Sucedió lo que se había anticipado. No hacía falta ser prestidigitador ni adivino para advertir el alto riesgo que corría Adith Romero al frente de la Dirección de la Unidad para las Víctimas, bajo unas órdenes políticas difusas y marcadas por la influencia en la sombra de figuras como Gustavo Moreno y Alfonso Eljach.
Alertas tempranas
Diversos medios nacionales ya habían alertado sobre ese escenario, señalando que la permanencia de Romero estaba sostenida por equilibrios políticos frágiles y prácticas alejadas de las buenas costumbres administrativas.
La salida de Romero, finalmente, se dio en medio de un cúmulo de acciones irregulares que, según las denuncias conocidas, se apartaban de los principios de transparencia y buen gobierno que exige una entidad tan sensible como la Unidad de Víctimas.
Lo más lamentable
Lo más lamentable del episodio es que, de acuerdo con versiones de la prensa nacional, su retiro se produjo tras la fuerte presión ejercida por la controvertida senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.
Sus denuncias públicas se convirtieron en el detonante definitivo que aceleró una decisión que, aunque tardía, parecía inevitable.
Esto ocurrió pese a que desde semanas atrás el presidente Gustavo Petro había ordenado un relevo en la entidad, atendiendo a las crecientes alertas mediáticas y ciudadanas.
Romero parecía atornillado en el cargo
Sin embargo, Romero parecía “atornillado” en el cargo gracias al respaldo político del congresista Gustavo Moreno hoy en campaña política con Erwin Jiménez, lo que evidenciaba una preocupante resistencia al cambio en una institución que debería estar blindada de intereses partidistas.
La presión final llegó cuando Paloma Valencia denunció la firma de un polémico contrato de asesoría jurídica por un valor de 112.455 millones de pesos.
La irregularidad era evidente
El contrato fue adjudicado a la Corporación Colombia Digital, una entidad cuyo objeto social está orientado al desarrollo tecnológico y no a la defensa jurídica del Estado.
A este hecho se sumaron señalamientos por la firma masiva de 48 contratos en apenas 24 horas, según denuncias publicadas por El Espectador, lo que encendió aún más las alarmas.
La resistencia de Romero terminó cuando Mauricio Rodríguez Amaya, director del Departamento de Prosperidad Social, y por orden directa del presidente Petro, firmó el decreto de insubsistencia.
Con ello se cerró un capítulo que deja más preguntas que respuestas sobre el manejo político de la Unidad de Víctimas.
Crónica de un desastre anunciado
Diversos analistas y actores de la sociedad civil coinciden en que Romero, pese a su preparación académica y su origen humilde, corría el riesgo de ver truncada su gestión si no tomaba distancia clara de personajes asociados a la vieja política, como el senador Gustavo Moreno y el ex alcalde de Barrancabermeja Alfonso Eljach.
La sombra de ambos terminó, como se temía, por contaminar su mandato y debilitar la legitimidad de una institución clave para millones de colombianos afectados por el conflicto armado.
Las malas compañías
La Unidad de Víctimas no puede ser instrumentalizada ni puesta al servicio de intereses personales o electorales.
Al no marcar una ruptura definitiva con esas influencias, Romero pasó de ser visto como una promesa de renovación institucional a convertirse en una figura atrapada en las redes de la politiquería que tanto daño le ha hecho al Estado colombiano.
El llamado a la ciudadanía libre
Hoy, más que nunca, se abre un llamado a la ciudadanía libre y honesta para castigar con el voto a quienes encarnan esas prácticas.
No es admisible que personajes cuestionados, como Gustavo Moreno y su llave electoral Erwin Jiménez, aspiren nuevamente al Congreso. La democracia exige memoria, coherencia y un compromiso real con la ética pública.
