Según Hanwen Zhang, experta en investigación de opinión pública y metodologías de encuestas, la publicación del estudio de Atlas Intel por parte de la revista Semana podría constituir una violación directa de la Ley 2494 de 2025, conocida como la ley de encuestas en Colombia.
Desde su perspectiva técnica y jurídica, el problema central no radica únicamente en la difusión de los resultados, sino en la forma en que el estudio es clasificado, presentado y comunicado a la opinión pública.
El estudio no cumple con los requisitos metodológicos
Zhang sostiene que, dentro del marco normativo del Consejo Nacional Electoral (CNE), el estudio publicado no cumple con los requisitos metodológicos para ser considerado una encuesta.
En la ficha técnica se señala que “los encuestados son reclutados orgánicamente durante la navegación rutinaria en la web en territorios geolocalizados en cualquier dispositivo”.
Este tipo de reclutamiento, explica la experta, no corresponde a un proceso de muestreo probabilístico, elemento esencial para que un estudio pueda calificarse como encuesta representativa de la población.
🚨 La publicación de la encuesta Atlas Intel por parte de la revista Semana sería ILEGAL, violaría lo especificado por la ley 2494 de 2025 (la ley de encuestas).
— Hanwen Zhang 🐲张汉文 (@hanwenzhang1982) January 10, 2026
1. El estudio, dentro del marco normativo del CNE, no sería una encuesta, sino un SONDEO. En la ficha técnica del… pic.twitter.com/i6ErEvNt0A
En consecuencia, el ejercicio metodológico debería clasificarse como un sondeo.
Esta distinción no es menor ni meramente semántica. La Ley 2494 es explícita al respecto: en su artículo 3 establece que “no podrán publicarse ni divulgarse sondeos sobre intención de voto electoral”.
Bajo esta lectura, si el estudio de Atlas Intel es efectivamente un sondeo —y no una encuesta— su publicación sobre intención de voto estaría expresamente prohibida por la legislación vigente.
Desde el punto de vista de Zhang, esto colocaría tanto a la firma investigadora como al medio que difunde los resultados en una situación jurídicamente cuestionable.
La experta también llama la atención sobre la forma en que Semana presenta el estudio a sus lectores.
Según su análisis, el artículo nunca utiliza el término “sondeo”, sino que se refiere de manera reiterada al ejercicio como una “encuesta”.
Para Zhang, esta omisión no es trivial, ya que puede inducir a error al público, otorgándole a los resultados un nivel de representatividad y rigor estadístico que, metodológicamente, no les corresponde. Mientras que una encuesta busca reflejar el comportamiento de una población definida, un sondeo solo ofrece una aproximación limitada, útil para detectar tendencias, pero no para hacer inferencias generalizables.
Desde esta óptica, la preocupación de Zhang va más allá del incumplimiento formal de la ley.
Lo que está en juego, afirma, es la calidad de la información que recibe la ciudadanía en un contexto electoral sensible. Presentar un sondeo como si fuera una encuesta puede distorsionar la percepción de la realidad política y afectar la formación de la opinión pública.
Finalmente, analistas independientes consultados advierten que el periodismo tiene una responsabilidad ética adicional cuando informa sobre estudios de opinión electoral.
Transparencia en la información como condición mínima
Más allá de las preferencias editoriales o los intereses económicos, la transparencia metodológica y el respeto por la ley son condiciones mínimas para no confundir a la ciudadanía.
Una sociedad democrática requiere medios críticos, pero también rigurosos, capaces de informar sin amplificar interpretaciones engañosas ni vulnerar el marco legal que regula la información electoral.
