A lo largo de las últimas décadas, los políticos neoliberales han demostrado ser una amenaza real para la mayoría de la población, especialmente en ciudades profundamente desiguales como Bogotá.
Figuras como el alcalde Carlos Fernando Galán representan una visión de ciudad donde el mercado y los intereses privados se imponen sistemáticamente sobre las necesidades básicas de la gente.
La experiencia histórica y reciente confirma una verdad incómoda: este tipo de dirigentes jamás se pondrá del lado del pueblo cuando ello implique afectar las ganancias de los grandes empresarios.
El aumento exagerado del pasaje de TransMilenio es una prueba contundente de esta lógica.
En lugar de avanzar hacia la reducción de la desigualdad, decisiones como esta profundizan las brechas sociales existentes en Colombia, uno de los países más desiguales del planeta.
Para millones de personas trabajadoras, el transporte público no es un lujo, sino una necesidad diaria. Incrementar su costo de manera desproporcionada significa reducir el ingreso disponible de los hogares más pobres y limitar, en la práctica, su derecho a la ciudad.
Vincular el alza del salario mínimo a un incremento del 23% en el pasaje demuestra que el problema no es técnico, sino político.
Analistas independientes han señalado que el aumento del salario mínimo podría impactar la operación de TransMilenio entre un 5% y un 10% como máximo.
Sin embargo, la administración distrital optó por una subida muy superior, evidenciando que la prioridad no es la sostenibilidad social del sistema, sino la rentabilidad de los operadores privados.
La movilidad urbana no puede seguir secuestrada por intereses empresariales que se benefician mientras la ciudadanía paga la cuenta.
El derecho a la ciudad debe estar por encima del negocio.
No obstante, esta idea resulta incompatible con el pensamiento neoliberal que guía a políticos como Galán.
En lugar de explorar alternativas donde los empresarios asuman parte de los costos para reducir la desigualdad y mejorar el servicio, se recurre a campañas millonarias de comunicación para convencer a la gente de que el aumento del pasaje es “justo” e inevitable.
Es una estrategia que busca legitimar una decisión regresiva, no resolver el problema de fondo.
Además, subir el pasaje tiene efectos contraproducentes evidentes.
Lejos de mejorar el sistema, incentiva la evasión del pago, aumenta el número de personas coladas, desestimula el uso del transporte público y genera más informalidad y caos en el tráfico bogotano.
El resultado es un círculo vicioso que deteriora aún más la calidad de vida urbana.
Jamás podremos esperar de un político neoliberal una propuesta que toque los intereses de los más poderosos en favor del bienestar colectivo.
Para Galán y quienes comparten su visión, siempre será el pueblo quien asuma los costos, mientras unos pocos concentran las utilidades.
Por eso, el momento de cobrar estas políticas rentistas, enemigas del bolsillo de la gente y diseñadas para beneficiar a los empresarios del transporte, es ahora.
El voto popular debe ser una herramienta de castigo democrático: ni un solo voto para quienes insisten en gobernar contra la gente y profundizar la desigualdad en el país.
