Emilio Tapia Aldana, un nombre que se ha vuelto sinónimo de corrupción en Colombia, vuelve a estar en el centro de la polémica. Pese a haber confesado delitos en el carrusel de la contratación en Bogotá y en el escándalo de Centros Poblados —donde desaparecieron $70.000 millones destinados a llevar internet a los niños más pobres—, el contratista condenado y hoy con libertad condicional es señalado de maniobrar en un nuevo negocio multimillonario.
Según denuncias de la veeduría ciudadana Bien Común, liderada por el barranqueño Henry Anaya, Tapia estaría tras bambalinas de la licitación pública No. LP-012-2025 en Barranquilla, cuyo objeto es la ejecución de obras de infraestructura hospitalaria por un valor cercano a los $100.000 millones de pesos.
Tapia quiere repetir estrategia
Anaya, el mismo que advirtió con anticipación las irregularidades en Centros Poblados, asegura que la estrategia es idéntica: constituir una unión temporal de empresas para quedarse con el contrato y, una vez obtenidos los anticipos, desviar los recursos.
La Unión Temporal en cuestión se denomina Caribe Médico, integrada por Ingeniería SAS (10%), Saisei Zomac SAS (70%) y AZ Civil SAS (20%). Esta última genera especial alerta, pues en el pasado ha sido vinculada a proyectos con serios incumplimientos y cuestionamientos de calidad.
Además, entre 2019 y 2020 tuvo como representante legal a Hugo Armando Canabal, viejo socio de Tapia en el entramado de Centros Poblados.
El señalamiento no se queda allí.
La veeduría también pone la lupa sobre Gary Espitia, cabeza de Saisei Zomac SAS y con un historial de contratos inconclusos en la región Caribe. Según el documento, Espitia estuvo vinculado a la fallida Vía de la Prosperidad en el Magdalena, un proyecto que costó miles de millones y que se convirtió en otro monumento al incumplimiento.
Además, testigos del caso Centros Poblados lo mencionaron como parte de las maniobras para intentar encubrir la responsabilidad de Tapia.
La historia de Tapia revela un patrón repetitivo: negocia con la justicia, entrega información, logra rebajas de pena y, en pocos años, recupera su libertad para reincidir en nuevos negocios.
En el caso de Centros Poblados, fue condenado, devolvió apenas $2.500 millones y en abril de 2025 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria, tras cumplir cuatro años de cárcel. Hoy, ya libre, insiste en que no tiene relación alguna con este nuevo contrato.
¿Qué dijo Tapia?
“Es absolutamente falso que yo tenga alguna relación con cualquiera de las empresas que están participando en ese proceso. No estoy detrás del contrato ni de ninguna de las firmas”, dijo Tapia en respuesta a las acusaciones. Reconoció conocer a Canabal, pero negó haber tenido sociedad con él. Además, anunció acciones judiciales contra quienes usen su nombre para vincularlo a estos hechos.
El problema para Tapia es que las evidencias documentales apuntan a una red empresarial que conecta directamente con sus viejos aliados y con firmas que ya fueron sancionadas por la Superintendencia de Sociedades. De hecho, en 2023 esta entidad lo declaró controlador de tres de las compañías que conformaron Centros Poblados: ICM Ingenieros, Omega Buildings Constructora e Intec de la Costa.
El contrato para la red hospitalaria de Barranquilla aún no ha sido adjudicado.
La Alcaldía de la ciudad ha preferido guardar silencio frente a las denuncias y no se ha pronunciado sobre la participación de la Unión Temporal Caribe Médico. Sin embargo, el eco de las alertas ciudadanas crece, y la sombra de Tapia vuelve a oscurecer un proceso que, de concretarse bajo las sospechas actuales, podría convertirse en un nuevo golpe multimillonario al erario.
En medio de la indignación, la pregunta que queda en el aire es la misma de siempre:
¿Cómo es posible que, pese a sus antecedentes, los mismos nombres y las mismas empresas sigan apareciendo en contratos públicos de semejante magnitud?
La respuesta, como en el carrusel y en Centros Poblados, parece estar en la mezcla de poder político, debilidad institucional y la habilidad de contratistas como Emilio Tapia para reinventarse en el terreno de la corrupción.
