La alcaldía de Carlos Fernando Galán intenta engañar a la ciudadanía al presentar el aumento del salario mínimo como una causa inevitable del incremento en la tarifa de TransMilenio.
Esta narrativa no solo es falsa, sino profundamente conveniente para quienes históricamente se han beneficiado de un sistema de transporte público diseñado más para garantizar rentabilidades privadas que para asegurar el bienestar colectivo de Bogotá.
El salario de los conductores representa un componente marginal
No es cierto que el alza del salario mínimo implique, de manera automática, un aumento mayor en la tarifa del sistema.
El salario de los conductores representa un componente marginal dentro de la estructura de la tarifa técnica.
Diversos análisis han demostrado que los costos laborales no son el factor determinante del déficit ni de las presiones financieras del sistema. Insistir en esta explicación es, en el mejor de los casos, una simplificación engañosa; en el peor, una estrategia deliberada para desviar la atención del verdadero problema.
TransMilenio es oligopolio privado
Ese problema de fondo es que TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá están cooptados por un oligopolio privado que obtiene beneficios empresariales extraordinarios, muy por encima de los promedios de otras industrias.
Estas ganancias no provienen de la eficiencia ni de la innovación, sino de contratos opacos, esquemas de pago garantizados y una transferencia constante de recursos públicos hacia unos pocos operadores.
En la práctica, se trata de rentas extraídas del erario, legitimadas por decisiones políticas que se presentan como técnicas e inevitables.
Con esta decisión tarifaria, Galán vuelve a mostrar para quién gobierna.
No le tiembla la mano para trasladar a los usuarios —en su mayoría trabajadores y sectores populares— la mínima afectación que el aumento del salario mínimo podría haber tenido sobre las ganancias privadas.
La prioridad no es proteger el ingreso real de las familias ni promover el uso del transporte público, sino blindar la rentabilidad de los concesionarios.
Esta lógica no es nueva.
Tampoco le tembló la mano al alcalde, junto con Roberto Angulo, para excluir a decenas de miles de bogotanas y bogotanos vulnerables de los subsidios tarifarios, como fue denunciado oportunamente.
En lugar de corregir fallas y ampliar la protección social, optaron por recortar apoyos y endurecer el acceso, profundizando la desigualdad urbana.
Más colados, menor demanda, mayor déficit
El resultado de este aumento exorbitante en la tarifa será previsible y contraproducente: más colados, menor demanda y, paradójicamente, un déficit aún mayor del sistema.
Subir el precio en un servicio esencial y de calidad cuestionada no mejora las finanzas; las deteriora. Se trata de una medida irracional desde el punto de vista de una política pública orientada al bienestar social.
La lógica de Galán
Sin embargo, esta irracionalidad desaparece si se observa desde la lógica que parece guiar a Carlos Fernando Galán: una administración que no gobierna para la ciudadanía, sino para los dueños de un negocio basado en la renta y la opacidad, un negocio que no produce beneficios sociales tangibles, pero sí utilidades privadas garantizadas.
Así con todo.
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Fuente: Mafe Carrascal en X
