En los últimos meses, Colombia ha sido escenario de una grave crisis política que amenaza con fracturar su cohesión social y política.
La oposición, lejos de cumplir con su rol de vigilancia democrática, ha optado por alinearse con intereses extranjeros, en lugar de velar por el bienestar de la nación y el respeto a la soberanía del país.
La actitud de la oposición colombiana se ha convertido en un claro ejemplo de traición, poniendo en riesgo el futuro del país y, lo que es aún más preocupante, su dignidad como nación independiente.
Este comportamiento de la oposición parece estar motivado por el deseo de mantener los privilegios que usufructúan del sistema de impuestos que pagan los ciudadanos colombianos.
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Muchos de estos grupos tienen vínculos con negocios privados que controlan sectores vitales como la salud, las pensiones, los peajes y las tarifas eléctricas.
Estos intereses económicos se han visto amenazados por las políticas del presidente Gustavo Petro, quien ha luchado por unas reformas sociales que redistribuyan mejor los recursos del país y ponga fin a los abusos de las élites, hoy en la oposición.
Pero en lugar de apoyar estos esfuerzos en beneficio de la mayoría, la oposición ha decidido ir en contra de las políticas públicas que buscan una Colombia más justa.
En este contexto internacional, la situación se agrava aún más. Estados Unidos, que ha ejercido una presión constante sobre Venezuela y la región, ha recurrido a métodos militares desproporcionados en el Mar Caribe y el Pacífico colombiano.
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En su lucha contra el narcotráfico, ha implementado ataques aéreos y marítimos que han resultado en la muerte de al menos 32 personas, entre ellas presuntos narcotraficantes, en una clara violación del derecho internacional.
Estos ataques, sin pruebas claras y sin una declaración formal de guerra, han generado una grave crisis en las zonas afectadas.
Sin embargo, lo más preocupante es el apoyo implícito que la oposición colombiana ha mostrado hacia estos ataques.
En lugar de rechazar la intervención extranjera en su territorio y defender la soberanía nacional, los líderes de la oposición han optado por criticar al presidente Petro, acusándolo falsamente de ser parte de las mafias del narcotráfico.
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A través de acusaciones infundadas y la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton, por parte del gobierno americano, la oposición ha buscado desprestigiarlo y desestabilizar su gobierno.
Esto no solo es una violación de los principios democráticos, sino que también pone en riesgo la vida de un presidente que, a pesar de las amenazas, ha luchado incansablemente contra las mafias de la droga y el crimen organizado.
La bancada republicana en el Congreso de Estados Unidos, especialmente los congresistas de origen hispano, ha participado activamente en estas maniobras de desinformación e intervención política en Colombia.
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El papel de la oposición colombiana en este escenario es claro: lejos de velar por el bien del pueblo colombiano, han decidido subordinarse a intereses ajenos, buscando recuperar el poder para seguir con sus negocios privados y sus conexiones con grandes corporaciones internacionales.
Esta oposición, que ha demostrado su incapacidad para gobernar en favor del pueblo, no puede volver a dirigir los destinos del país.
El futuro de Colombia depende de su capacidad para defender su soberanía, su democracia y, sobre todo, sus intereses como nación independiente frente a la presión externa.
