El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, lo que abre la puerta para que Nayib Bukele se quede en el poder más allá de los límites establecidos por la Carta Magna.
Esta movida ha desatado un debate internacional sobre las verdaderas intenciones de Bukele y sobre el camino autoritario que podría seguir el país.
El Salvador, bajo la administración de Bukele, ha experimentado una serie de controvertidas reformas políticas y sociales, algunas de las cuales han sido aplaudidas por una parte de la población.
Sin embargo, para la oposición y varios sectores de la comunidad internacional, la reciente reforma constituye una amenaza directa a la democracia y el estado de derecho.
El proceso legislativo que permitió la reforma constitucional se llevó a cabo de manera exprés, con un Congreso dominado por la alianza del presidente. En corto tiempo, el órgano legislativo aprobó la reforma que permitirá a Bukele presentarse a la reelección de manera indefinida, lo que deja en evidencia el control absoluto que el presidente ejerce sobre las instituciones clave del país.
A ritmo de una dictadura
Bukele, quien ha ganado popularidad gracias a sus políticas de mano dura contra la criminalidad y sus controvertidos proyectos de modernización del país, ha dejado claro que su deseo es continuar con su polémica gestión por más tiempo, sin que las restricciones constitucionales lo frenen.
Sin embargo, esta decisión plantea una serie de preguntas sobre el futuro político de El Salvador. Los opositores aseguran que la modificación de la Constitución en favor de la reelección indefinida marca un punto de no retorno para la democracia en el país.
Acusan a Bukele de seguir un patrón similar al de otros líderes de la región que, tras llegar al poder, buscan aferrarse a él de manera indefinida, alterando las leyes y manipulando las instituciones.
Las paradojas de la política
En un contexto geopolítico más amplio, esta situación pone en evidencia las paradojas de la política en América Latina. Mientras que líderes como Nicolás Maduro de Venezuela son tratados como dictadores por la comunidad internacional debido a su permanencia en el poder, Bukele, con un modus operandi similar, es recibido como un «demócrata ejemplar» por sectores de la prensa y la opinión pública que, en muchos casos, prefieren ignorar las señales autoritarias en su gobierno.
Esta disparidad en los tratamientos internacionales es un claro reflejo de la hipocresía en las relaciones geopolíticas de la región.
La crítica selectiva de los medios y de los gobiernos de la derecha latinoamericana parece no tener en cuenta los antecedentes autoritarios de muchos de sus aliados. Mientras se condena a aquellos que promueven reformas progresistas, se justifica a aquellos que, en su afán de mantenerse en el poder, recurren a tácticas que amenazan las libertades y los derechos fundamentales de los pueblos.
Se erosiona la democracia
Para muchos en la oposición, la reciente reforma constitucional es solo la última pieza de un rompecabezas más grande que involucra la erosión de las instituciones democráticas.
El control de Bukele sobre la Corte Suprema, su enfrentamiento con los medios de comunicación independientes y la centralización del poder en su figura son señales claras de que El Salvador está tomando un rumbo dictatorial peligroso.
En contraste, algunos observadores en la región se sienten incómodos con la falta de una respuesta contundente por parte de organismos internacionales y gobiernos democráticos frente a estos cambios en El Salvador.
Se acaba la democracia en El Salvador
Mientras las voces progresistas luchan por la implementación de reformas sociales en otras naciones de América Latina, el panorama en El Salvador refleja un retroceso en cuanto a los principios democráticos.
Este nuevo capítulo en la política salvadoreña no solo tendrá implicaciones para el país, sino que podría afectar la estabilidad de la región en su conjunto.
Al igual que en otros países latinoamericanos, el desafío para la democracia en El Salvador está en mantener las instituciones independientes y garantizar que las leyes se respeten por encima de los intereses de un solo líder.
