Por: Daniel Samper Pizano
La elección popular de alcaldes, que quiso ser un avance democrático, se ha convertido en motor de corrupción. Hace tres décadas surgió la inquietud de democratizar la empolvada Constitución de 1886 y desmontar algunos de sus tics centralistas. Álvaro Gómez Hurtado, constante agitador de ideas, propuso una reforma constitucional que creyó modernizadora y que se concretó en el Acto Legislativo No. 1 de 1986.
Según este, «los alcaldes serán elegidos por el voto de los ciudadanos». Cinco años después, la nueva Constitución avanzó aún más en materia de regímenes regionales, y a la libre elección de alcaldes añadió la de gobernadores y mayor autonomía en el manejo de presupuestos.
La Carta del 91 y posteriores retoques de algunos artículos hicieron de Colombia un país más democrático. Pero, sin proponérselo, inyectaron nuevos caudales al río de corrupción que ahora nos ahoga. La dosis masiva de participación popular que iba a limpiar las venas de la democracia colombiana no se ha dado. En cambio, numerosos municipios están en poder de mafias que controlan las elecciones a punta de plata y plomo y ordeñan luego las arcas municipales sin recato ni control.
Los medios de comunicación no se cansan de denunciar. Transparencia Colombia (TC) advierte que casi la mitad de los municipios ofrece riesgos altos o muy altos de corrupción y el martes pasado la Procuraduría destituyó a la alcaldesa de Armenia por malos manejos. Pero estos son tímidos suspiros frente a la avalancha de podredumbre que aplasta al país. El 9 de enero cumplió Bodas de Plata la elección de alcaldes, y, haciendo el balance de los efectos positivos y negativos que produjo, es evidente que ha sido un cáncer para Colombia. Un cáncer rebosante de democracia. Pero un cáncer.
No es que los políticos indelicados no robaran antes, no: empezaron a robar en el siglo XIX. Pero en otros tiempos eran víctimas de las tentaciones del dinero público y hoy, en cambio, llegan con la voluntad expresa de enriquecerse. Es verdad que había corrupción antes del cambio constitucional; pero al menos era más fácil prevenirla y más expedito destituir y sancionar a los delincuentes.
Son hijos diabólicos de este sistema los carruseles de contratación y los servicios electorales de grupos armados. Los ciudadanos votan cada vez menos, y el dinero y las armas votan cada vez más. La guerrilla interviene en las elecciones a balazos. La parapolítica no es más que una alianza entre el terror, la plata y los cacicazgos para asaltar el Estado. Muchos grupos paramilitares cobran su colaboración exigiendo la entrega de las entidades de salud pública, en tanto que patrocinadores y amiguitos aspiran a golosos contratos. Los unos pagan así la nómina de sus bandas violentas y los otros reparten el pastel con funcionarios venales. Calcula TC que el 70 por ciento de los contratos de las alcaldías se adjudica sin licitación, y más de la mitad, con un solo proponente.
Recientes informes de Mauricio Gómez en CM& mostraron cómo las jugosas regalías carboníferas y petroleras de algunos municipios fueron a parar a bolsillos particulares, mientras la población sigue tan pobre como antes. El jueves, la Misión de Observación electoral alertó sobre el interés de grandes empresas mineras por injerir en determinadas campañas en Santander y otras regiones auríferas.
¿Nadie adivinó hace 25 años la calamidad que amenazaba al país? Sí. Alberto Lleras temía que iba a disparar la corrupción, y así ha sido. Algunos casos avalan el experimento: Bogotá hasta hace dos años, Medellín, Barranquilla y Cartagena ahora. Pero lo condenan muchos otros: el Magdalena, Cali casi siempre, Cartagena antes.
La búsqueda de alcaldías con generosos botines interesa por igual a los políticos sin escrúpulos, los intermediarios electorales violentos y los empresarios que prefieren pagar sobornos antes que denunciarlos.
O aplicamos soluciones de urgencia o la corrupción nos destruye. Es hora de aceptar que el remedio democrático de la elección de funcionarios regionales ha sido peor que la enfermedad centralista y que conviene enmendar la receta.
Daniel Samper Pizano es un periodista que usted puede contactar en el correo electrónico [email protected]
