En un escrito anterior, los veedores ciudadanos Ramiro Vásquez e Ismael Orozco manifestaron preocupaciones sobre el Convenio 119, suscrito entre el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y el Metro de Medellín.
A través de este acuerdo, se propone el suministro de 12 nuevos buses para la ciudad de Bucaramanga, como parte de un esfuerzo por modernizar el sistema de transporte público, pero también surgen serias dudas sobre su viabilidad económica y el manejo adecuado de los recursos públicos.
Entre los puntos más relevantes, destacaron la necesidad de aclarar si los cálculos y proyecciones sobre la cantidad de pasajeros esperados están bien fundamentados.
Para que este acuerdo no signifique una pérdida de dinero para los ciudadanos de Bucaramanga, cada uno de los 12 buses debería movilizar un mínimo de 1.163 pasajeros por día, a una tarifa de $3.300 por viaje.
Sin embargo, los veedores plantean la siguiente inquietud:
¿Cuáles son las proyecciones exactas que se tomaron para garantizar que no haya pérdidas económicas en este acuerdo?
La pregunta que les surge es que, mientras los representantes del Metro de Medellín parecen tener un claro interés en obtener ganancias, ¿se ha hecho lo suficiente para asegurar que el sistema de transporte sea rentable para Bucaramanga?
No se trata solo de una colaboración entre alcaldes de dos ciudades amigas, sino de un acuerdo económico que podría afectar a los recursos públicos de nuestra ciudad.
La nómina de Metrolínea y su impacto financiero
Otro tema que genera inquietud es el hecho de que el municipio de Bucaramanga está cubriendo la nómina de los antiguos funcionarios de Metrolínea, lo que representa un gasto mensual superior a los $350 millones.
Ante este panorama, alertan si la Contraloría Municipal de Bucaramanga debe explicar de manera clara bajo qué normativa se permite que el municipio pague salarios de funcionarios inactivos de una empresa en proceso de liquidación.
Estos empleados ya no tienen ninguna relación o responsabilidad con la Alcaldía de Bucaramanga, por qué es necesario seguir asumiendo este gasto.
El operador tecnológico: Un gasto innecesario o una justificación injustificada
Por otro lado, el convenio contempla una partida de $1.734’750.000 para pagar un “operador tecnológico”, cuyo objetivo es “asegurar la continuidad técnica, administrativa y financiera para el proceso de recaudo, control de flota y atención al usuario”.
Frente a este gasto, la pregunta es ¿Qué tipo de continuidad debe garantizarse, y por qué se justifica un gasto tan alto cuando el sistema es tan reducido?
Con solo 12 buses en circulación, controlar el recaudo y la flota debería ser relativamente sencillo.
Los sistemas de control utilizados por los empresarios de transporte convencional se limitan a instalar torniquetes en cada bus y contar con un solo funcionario que registre la información al final de la jornada. Este tipo de control no supera los $5 millones mensuales, incluyendo prestaciones.
Sin embargo, el acuerdo menciona una cifra mucho mayor, que no solo resulta difícil de comprender, sino que también carece de una justificación clara.
¿Por qué, entonces, aparece una cifra de $1.734’750.000 cuando el monto real debería ser de $1.542’000.000, tal como se detalla en la página resumen del convenio?
Sin ninguna explicación formal sobre esta diferencia de $192’750.000, es lógico que los ciudadanos de Bucaramanga cuestionen si este tipo de gastos adicionales son realmente necesarios.
El control de recaudo: ¿Realmente es tan complicado?
Otro punto a considerar es el control del recaudo por pasajeros movilizados. En el caso de los 12 buses propuestos, solo se necesitarían 12 torniquetes y un pequeño equipo de trabajo para llevar a cabo el proceso de control. Esto es una práctica común en el sistema de transporte tradicional, donde los costos operativos son significativamente más bajos. Nos preguntamos entonces: **¿Por qué un sistema tan simple y eficiente requiere un gasto tan elevado de recursos, en un acuerdo que se limita a solo seis meses?**
Se hace necesario transparencia y cuentas claras
Desde el punto de vista de los veedores ciudadanos Ramiro Vásquez e Ismael Orozco, existen una serie de interrogantes sobre la administración y la justificación de los recursos públicos en el convenio AMB-Metro de Medellín.
La falta de explicaciones claras y la justificación de gastos aparentemente innecesarios nos lleva a exigir mayor transparencia y un análisis profundo de la viabilidad económica del acuerdo.
“Instamos a las autoridades de Bucaramanga a responder de manera abierta y clara todas estas inquietudes, y a asegurarse de que el proyecto sea realmente beneficioso para los habitantes de nuestra ciudad, sin comprometer nuestros recursos ni el futuro económico del municipio.” expresaron los veedores Vásquez y Orozco
