En Colombia se vive un momento de profunda tensión institucional. Un magistrado del Consejo de Estado suspendió el decreto que fijaba un incremento del 23% del salario mínimo y establecía un salario mínimo vital, una decisión que impacta directamente a 2,5 millones de personas que esperaban un alivio frente al aumento del costo de vida.
Para miles de familias trabajadoras, esta medida representaba una posibilidad real de mejorar sus condiciones materiales; sin embargo, la suspensión ha generado incertidumbre y malestar social.
Freno a la reforma pensional
A esto se suma la decisión de un magistrado de la Corte Constitucional de frenar la aplicación de la reforma pensional impulsada por el gobierno progresista de Gustavo Petro.
Dicha reforma contemplaba la entrega de un bono pensional para cerca de tres millones de adultos mayores que hoy no cuentan con una pensión digna.
La paralización de esta medida es vista por amplios sectores como un obstáculo para avanzar en justicia social y reducir la desigualdad histórica que afecta a la población envejecida.
Suspenden emergencia económica
En la misma línea, otro magistrado suspendió los efectos de la emergencia económica decretada por el gobierno para enfrentar el desfinanciamiento del presupuesto de 2026.
Esta decisión ha sido interpretada por simpatizantes del oficialismo como una señal preocupante que podría agravar la incertidumbre económica y alimentar un clima de desconfianza en los mercados y en la ciudadanía.
Excluyen a Cepeda de la consulta
El escenario político también se ha visto agitado por decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Un conjuez excluyó al precandidato progresista Iván Cepeda Castro de la consulta interpartidista para elegir candidato presidencial, argumentando su participación previa en otro proceso similar.
No obstante, en el mismo caso se aprobó la participación de Daniel Quintero Calle, quien también había participado en la consulta anterior. Esta aparente contradicción ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad de las decisiones.
Fallan contra las lista del Pacto
Asimismo, magistrados señalados por posibles conflictos de interés han fallado en contra de las listas del Pacto Histórico, lo que ha sido interpretado como un intento de limitar su participación democrática.
Paralelamente, el Congreso de la República, con mayoría opositora, ha hundido reformas clave sin un debate profundo, cerrando espacios de deliberación.
El uso del poder judicial con criterios políticos
Frente a este panorama, consideran que la respuesta debe ser más participación democrática. Por eso, hacen un llamado a salir con mayor vehemencia a votar este 8 de marzo por el Pacto Histórico, defendiendo en las urnas el proyecto político que busca transformar el país por la vía institucional y democrática.
