Los patrocinadores económicos de las diferentes revocatorias que se vienen programando en todo el territorio nacional se han visto desmotivados frente a las últimas decisiones que se han venido tomando en el CNE (Consejo Nacional Electoral) de suspender los procesos revocatorios por fallas en su procedimiento.
Y no es para menos, la incertidumbre reina frente a la falta de normas claras que garanticen la realización de las revocatorias en los municipios en donde ha sido solicitadas, especialmente por la difícil situación económica que se vive en todo el territorio nacional en donde casi nadie quiere ‘invertir’ recursos en procesos que podrían resultar ser inútiles y al final constituirse en una pérdida de tiempo y recursos.
«El palo no está para hacer cucharas» le dijo un empresario a este medio de comunicación, refiriéndose al tema económico. Las últimas noticias conocidas sobre el particular han dado lugar a este escepticismo.
Un Juez ordenó suspender proceso de revocatoria del municipio de Remolino, (Magdalena), hasta que el Consejo Nacional Electoral le dé luz verde.
La Registraduría tenía todo listo para iniciar el proceso de revocatoria el pasado domingo 18 de junio del alcalde de Remolino, Magdalena, José de Jesús Nolasco Hernández, del partido Opción Ciudadana. Esta es una de las seis iniciativas que están en curso en el departamento de Magdalena.
Sin embargo, los delegados de la entidad en ese municipio de la costa norte colombiana se quedaron en ‘stand by’ desde la semana pasada, luego de que un juzgado frenó el proceso de revocatoria del mandatario por medio de una medida cautelar, convirtiéndose así en el primer proceso de revocatoria actual frenado por un despacho judicial.
La decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay conocida por los medios de comunicación del país congela la revocatoria —que ya estaba convocada para el pasado fin de semana— con el fin de que los magistrados del Consejo Nacional Electoral definan si le dan la bendición o no a la forma cómo se realizó el proceso.
La semana pasada se conoció otra decisión frente al proceso de revocatoria que más titulares ha generado en los últimos meses, se trata del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. El Consejo Nacional Electoral le pidió corregir las cuentas al comité Unidos Revocamos a Peñalosa, uno de los dos grupos que pretende sacar del Palacio Liévano al mandatario capitalino.
De acuerdo con el CNE, ese comité no reportó en sus cuentas entregadas a mediados de marzo el ingreso de un crédito de 6 millones de pesos. También le pidió documentos que certifiquen la donación de personas jurídicas que apoyaron la recolección de firmas, entre ellos el Polo Democrático, la CUT, la Unidad Nacional de Empleados Bancarios, entre otros.
En semanas anteriores, el mismo tribunal electoral anunció que determinará si las solicitudes de revocatoria del mandato que tiene la Registraduría cumplen con los requisitos legales y no están bajo otros intereses, como un conflicto político, lo que en la práctica fue un ‘salvavidas’ para Peñalosa y para los demás mandatarios amenazados por este proceso. Todas esas situaciones han llevado a muchos a preguntarse si es viable que aflore un proceso de revocatoria en el país.
En Colombia actualmente hay 107 procesos de revocatoria, según la Registraduría, de los cuales solo tres se han realizado: Ocaña, Norte de Santander; El Copey, Cesar; San Benito Abad, Sucre, pero ninguno alcanzó la votación mínima para sacar de su despacho al mandatario municipal.
Son varias las razones para que un proceso de revocatoria no prospere; esos vacíos tocan tanto a los comités revocatorios, como a los mandatarios que ven amenazada su continuidad en el poder y la falta de claridad por parte de las instituciones que regulan el proceso.
Lo primero es entender las distintas etapas de la revocatoria, pues cada una tiene sus propios inconvenientes. La primera es la recolección de firmas. En muchas ocasiones los comités presentan firmas de personas que no son de la circunscripción sobre la cual se va a iniciar la revocatoria. Por ejemplo, si la revocatoria es contra el alcalde de Bogotá, no sirven firmas de votantes de Chía.
También han presentado problemas los formatos que se usan para esa recolección. Estos deben ser los establecidos por la Registraduría, pero en ocasiones son usados los que elaboran los comités. Lo otro es que las personas que deciden apoyar el proceso de revocatoria deben llenar, con su puño y letra, todas las casillas del formulario, no solo su firma. Todo esto sin contar las presiones que pueden existir para revocar a un mandatario en zonas de conflicto.
