Pasado un mes desde el 2 de marzo, día en el que comenzó el derrame de crudo y con ello la emergencia ambiental, los senadores citantes: Manuel Guillermo Mora Jaramillo (Partido de la U), Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio Radical) y Jorge Robledo Castillo (Polo Democrático) denunciaron «el impacto ambiental y social del derrame de hidrocarburos» ocurrido a 200 metros del pozo 158 del campo Lizama, que había sido explotado por Ecopetrol, en el corregimiento La Fortuna zona rural del municipio de Barrancabermeja.
Sobre las consecuencias del derrame de crudo el senador Manuel Guillermo Mora Jaramillo, señaló, “la mancha se extendió cerca de 30 kilómetros, hay más de 2.500 animales muertos, aproximadamente 16.000 cabezas de ganado afectadas por la contaminación del agua y los pescadores de la zona”. Otras cifras que exponen la magnitud de la tragedia, según información oficial de Ecopetrol, indican que 550 barriles de crudo lograron llegar a los afluentes La Lizama y Caño Muerto, que afectó los habitantes del sector: 79 personas que habitaban en 19 viviendas debieron ser reubicadas y 2.770 árboles se sumaron a las consecuencias.
Según Ecopetrol, los antecedentes en materia de derrames de petróleo, entre el 2008 y el 28 de febrero de 2018, sin incluir el de Lizama, se han presentado 1004 incidentes operacionales en los que se han vertido sobre el entorno 534 mil barriles de petróleo y derivados. Cifras que no contemplan los atentados terroristas.
A su turno el senador Jorge Robledo Castillo sobre las responsabilidades de lo ocurrido en materia ambiental y social, afirmó, “al fin esto es un debate de responsabilidades, el Estado colombiano tiene que responderles a los compatriotas, porque así no se sepa muy bien que fue lo que pasó, no pueden ser los prestadores los que paguen los platos rotos”. El senador del Polo señaló a Ecopetrol como el principal responsable de esta catástrofe y también determinó “responsabilidades oficiales”, a los ministerios de Ambiente y Minas, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La senadora Maritza Martínez, reclamó la tardía intervención de la ANLA, entidad que esperó 9 días para iniciar seguimiento, 12 días para desplazar personal al lugar de la tragedia ambiental y 20 días para iniciar una investigación preliminar. La congresista llanera fue enfática al señalar, “la responsabilidad recae sin duda alguna en Ecopetrol, pero también en las autoridades ambientales y en la debilidad normativa e institucional”.
Para la senadora Daira Galvis Méndez la tragedia ambiental se había podido evitar con mayor eficacia, pues por malos mantenimientos en el pozo 158 se generó filtraciones en el revestimiento construido precisamente para evitar fugas, en palabras de la senadora cartagenera: “Sabemos hoy que realmente las manos de Ecopetrol si estaban moviendo el pozo”, eventos que antecedieron al afloramiento de crudo, razón suficiente para que la senadora de Cambio Radical, planteara la creación de una Comisión Accidental para el seguimiento permanente de las medidas que se tomarán para superar la más grave emergencia de crudo en el país, propuesta que fue acogida unánimemente por los senadores de esta célula legislativa.
Sobre la delicada situación que hoy embarga a las familias de los corregimientos aledaños a las zonas afectadas por la mancha de crudo, Galvis Méndez, manifestó: “Hoy el Estado tiene que asumir con seriedad lo que se está viviendo en la región de Barrancabermeja, especialmente en todos los corregimientos aledaños al derrame de petróleo en el Pozo Lizama 158 ya que sus pobladores no aguantan otro agravio más”.
Al cierre del debate el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo en medio de disculpas al país, se comprometió: “haremos todos los esfuerzos desde Ecopetrol, utilizaremos los recursos necesarios sin escatimar alguno, para atender la recolección de crudo y hacer todo el trabajo de limpieza”.
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