En las horas de la tarde del martes 15 de febrero, el juez 14 con función de control de garantías de Bogotá, por solicitud de la Fiscalía, aseguró al abogado Ramón Ballesteros Prieto, como presunto responsable, en calidad de autor, del delito de soborno en actuación penal. De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima, UNAIM, Ballesteros Prieto le habría ofrecido 100 mil dólares al ex paramilitar desmovilizado David Hernández López, para que cambiara su versión en el juicio que la Corte Suprema de Justicia adelanta en contra del ex senador Luis Alberto Gil. En la audiencia pública, Ramón Ballesteros aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
La Fiscalía pidió que el abogado sea juzgado por el delito de soborno.
Uno de los mayores escándalos en la justicia protagonizó el abogado Ramón Ballesteros en su intento por defender al ex senador Luis Alberto Gil, en el conocido caso de la ‘parapolítica’. Ballesteros, abogado de Luis Alberto Gil, fue sorprendido por una grabación en la que se muestra un supuesto soborno a un testigo. La Corte Suprema dictaminó su captura inmediata en medio de audiencia y luego de que el testigo David Hernandez López, ex paramilitar que comparece hoy ante el alto tribunal revelara un video para sustentar su denuncia sobre un soborno de 100 mil dólares para cambiar su testimonio y salpicar al magistrado Iván Velásquez, principal investigador del nexos entre políticos y los grupos de autodefensa.
El reconocido abogado santandereano podría ser juzgado por el delito de soborno. También podría ser investigado por el delito de fraude procesal.
Ballesteros salió, esposado, del Palacio de Justicia. «Todo esto se va a aclarar, todo esto se va a aclarar, dijo mientras era sacado por seis agentes de la Dijín. Además, al allanar su oficina, se encontraron 100 mil dólares.
En el video, al parecer grabado por la DEA el 9 de febrero en Virginia, Ballesteros le habría dicho a Hernández que viene de parte de los jefes paramilitares ‘Botalón’, ‘Ramón Isaza’ y Julián Bolívar, pues su testimonio es clave por ser el único que la defensa de Gil no ha podido controvertir.
Al parecer, en el video, el jurista asegura que muchos de los políticos que supuestamente tenían alianzas con el Bloque Central Bolívar «ya tienen sus coartadas» y cita como ejemplo al ex senador santandereano Oscar Reyes, quien aseguró haber estado en una gira proselitista el mismo día en que al parecer se producía una reunión entre políticos y paramilitares.
En la grabación, se escucha decir a Ballesteros: que «el asunto es que yo no puedo entregar eso solo, tendría que venir acompañado», supuestamente en referencia al dinero y añade no hay forma de que puedas viajar, por acá cerca, como a Puerto Rico, República Dominicana o México, ¿o no tienes en Colombia alguien de confianza?».
Hernández López fue citado para declarar en la audiencia contra el ex senador Luis Alberto Gil, quien se convirtió en un fenómeno electoral en el 2002 por la copiosa votación que logró su Partido, el desaparecido Convergencia Ciudadana. Gil es investigado en la actualidad por supuestos nexos con paramilitares.
En esta audiencia, Hernández López pidió permiso para hacer la denuncia. Aseguró que le ofrecieron 100 mil dólares para que cambiara su testimonio e involucrara al magistrado Iván Velásquez, quien lleva la investigación de la ‘parapolítica’, en manejos irregulares de testigos y manipulación de pruebas.
Hernández afirmó haber sido contactado en Estados Unidos por el abogado Ramón Ballesteros, apoderado de Luis Alberto Gil, quien le ofreció los 100 mil dólares a cambio de que se retractara de todo lo que ha dicho, especialmente sobre un encuentro entre paramilitares del Bloque Central Bolívar con políticos santandereanos. La reunión se conoce como ‘reunión de Chicamocha’.
Hernández presentó grabaciones en las que, supuestamente, el abogado Ballesteros le explica qué debe decir y hacer para sacar de prisión a Gil y otros políticos.
«Con lo que tu digas, vamos a sacar a todos los políticos que estan presos en La Picota», le habría dicho Ballestreros al ex para, según reveló.
Quién es Ballesteros
Ballesteros es reconocido por sus actividades en el mundo de la política y los estrados judiciales. Recientemente defendió a Yidis Medina, la ex congresista santandereana que fue acusada de recibir dádivas a cambio de su voto en favor de la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
Hace unos años, el nombre de este abogado fue considerado como uno de los posibles candidatos a la Gobernación de Santander o a la Alcaldía de Bucaramanga.
Afrontaría otros cuatro delitos además de soborno
Expertos penalistas explicaron que el abogado, además podría ser investigado por otros cuatro delitos.
En el caso del delito por soborno tendría una pena de 1 a 5 años de prisión; pero a este cargo se podría sumar el de fraude procesal.
Juristas consideran que Ballesteros también podría enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito, si no logra demostrar el dinero que fue encontrado en su oficina, concierto para delinquir, obstrucción a la justicia y favorecimiento.
El código penal establece para esos delitos las siguientes penas:
Favorecimiento: El que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en arresto de seis (6) meses a cuatro (4) años.
Fraude procesal: El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un empleado oficial para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.
Concierto para delinquir (modificado): Ley 365 de 1997, Art. 8. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese solo hecho, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Soborno: El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.
Enriquecimiento ilícito (subrogado): Ley 190 de 1995, Art. 26*. El empleado oficial que por razón del cargo o de sus funciones, obtenga incremento patrimonial no justificado, siempre que el hecho no constituya otro delito, incurrirá en prisión de uno (1) a ocho (8) años, multa de veinte mil a dos millones de pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de dos (2) a diez (10) años.
