La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Gonzalo Guillén, Diana López Zuleta y Amalfi Rosales.
La Fiscalía General de la Nación tiene información detallada sobre estos hechos y conoce del riesgo inminente al que están expuestos los periodistas.
La FLIP le solicita a la entidad que avance con celeridad en las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.
En este momento está reunida la mafia de La Guajira y el Cesar perfeccionando un plan para asesinarnos a cerca de 10 personas, entre periodistas, un fiscal y un policía judicial.@FiscaliaCol en Bogotá sabe absolutamente todo y no hace nada, ¿pertenece plan criminalidad? (SIGUE)
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) August 23, 2020
El pasado 5 de agosto una fuente que contactó a la periodista Diana López Zuleta declaró ante la Fiscalía General de la Nación que existía un plan para atentar contra la vida de la reportera. El hombre, quien ha hecho parte de la organización criminal de alias “Marquitos” Figueroa, dio a conocer información sobre su participación en estos hechos y aseguró ante la Fiscalía que el 23 de agosto se realizaría una reunión en la finca “La Curva”, propiedad de Juan Francisco “Kiko” Gómez y que está ubicada en Fonseca (La Guajira), para recibir instrucciones precisas sobre la actuación criminal.
La periodista fue contactada
Días después, el 14 de agosto, una fuente contactó a la periodista para informarle que la organización criminal estaba reuniendo dinero para asesinar a más de 15 personas, entre ellas López y los periodistas Amalfi Rosales y Gonzalo Guillén. Según Rosales, otras fuentes de confianza le informaron sobre las reuniones que han sostenido las organizaciones criminales el 22 y el 23 de agosto en Lla Guajira para organizar el plan criminal, lo cual concuerda con la denuncia de Diana López.
Los reporteros mencionados coinciden en que la reactivación del plan criminal es producto de las denuncias periodísticas que han hecho en contra de Juan Francisco “Kiko” Gómez y su participación como testigos en el proceso judicial que enfrenta el ex mandatario de La Guajira.
En el caso particular de Diana López, la reportera teme que su riesgo se haya incrementado luego de la publicación de su libro “Lo que no borró el desierto”, en el que narra la manera en la que fue asesinado su padre, Luis López Peralta, y la responsabilidad de “Kiko” Gómez en este y otros homicidios ocurridos en La Guajira.
La FLIP expresa su preocupación
Según información aportada a la FLIP por uno de los periodistas, la Fiscalía General de la Nación no habría adelantado acciones efectivas para impedir dicha reunión, a pesar de que tenía conocimiento preciso de cómo, cuándo y dónde se llevaría a cabo. La FLIP expresa su preocupación por la falta de diligencia en las investigaciones y le recuerda a la Fiscalía General de la Nación la importancia de actuar oportunamente para prevenir situaciones de violencia contra la prensa y sancionar a los responsables.
Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tenga en cuenta estos nuevos hechos en el estudio de riesgo de los reporteros y tome las medidas necesarias para reforzar cuanto antes sus esquemas de protección con el fin de salvaguardar su vida y su integridad.
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