La Fiscalía General de la Nación en su primera actuación determinó que hubo peculado en el proyecto de REFICAR por $ 610.000 millones de pesos e imputó cargos contra 8 funcionarios, entre los que están 5 funcionarios de REFICAR, 2 ejecutivos de CBI y un ex vicepresidente de Ecopetrol.
La Fiscalía evidenció pagos con cobros irracionales, desproporcionados y algunos sin relación al proyecto.
Más de una década después de que se le diera vía libre a uno de los más ambiciosos proyectos de infraestructura para garantizar la continuidad en el suministro de combustibles en el país, la Fiscalía encontró evidencias de que en la modernización de la refinería de Cartagena se dio un saqueo de las finanzas nacionales por $ 610.000 millones de pesos.
Por su presunta responsabilidad en las irregularidades que llevaron a ese millonario desfalco, fueron citados a imputación de cargos para el próximo 7 de junio (8) ocho ex directivos de Reficar, Chicago Bridge and Iron (CB&I) y Ecopetrol, entre ellos los expresidentes de la refinería Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yáñez. Los citados tendrán que responder por interés indebido en la celebración de contratos, peculado, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento, y podrían recibir condenas de más de 20 años de prisión en caso de ser encontrados culpables.
Los investigadores documentaron seis modalidades que habrían sido usadas para quedarse con plata de los colombianos. Ahora se indaga con el apoyo de agencias de los Estados Unidos si parte de esos recursos terminaron siendo usados en proyectos de ingeniería en otros países.
Según la investigación de la Fiscalía, se pagaron facturas por bienes o servicios que no se prestaron, subcontratistas recibieron dinero sin autorización, gastos como en ‘bebidas alcohólicas y servicio de spa fueron cargados a la cuenta del erario’, se duplicaron costos y se hicieron giros a personas que suministraron equipos que nunca se usaron en el proyecto.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, explicó que todos estos pagos fueron “irregulares, irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto” y se hicieron teniendo como soporte cuatro acuerdos firmados en 2014 entre REFICAR y CB&I.
Por cuenta de esos memorandos, REFICAR pagó, por ejemplo, por los servicios de 237 personas que supuestamente trabajaban para uno de los subcontratistas, pero que en realidad nunca ingresaron a la refinería, o por el alquiler de más de 50 grúas para las que no había los operarios suficientes para manejarlas y, por tanto, no eran usadas. Además se giraron más de $ 5 millones de dólares a una empresa en Texas para el montaje de tubería. Aunque el contrato incluía mano de obra, se hicieron cobros por ese rubro.
La Fiscalía documentó que se gestionaron pagos por más de $ 63 millones de pesos por cuenta de viáticos a funcionarios que pidieron que ‘les reembolsaran el dinero que gastaron en licor y un servicio de spa’. En esas solicitudes no había soportes de los gastos y ni siquiera aparecían registros de los tiquetes aéreos para establecer que realmente habían viajado en comisión de trabajo.
Nuevos investigados
Esta es solo la primera fase de tres líneas de investigación que adelanta la Fiscalía.
En una segunda etapa se indaga la selección de Glencore (que según expertos no tenía experiencia en la construcción de refinerías) como socio en 2006 y la contratación de CB&I un año después. Igualmente se examina la salida del negocio de Glencore en 2009, cuando argumentó “un evento imprevisto, imprevisible e irresistible”.
En esa línea de investigación fueron citadas a interrogatorio ocho personas, entre ellas los ex presidentes de Ecopetrol Isaac Yanovich y Javier Genaro Gutiérrez, y a declaración juramentada otras 12, incluyendo al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Se busca establecer en qué condiciones Ecopetrol pagó más de $ 500 millones de dólares a Glencore cuando dejó el proyecto y, especialmente, por qué las directivas de Ecopetrol y de REFICAR de la época no hicieron efectivas cláusulas de incumplimiento.
“Se pasaron por la faja la ley y los Conpes. No era posible que el Estado, que somos todos los ciudadanos, asumiéramos el riesgo de este proyecto. Y, para beneficiar a Glencore, en una decisión que está valorando en este momento la Fiscalía, terminaron asumiendo todo el riesgo a cargo del presupuesto público”, cuestionó el fiscal Martínez.
En marzo pasado, la Contraloría General abrió una investigación formal contra exdirectivos de REFICAR, 18 de Ecopetrol y seis de las firmas contratistas, y estimó los daños en $ 17 billones de pesos.
REFICAR expidió un comunicado en el que señala que ha venido colaborando con las autoridades y que lo seguirá haciendo. “Este hecho no afecta el funcionamiento normal de la nueva Refinería de Cartagena”, señaló la empresa.
Siete ex directivos son citados a interrogatorio
Con el fin de establecer si hay otros implicados en las irregularidades, la Fiscalía citó a interrogatorio a siete ex directivos del sector petrolero, cuyas declaraciones harán parte del expediente para establecer si se les imputan cargos o no. El ente acusador les preguntará de qué forma Glencore fue elegido como socio estratégico y por qué se permitió su salida en el 2009.
Se trata de los ex presidentes de Ecopetrol, Isaac Yanovich y Javier Genaro Gutiérrez, y de Jaime Leonardo Flórez Muñoz, ex gerente de refinanciación de la petrolera. De REFICAR serán escuchados Jorge Enrique Carvajal, presidente de la refinería entre el 2006 y 2008, y el vice presidente de preparación de esa firma, Andrés Virgilio Riera.
La Fiscalía también interrogará a Richard Cohen, quien fue representante legal de Glencore hasta el 2009, año en el que la cuestionada firma se retiró del proyecto; a Sergio de la Vega Jiménez, ejecutivo de esa empresa en el 2007, así como a Christian Augusto Mantilla Daza, director del proyecto Foster Wheeler & Process Consultant Inc.
El ente acusador escuchará en versiones libres (como testigos, sin vinculación formal al caso) a los exintegrantes de la junta directiva de Ecopetrol, entre ellos el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. También serán escuchados Óscar Iván Zuluaga, jefe de esa cartera entre el 2006 y el 2010, y Fabio Echeverri Correa, María Elena Vásquez, Joaquín Moreno, Carolina Rentería, María Paula Jaramillo, Bernardo Rodríguez, Juan Nicolás Rubio, Diana Calixto, Orlando Díaz (gerente de la refinería de Barrancabermeja) y José A. Marrugo.
La USO había advertido de las irregularidades
En el año 2008 en que empezó a ejecutarse el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la USO inició un proceso de denuncias y advertencias de la inconveniencia para el país del contrato firmado con Glencore y a su vez el que se firmó entre la sociedad REFICAR y CB&I con la modalidad de gastos reembolsables.
Después de la salida de Glencore y cuando Ecopetrol asume de nuevo el control de la Refinería, se hallaron una serie de irregularidades ocurridas durante 12 años en el proceso de construcción y desarrollo de las nuevas instalaciones; muchas de ellas se pusieron de pleno conocimiento de los entes de control.
Por su parte la USO (Unión Sindical Obrera) —el sindicato más importante de Ecopetrol— considera que la Fiscalía General de la Nación debe vincular en las investigaciones a los miembros las juntas directivas de Ecopetrol desde el año 2006, fecha en la que vendieron el 51% de la Refinería de Cartagena de propiedad de Ecopetrol a la multinacional suiza Glencore, hecho que constituye el primer descalabro en este proceso, hasta finales del año 2015, fecha de culminación del proyecto de modernización de la refinería de Cartagena.
