La reciente convocatoria de la ANDI a un llamado “Frente Amplio por la Salud y la Vida” ha generado una fuerte reacción crítica desde sectores que defienden la reforma estructural del sistema de salud en Colombia.
Una de las voces más contundentes ha sido la de Carolina Corcho, médica, exministra y hoy candidata del Pacto Histórico, quien advierte que este anuncio no es más que un intento de desviar la atención, confundir a la opinión pública y bloquear el avance de la reforma que busca transformar el modelo de salud en beneficio de los colombianos.
Lo más alarmante, señala Corcho, es la confesión hecha en la propia convocatoria: la ANDI admite que “no tienen datos exactos” sobre el manejo de los más de 100 billones de pesos públicos que las EPS reciben cada año.
Esa frase, que parece pasar inadvertida en el comunicado, es en realidad una muestra de la magnitud del problema.
¿Cómo es posible que se reconozca públicamente la falta de información precisa sobre recursos que pertenecen a todos los colombianos y que deberían estar destinados a garantizar un derecho fundamental?
Mientras se presentan como defensores de la “salud y la vida”, guardan silencio frente a hechos gravísimos que explican buena parte de la crisis del sistema.
La Contraloría General ha advertido sobre un presunto saqueo de 11 billones de pesos que aún no ha sido esclarecido, y que compromete directamente a varias EPS. A esto se suma la pérdida de 70 mil millones en la Nueva EPS antes de la intervención estatal, un episodio que desnuda la falta de control y la permisividad frente al despilfarro de los recursos.
Quieren ocultar la corrupción en las EPS
Tampoco mencionan las prácticas fraudulentas que se han documentado durante años: facturación de servicios a pacientes ya fallecidos, cobros por traslados en ambulancias inexistentes y toda una serie de mecanismos que convierten la intermediación financiera de las EPS en un negocio más rentable que transparente.
Estos hechos no solo son indicios de corrupción; constituyen una verdadera afrenta a la dignidad de los pacientes que esperan atención y terminan siendo víctimas de un sistema diseñado para lucrar con su enfermedad.
¿Qué propone la ANDI?
Frente a esta realidad, lo que propone la ANDI no es una investigación profunda ni un plan de saneamiento para garantizar el uso correcto de los recursos. Por el contrario, crean un comité de propaganda disfrazado de frente ciudadano, cuya verdadera función es frenar cualquier intento de cambio estructural.
Se trata de proteger el statu quo que beneficia a las EPS y a quienes se han enriquecido con la intermediación financiera, mientras millones de colombianos siguen enfrentando barreras de acceso, largas esperas y un deterioro progresivo en la calidad del servicio.
La ANDI, que nunca se preocupó por los pacientes, convoca un Frente Amplio por la Salud y la Vida. ¿Dónde estaban cuando se saqueaban los recursos públicos de la salud? ¿Dónde están las cifras de los más de 100 billones que reciben cada año las EPS?
— BVirtual (@BcaVirtual) September 26, 2025
Hablan de crisis humanitaria,… pic.twitter.com/X9PCvCCbDA
Carolina Corcho ha sido clara
La supuesta preocupación de la ANDI no busca resolver la crisis humanitaria del sistema de salud, sino blindar a las entidades que hoy concentran el negocio. La reforma propuesta por el Gobierno apunta precisamente a eliminar esa intermediación corrupta y devolverle el control al Estado y a los territorios, garantizando que cada peso invertido llegue efectivamente a la atención de los ciudadanos.
La reflexión que deja este episodio es profunda
Mientras unos luchan por recuperar la salud como un derecho, otros se aferran a defenderla como un negocio. La tarea de la sociedad es distinguir entre el ruido propagandístico y la verdad incómoda: que sin control, transparencia y una reforma de fondo, los 100 billones anuales seguirán siendo presa de la corrupción y no un instrumento para salvar vidas.
