocinado a la clase política tradicional, personajes que, como Alejandro Gaviria, defienden sus intereses sin considerar el daño social que estos causan.
¿Qué buscan en el fondo los opositores al gobierno?
Por tanto, es importante entender que cuando figuras como Gaviria hablan de la «destrucción» de estos sectores, en realidad están describiendo la pérdida de los abusos y los privilegios que durante años han gozado los grandes empresarios en detrimento del bienestar común.
La reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro no busca destruir estos sectores, sino liberarlos de la corrupción y la concentración de poder que los ha afectado durante tanto tiempo.
La crisis que la oposición denuncia, en realidad, es el resultado de un modelo económico que favorece a unos pocos, dejando a millones de colombianos sin acceso a servicios públicos de calidad, salud, vivienda y otros derechos fundamentales.
Lo que se está destruyendo, entonces, no son los sectores en sí, sino los abusos que estos han padecido.
Los cambios que se proponen no son una amenaza para el país, sino una oportunidad para redirigir los recursos hacia quienes realmente los necesitan, mejorando la calidad de vida de la mayoría y promoviendo una mayor equidad en la distribución de los recursos.
La oposición, en su afán de mantener el statu quo, pretende seguir alimentando un sistema corrupto que ha favorecido a las grandes élites, pero el gobierno de Petro ha decidido que es hora de poner fin a ese ciclo de impunidad.
Finalmente, lo que realmente está en juego es una lucha entre un modelo de gestión que busca la justicia social y otro que defiende los intereses de los grandes empresarios y grupos económicos.
La crítica de Alejandro Gaviria y otros sectores de la oposición a las reformas del gobierno de Petro refleja su temor a perder el control sobre sectores clave de la economía, control que ha sido históricamente sostenido a través de la corrupción y la falta de transparencia.
La verdadera «destrucción» que se avecina no es la del sistema de salud ni de los sectores estratégicos, sino la de un modelo económico obsoleto y corrupto que ha mantenido a la mayoría de los colombianos al margen del progreso.
Para leer más noticias de Barrancabermeja y el Magdalena Medio pueden dar click aquí
