(En el «ojo del huracán» Richard Aguilar y Elkin Bueno).
En las últimas horas se ha conocido un pronunciamiento del doctor Jaime Ardila Barrera, Auditor General de la República, por cuenta de más de 19.000 contratos que han firmado en solo 4 meses de lo que va corrido el año 2012 por parte de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barrancabermeja y que pasan los $ 300.000 millones de pesos. Según la Auditoría General de la República (AGR), entre enero y abril de este año, la Gobernación, las Alcaldías, hospitales públicos y empresas de servicios públicos de esta zona del país afanaron el paso de la contratación y celebraron compromisos con aparente desconocimiento de los principios de la contratación estatal por lo que se ha ordenó a las contralorías departamentales hacerle un seguimiento especial a todos los contratos y convenios firmados hasta ahora.
Según la AGR, bajo la lupa del control fiscal deben estar los contratos amarrados a anticipos, los de salud, los de prestación de servicios, lo que se celebraron con entidades de carácter privado a través de convenios interadministrativos y los compromisos efectuados con entidades sin ánimo de lucro. También aquellos como asociaciones, corporaciones, fundaciones y universidades. Algunos de estos están amarrados a anticipos, especialmente los de prestación de servicio en donde «no es dable el pago del anticipo ya que su ejecución debe darse de manera periódica, lo cual implica que los pagos se deben efectuar de la misma forma».
Estos contratos fueron adjudicados por las siguientes entidades: Gobernación de Santander; alcaldía de Barrancabermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Floridablanca y San Vicente de Chucurí; la Universidad Industrial de Santander (UIS); el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, la Empresa de Aseo de Bucaramanga, la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil (ACUASAN) y Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP; el Hospital Universitario de Santander, la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), la Empresa Social del Estado (ESE) Barrancabermeja, la ESE Hospital Regional de San Gil, la ESE Hospital Regional de Velez y la ESE Clínica Guane (Floridablanca); y la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social (EDUBA).
Jaime Ardila, auditor general de la República, advirtió que estos contratos pasarán a ser investigados minuciosamente para hallar presuntas irregularidades y que son calificados de riesgosos porque «así nos lo indica nuestra matriz de riesgo, que es el resultado de auditar más de un millón de contratos en el país».
En los primeros cuatro meses del año, se adjudicaron 17.691 contratos sin atender a los procesos objetivos de selección, que ascienden a la suma de $296.508 millones (el 85% de la cuantía total de contratación) y representan el 90% de la totalidad de los compromisos, mientras que los suscritos a través del procedimiento de licitación pública son equivalentes a sólo el 8,4% del valor total adjudicado, unos $10.574 millones.
Jaime Ardila, (el Auditor General de la República), asegura que una de las mayores preocupaciones es la cantidad de contratos que se han adjudicado de manera directa, en casos donde se podrían efectuar a través de otras modalidades. «La contratación que es directa, (sin licitación pública), es riesgosa ya que por algún interés no se sometió a la selección objetiva, quizás se quiera desviar el proceso o por qué no, favorecer a alguien.
Lo mismo sucede con los convenios interadministrativos que sólo se pueden efectuar con otra entidad pública y no con privados, algún interés debe haber, más allá del simple desconocimiento de la normatividad».
En cuanto a los contratos de salud, que representan el 28% del número total (6.611) y $86.650 millones en cuantía, la Auditoría –que ya había dado la orden a las contralorías territoriales de crear una línea de vigilancia especial a este tipo de contratos- le preocupa los relacionados con la compra y facturación de medicamentos. Además se encontró excesiva y cuantiosa contratación de prestación de servicios por parte de hospitales públicos y también varios contratos, a través de la modalidad de contratación directa, con entidades sin ánimo de lucro, detalla.
También se evidenció contratos de salud que fueron adjudicados a un mismo contratista, a los cuales la Auditoría recomendó un seguimiento especial, como por ejemplo los suscritos por prestación de servicio por parte de Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (ESE ISABU).
En lo relacionado con la celebración de convenios interadministrativos, la Auditoría General encontró que la mayoría de estos se suscribieron con empresas y entidades privadas, teniendo en cuenta que es un procedimiento que se aplica solamente entre entidades públicas. También alerta de convenios en donde el contratista subcontrata con un particular quien es el que en realidad ejecuta el contrato.
Frente al tema de la contratación con entidades sin ánimo de lucro, según la Auditoría, el riesgo se centra en que se contratan de manera directa y en algunos casos se realizan los procesos desconociendo normas vigentes que exigen la selección objetiva. De acuerdo con el informe de la Auditoría, «por esta modalidad se ha detectado un número importantes de contratos con objetos disímiles desde la construcción hasta el suministro de alimentos que, en muchos casos, debieron haber sido adelantados a través de licitación pública o subasta inversa». En cuantía, estos compromisos tienen un valor de $85.156 millones.
La Auditoría General de la República también dijo que se está investigando sobre posibles existencias de nóminas paralelas en las entidades del departamento debido a la excesiva contratación de prestación de servicios.
Frente a las observaciones de la Auditoría General de la República, Jairo Jaimes Yáñez, gobernador (e) de Santander, respondió que: «somos una Administración de puertas abiertas. La ciudadanía puede tener la seguridad de que aquí no hay la más mínima tolerancia con cualquier tipo de actos irresponsables en el manejo de los asuntos públicos. La Auditoria nos ha hecho dos observaciones: uno frente a la transferencia de recursos a la Universidad Industrial de Santander (UIS), la cual fue autorizada en diciembre pasado por la administración departamental de ese entonces. La segunda, tiene que ver con un contrato con un instituto de la Diócesis de Barrancabermeja para cubrir la insuficiencia educativa del departamento, estudio que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Educación; este servicio se viene contratando con esa entidad religiosa hace más de 16 años. En ambos procesos se observaron cabalmente todas las normas de contratación. En lo que tiene ver con las empresas sociales del Estado, del orden descentralizado, los municipios y demás entes objeto de las observaciones de la Auditoria esperamos que ellas puedan dar las respectivas claridades del caso. Que quede claro, aquí no hay la más mínima tolerancia con cualquier tipo de actos irresponsables en el manejo de los asuntos públicos.»
