El pasado jueves 9 de mayo, las 4:50 pm, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, una camioneta de placas KJR-092 de Floridablanca (Santander) vehiculo al servicio de la empresa CONFIPETROL, se salió de la vía que de Barrancabermeja conduce a Bucaramanga en el sector del vivero «Los Frailejones» en cercanías de la Bomba Yarima, chocando contra un vehículo Renault Sandero de placas KGX-815 (propiedad del ingeniero Pedro Quiroga de la empresa MAG INGENIEROS) quien tenía su carro estacionado en el parqueadero al frente del vivero. Por cuenta del choque los vehículos rodaron a un abismo de aproximadamente 15 metros.

«Más que proyectos queremos una Barrancabermeja competitiva, sostenible e insertada en los mercados internacionales», le dijo, Hernando Flórez, a los miembros de la Curia.
El pasado martes 7 de mayo, en las instalaciones del seminario San Pedro Claver se realizó el Encuentro de Sacerdotes de Barrancabermeja, evento que presidió Monseñor, Camilo Castrellón, Obispo del puerto petrolero y en el que participó el Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio local, Hernando Flórez Anaya, quien presentó el pilar de Fortalecimiento Económico definido en el Gran Acuerdo Social por Barrancabermeja, ciudad región 100 años.

Familiares de la víctima consideran que la sentencia fue muy baja para el criminal. 

Luís Ignacio Hincapié Ramírez, alias ‘Botija’ fue condenado a 25 años de prisión luego de que las autoridades comprobaran que fue el homicida de la dama barranqueña, Ruby Stella Serpa Bayona, de 44 años de edad, (muy conocida en el barrio El Parnaso del puerto petrolero), cuyas partes de sus cuerpo fueron halladas el 22 de julio de 2012, en un canal de aguas de Fontibón (occidente de Bogotá). Para los familiares de doña Ruby la sentencia fue muy baja debido a que el cuerpo de la mujer fue desmembrado y tirado a la basura por parte del homicida.

La Ciudad Futuro, (la Barrancabermeja del alcalde Elkin Bueno Altahona), alcanzó durante el pasado mes de abril la más alta tasa de homicidios de los últimos años, dejando un total de 6 víctimas mortales, entre ellas un menor de 15 años de edad cuyo crimen, incluso, provocó unas desafortunadas declaraciones del secretario de Gobierno, Fernando Acuña, que dejaron mal parada a la Administración Municipal en materia de orden público.

El ministro del Interior anunció que el papel de quienes defienden los Derechos Humanos recobrará especial importancia en una etapa de postconflicto.

El pasado viernes 3 de mayo en la ciudad de Barrancabermeja el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, exaltó la labor de los defensores de los Derechos Humanos de la región, y aseguró que se tomarán medidas protección, así como también la implementación de unas políticas públicas en este tema. Precisamente, la Defensoría del Pueblo había emitido el año pasado una alerta temprana, particularmente para Barrancabermeja, debido a que existe riesgo de que empiecen a operar bandas criminales que conspiren en contra de estos servidores de la sociedad.

A partir de ahora la ciudadanía deberá estar vigilante para que se cumpla el convenio.
Luego de una fuerte presión por parte de la comunidad y de algunos medios de comunicación en la ciudad, entre ellos BARRANCABERMEJA VIRTUAL, la Alcaldía de Barrancabermea por fin dio luz verde al convenio que permite que, a través de la Administración Municipal, se le garantice almuerzo gratuito a los adultos mayores en las diferentes asociaciones existentes en la ciudad.

(En Santander, la controvertida EPS dejó mas de 400.000 afiliados).
El superintendente nacional de Salud, Gustavo Morales Cobo, anunció la liquidación de la EPS Solsalud, entidad controlada por el grupo del ex congresista Luís Alberto Gil Castillo. El funcionario, quien aclaró que sobre la entidad pesaba desde hace 14 meses una medida de intervención forzosa administrativa, sostuvo que “los lamentables hechos de los últimos días ponen en evidencia que Solsalud podría haber incurrido en conductas que vulneran el derecho a la salud, como impedir u obstaculizar la atención inicial de urgencias y poner en riesgo la vida de las personas de especial protección constitucional.