El bloqueo sistemático de las reformas sociales no es un accidente ni un simple desacuerdo técnico: es el síntoma más evidente de un Congreso podrido y profundamente desconectado de la realidad del país.
Cuando algunos congresistas se jactan de hundir iniciativas que buscaban corregir desigualdades históricas, dejan claro a quién representan. Las reformas no fallan solas; las frenan quienes elegimos. Por eso, el 2026 debe ser un punto de quiebre: votar con memoria es una obligación democrática.
Ni un voto para estos enemigos del pueblo
Durante estos años, amplios sectores del Congreso han actuado como enemigos del pueblo. Partidos como Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, el sector de derecha del Partido Verde —con figuras como Jota P Hernandez, Angélica Lozano, Katherine Miranda y Cathy Juvinao—, la bancada santandereana del Partido Liberal, entre otros, han optado por cerrar filas para impedir cambios que beneficiaban a las mayorías.
Su conducta no puede leerse como una defensa del “equilibrio institucional”, sino como la protección de privilegios que ya no se sostienen moral ni socialmente.
El país necesita transformaciones estructurales.
Colombia no aguanta más un modelo en el que la intermediación financiera de grandes grupos empresariales capture los recursos de la salud, las vías, los servicios públicos, la educación y las pensiones. Cada reforma hundida prolonga un sistema que convierte derechos en negocios y ciudadanos en clientes cautivos.
Cada dilación legislativa mantiene intacta una arquitectura de poder que prioriza rentas privadas por encima del bienestar colectivo.
Por eso resulta ofensivo —y revelador— que algunos congresistas se sientan orgullosos de haber enterrado reformas que buscaban devolverle beneficios a la gente y recortar privilegios a unos pocos.
Ese orgullo es una confesión política
No están allí para servir al pueblo, sino para garantizar que nada cambie. La democracia no se fortalece cuando se sabotean las soluciones; se debilita cuando el Congreso se vuelve una trinchera contra el mandato popular.
La respuesta no puede ser la apatía. El camino es la memoria y el voto.
En marzo, tenemos la oportunidad histórica de castigar en las urnas a quienes bloquearon las reformas sociales y de elegir un Congreso amigo del cambio, comprometido con una agenda que ponga la vida digna por encima del lucro. No se trata de ideologías abstractas, sino de decisiones concretas que afectan el bolsillo, la salud y el futuro de millones.
Elegir bien es asumir responsabilidad.
Recordar quiénes y qué partidos hundieron las reformas es honrar a quienes más las necesitaban. El 2026 debe marcar el inicio de mayorías legislativas capaces de aprobar transformaciones reales, sin miedo a tocar intereses concentrados.
Votar con memoria no es revancha: es justicia democrática.
