La decisión del Gobierno nacional y de la bancada progresista en el Congreso de avanzar hacia un salario mínimo vital para el pueblo colombiano constituye un hito histórico en la lucha por la justicia social.
Al adaptar el salario mínimo legal al concepto de salario vital que consagra la Constitución, y al aumentar el ingreso de trabajadores y trabajadoras en un 23%, el presidente Gustavo Petro y su Gobierno profundizan conquistas sociales largamente postergadas y responden a una deuda estructural con la clase trabajadora del país.
Esta medida es respaldada por razones éticas y económicas.
Desde lo ético, reconoce que ningún trabajador debería vivir en condiciones de pobreza pese a cumplir con su jornada laboral.
Desde lo económico, parte de una visión moderna del desarrollo, en la que la prosperidad de los trabajadores es también la prosperidad de la Nación.
Un salario digno no es un gasto, sino una inversión social que fortalece el mercado interno, dinamiza el comercio y estimula un crecimiento económico sostenible y más equitativo.
Un aumento real y sustancial
Incrementar el salario mínimo en un 23,5%, cuando la inflación proyectada es del 5,2%, representa un aumento real y sustancial del poder adquisitivo.
Lo más relevante es que, contrario a los vaticinios de la oposición neoliberal uribista, los aumentos del salario mínimo en los últimos dos años no dispararon la inflación. Por el contrario, esta ha mostrado los índices más bajos de los últimos años, desmontando el argumento del miedo que históricamente se ha utilizado para frenar mejoras salariales.
Derrotar la pobreza, reducir la desigualdad
El Gobierno ha sido claro en que esta política busca derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones reales para una vida digna.
Reafirma, además, que el programa social debe ser el criterio fundamental de las decisiones económicas y un eje central de la vida política.
Así lo ratificó el Ministerio del Trabajo al señalar que el aumento del 23,7% para 2026 busca cerrar la brecha existente entre el salario y el costo de la canasta familiar, que según la OIT está un 28,3% por encima de lo que hoy gana un trabajador en Colombia.
La oposición responde
En contraste, resulta predecible la reacción del presidente de la ANDI y de la derecha neoliberal, quienes nuevamente auguran aumentos de la informalidad y la inequidad, sin sustento empírico ni propuestas alternativas.
Lo más lamentable es que estos sectores se oponen abiertamente a las alzas salariales, pero no ofrecen soluciones para contener el costo de vida ni alternativas que protejan a los empresarios sin sacrificar el bienestar de la gente. Se limitan a anunciar catástrofes que nunca llegan.
El centro más ambiguo que nunca
El mal llamado centro político, por su parte, optó por una postura ambigua: ni a favor ni en contra, reduciendo el debate a cálculos electorales y a la búsqueda de mayorías futuras, sin asumir una posición clara frente a una decisión que impacta directamente la vida de millones de colombianos.
Eliminar la prima especial de servicios para los congresistas
Finalmente, el anuncio de eliminar la prima especial de servicios para los congresistas es una decisión extraordinaria y coherente.
Ese era el camino correcto para reducir los altos salarios en el Congreso, sin desgastarse en interminables reformas constitucionales.
Dicha prima no está en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que puede ser derogado. Las cosas, por fin, vuelven a su cauce. Gracias, presidente.
