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Salario mínimo: líderes gremiales siembran pánico financiero injustificado

El verdadero riesgo para la economía colombiana no está en el aumento salarial, sino en la persistencia de una élite empresarial que se niega a adaptarse a los nuevos tiempos y que, en su afán por defender privilegios históricos, no duda en recurrir a discursos alarmistas y carentes de rigor.

La ortodoxia neoliberal sigue siendo un estandarte ideológico para algunos líderes gremiales en Colombia, quienes, lejos de adaptarse a las nuevas realidades económicas y sociales del país, insisten en perpetuar dogmas caducos que han demostrado su fracaso en la lucha contra la desigualdad y la pobreza

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, junto con Rodolfo Correa de Acopi y Bruce Mac Master de la ANDI, se han convertido en los principales exponentes de este pensamiento anclado en el pasado. 

Ante el reciente aumento salarial decretado por el gobierno de Gustavo Petro, del 9.54%, estos líderes gremiales han lanzado una serie de declaraciones alarmistas y apocalípticas, intentando sembrar un pánico financiero injustificado.

Jaime Alberto Cabal calificó el aumento salarial como una «decisión populista y alejada de la realidad económica del país«, asegurando que pone en riesgo la viabilidad de cientos de micro, medianas y pequeñas empresas, afecta la generación de nuevos empleos, arriesga los puestos de trabajo existentes y fomenta la informalidad. 

Jaime Alberto Cabal miente 

Estas afirmaciones, sin embargo, carecen de sustento en la realidad económica actual de Colombia. En lugar de analizar con objetividad los datos y tendencias, recurren a teorías económicas obsoletas que han sido superadas por la evidencia empírica.

La experiencia reciente ha demostrado que el aumento del salario mínimo no solo beneficia a los trabajadores, sino que también impulsa el consumo interno, fortaleciendo sectores clave como el comercio y el turismo. 

Durante los dos años de gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha visto un crecimiento sostenido en la producción industrial, el turismo y las exportaciones. 

Estas mejoras no son fortuitas, sino el resultado de una política económica que prioriza el bienestar social y reconoce que un mayor poder adquisitivo en las clases trabajadoras se traduce directamente en mayores ingresos para las empresas.

El argumento de que un aumento salarial significativo lleva irremediablemente al cierre de empresas es falaz. 

Ninguna empresa se quiebra por respetar los derechos laborales de sus trabajadores. De hecho, las empresas más sólidas y exitosas son aquellas que valoran y recompensan adecuadamente a su fuerza laboral. 

El discurso del desastre financiero que promueven Cabal, Correa y Mac Master no solo carece de fundamento, sino que ignora deliberadamente las cifras positivas de la economía colombiana.

Es importante recordar que estos líderes gremiales han mantenido una oposición sistemática al gobierno de Gustavo Petro desde su primer día. 

No importa qué medidas se adopten ni cuáles sean sus resultados: la retórica de estos personajes siempre está teñida de un sesgo ideológico que los lleva a descalificar cualquier acción del gobierno. 

Su postura no parece estar orientada a proteger los intereses de los empresarios, sino a defender un modelo económico que ha fracasado en repetidas ocasiones.

Lo paradójico de estos líderes gremiales 

Lo paradójico de esta situación es que estos mismos líderes, que ahora claman por responsabilidad fiscal y estabilidad económica, guardaron silencio durante el gobierno de Iván Duque

Durante ese período, el endeudamiento del país alcanzó niveles históricos y la corrupción fue rampante, sin que ninguno de ellos levantara la voz. 

Por el contrario, hoy, cuando el gobierno de Petro ha mostrado responsabilidad fiscal al saldar deudas históricas con Ecopetrol por $57 billones, los mismos críticos parecen pasar por alto este logro.

El discurso de estos gremios también resulta contradictorio cuando miramos el sector de la salud. 

Mientras que la ANDI pide un aumento de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) como solución a la crisis del sistema de salud, no abordan el verdadero problema: las enormes deudas que las EPS tienen con los prestadores. 

Sin un control efectivo sobre la corrupción y los malos manejos en estas entidades, cualquier aumento de recursos solo seguirá alimentando un sistema ineficiente y corrupto.

La hipocresía de estos líderes queda aún más en evidencia cuando muestran una preocupación ficticia por los efectos económicos del aumento salarial, pero guardan silencio ante el desfalco de billones de pesos por parte de las EPS. 

Si su objetivo real fuera proteger la economía y el bienestar del país, su enfoque estaría en atacar estos problemas estructurales y no en sembrar pánico sobre políticas que buscan reducir la desigualdad.

El gobierno de Gustavo Petro ha demostrado, con cifras y resultados concretos, que una política económica centrada en la redistribución del ingreso y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores puede generar crecimiento económico sostenible. 

No es populismo, es sentido común respaldado por la evidencia. 

El verdadero riesgo para la economía colombiana no está en el aumento salarial, sino en la persistencia de una élite empresarial que se niega a adaptarse a los nuevos tiempos y que, en su afán por defender privilegios históricos, no duda en recurrir a discursos alarmistas y carentes de rigor.

Es hora de que estos líderes gremiales abandonen sus posturas ideológicas y reconozcan la importancia de un modelo económico más justo e incluyente. 

Los tiempos han cambiado, y Colombia no puede seguir siendo rehén de una ortodoxia neoliberal que solo ha traído pobreza, desigualdad y descontento social. El país necesita una visión moderna y pragmática, que ponga al frente a las personas y no exclusivamente a los balances financieros de unos pocos.


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