Si el comité logró superar las firmas y la revocatoria ya está convocada, el mecanismo de participación ciudadana se puede enfrentar el mismo día de la votación por varias maniobras que juegan con el umbral de participación y terminan hundiendo la jornada.
El abstencionismo podría ser uno de los problemas. Estrategias para que la gente no salga a votar podrían aflorar en el momento de la jornada o que por coincidencia caiga en una fecha de fiesta, como la votación en Remolino que se iba a realizar este domingo que pasó y que coincide con el día del Día del Padre.
La Misión de Observación Electoral, MOE, también tiene una lista de factores que pueden frustrar los procesos de votación de las revocatorias. Limitar el acceso a los puntos de votación o intimidar a los votantes son problemas que se han detectado en jornadas como estas: «poner a unas personas a que anoten quiénes entran a los puestos de votación genera presiones sobre el electorado. O que una multitud de personas esté al ingreso del puesto para insultar a los participantes de la genera otras presiones», explicó Camilo Mancera, coordinador del Área Jurídica del MOE.
Teniendo en cuenta que en buena parte de los municipios del país, especialmente en los más pequeños, la principal fuente de trabajo es la propia administración, los votantes podrían temer represalias.
Otro de los puntos es el uso de acciones judiciales para frenar de alguna manera el mecanismo de participación. Por medio de tutelas y demandas, ambas partes aplazan o suspenden los procesos de revocatorias y limitan a las autoridades electorales de ejercerlos.
Por eso, según el MOE, la autoridad electoral debe ser clara en los requisitos para la recolección de firmas, que es el primer paso para que el proceso de revocatoria surta efecto. «No hay claridad para lo que se exige de la recolección y los comités tampoco se fijan en lo que hay que hacer para no afectar el proceso. En resumen es falta de difusión y falta de interés para hacerlo», advirtió el MOE.
También existe poca claridad de las autoridades electorales y judiciales para que definan qué puede hacer y qué no un alcalde cuando se enfrenta un proceso de revocatoria. Lo normal es que un mandatario ponga en práctica una serie de recursos para protegerse de una intención de sacarlo de su despacho por esta iniciativa. ¿Hasta qué punto puede usar o no un burgomaestre esas maniobras?
Como ese tema no está regulado, podrían empezar a darse algunos excesos, como mal uso de recursos de la administración para defender su gestión, campaña en tiempos no permitidos o exagerar en publicidad que hable de los avances de su administración.
Es por eso que si no se llega a una reglamentación frente a los procesos de revocatoria, las más de 100 que hay en curso podrían terminar en solo una aspiración y los municipios en un desgaste político en vista de quienes defienden o atacan al mandatario local.
La sala plena del Consejo Nacional Electoral se reunió el pasado martes 13 de junio para estudiar la ponencia de la magistrada Yolima Carrillo, que pedía archivar la revocatoria contra el alcalde de Remolino, Magdalena, por vicios en el procedimiento.
José de Jesús Nolasco Hernández, de Opción Ciudadana, ganó la alcaldía de ese municipio por un estrecho margen, 2.207 votos contra 1.774 que obtuvo Luis Alfonso Vidal, el candidato del Partido de La U. Según se pudo establecer el magistrado Armando Novoa pidió rotación de la ponencia a su despacho para analizar puntos de ese expediente.
La votación se trasladó para el martes 20, dos días después de programada la revocatoria, por lo que se ordenaron las medidas cautelares por parte de un juzgado.
La norma establece que la rotación de un expediente se solicita para revisarlo y obtener mayor conocimiento para emitir el voto, pero se conoció que este ya había sido votado el día 7 de junio, con la participación del magistrado Novoa. Votación que quedó 5 votos a favor y 2 en contra (había 2 ausencias).
Por esa razón, la sala plena designó a un conjuez, ya que se requiere mínimo 6 votos para aprobar o negar una decisión contenida en las ponencias. El pasado martes 13 la sala fue convocada solo para votar el expediente con presencia del conjuez.
El magistrado Novoa dijo que «pidió la rotación del expediente, pues había una decisión de mayo del Tribunal Superior del Magdalena en la que rechaza una acción de tutela presentada por el alcalde de Remolino para frenar su proceso».
Novoa entregó nuevamente el expediente al día siguiente, el martes 14 en la mañana, para que fuera estudiado por la sala plena, pero esta no se pudo realizar para la votación en vista de que solo estuvieron cuatro magistrados, Ángela Hernández, Bernardo Franco, Héctor Elí Rojas y él.
