El Consejo de Estado por estos días se encuentra analizando si la normativa para ejercer el fracking en Colombia tiene validez o no. Esto podría empezar a resolver el futuro de los no convencionales en Colombia.
Desde el pasado 7 de junio comenzó la discusión en el Consejo de Estado de la demanda interpuesta por el Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte que tiene frenada la decisión del Gobierno nacional de iniciar la extracción de hidrocarburos a través de fracking en el país.
En el proceso de análisis, el Alto Tribunal ya profirió medidas cautelares suspendiendo temporalmente las normas analizadas en el Decreto # 3004 y la Resolución # 90341 del Ministerio de Minas y Energía que regulan técnicamente la implementación de técnicas no convencionales de explotación de hidrocarburos en el país.
Ante la importancia de la decisión del Alto Tribunal de declarar la nulidad de esas normas o por el contrario confirmarlas, la Alianza Colombia Libre de Fracking y el Movimiento Nacional Ambiental llevó a cabo a una marcha contra el fracking y la minería contaminante, la cual se realizó en más de 100 municipios del territorio nacional y en la que se movilizaron cerca de 50.000 personas en todo el país, con el objetivo de pedirle al presidente Iván Duque que «no permita esta actividad».
Según la vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Amarilys Llanos, se espera que en la audiencia los magistrados tengan en cuenta el informe de la Contraloría General de la República en el que se advierte sobre las consecuencias negativas que dicha práctica traería para el país.
Para uno de los líderes de dicho movimiento, Carlos Andrés Santiago, «habría contaminaciones en los acuíferos subterráneos de fuentes de agua superficiales, además del aumento en la sismicidad inducida y problemas de salud en las comunidades que habitan alrededor de los pozos de fracking».
Los voceros de la Alianza manifestaron también que es claro que «Colombia no cuenta con la fortaleza institucional y no tiene la preparación, ni los conocimientos base para desarrollar proyectos piloto, teniendo en cuenta que solo se cuenta con el 52% de la cartografía geológica, con el 30% de información de recursos acuíferos y además no se tiene información acerca de la sismicidad, sobre todo en el Valle del Magdalena Medio (Santander)», sitio en el cual se tienen contemplados por parte de Ecopetrol los primeros proyectos pilotos.
Otra cosa piensan al interior del Gobierno y de empresas del sector como Ecopetrol
El argumento principal del Gobierno y Ecopetrol es que «el país sí puede realizar este tipo de proyectos sin que signifiquen impactos irreversibles al ambiente y las comunidades».
Señalan, además, que «el fracking le permitirá al país obtener recursos como petróleo y gas que aleje el fantasma del desabastecimiento de combustibles».
Para los representantes del sector petrolero y el gobierno, es claro que «cuando a Colombia se le acaben los combustibles, tendrá que importar, generando un choque económico enorme expresado en el costo de importar combustibles y los menores recursos de exportaciones, impuestos, dividendos y regalías».
Finalmente decidirá el Consejo de Estado
Las normas que regulaban el fracking emitidas por el Ministerio de Minas y Energía en el Decreto # 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución # 90341 del 27 de marzo de 2014, fueron suspendidas —provisionalmente— por el Consejo de Estado el pasado 8 de noviembre de 2018.
En esta ocasión, el Alto Tribunal consideró que «su autorización en Colombia podría traer afectaciones graves tanto al medio ambiente como a la salud humana: aumento de la sismicidad, contaminación hídrica y afectación de la salubridad, con mayor razón si la técnica se desarrollaba en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, como los páramos».
Por ello, aplicó el principio de precaución, al señalar que “aun cuando no existe certeza científica absoluta, sí hay pruebas mínimas de daños potenciales derivados de la aparente deficiencia de las medidas adoptadas en los actos administrativos demandados al autorizar una técnica cuestionada”. Es decir que, hasta el momento, no es legal realizar ninguna actividad con yacimientos no convencionales en el territorio nacional y habrá que esperar la decisión del Consejo de Estado en esta materia.
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