El pasado lunes 12 de abril se llevó a cabo, en complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, la segunda parte de la audiencia de imputación de cargos en contra del alcalde de Barrancabermeja por presuntos delitos electorales cometidos durante el proceso de ‘revocatoria’ de su mandato que se llevó a cabo el 2 julio de 2017.
El turno correspondió al equipo de abogados, encabezados por el ex magistrado Alfredo Gómez Quintero y el jurista Iván Cancino González, quienes defienden al alcalde y a su grupo de colaboradores y procedieron, desde el mismo instante de sus intervenciones, desvirtuar las pruebas que aportó la Fiscalía.
Fiscalía se equivoca al imputar al alcalde
“Tenemos absoluta confianza en que la decisión va a ser favorable en cuanto a que NO se les imponga la medida de aseguramiento … En la defensa se invocaron fundamentos legales acerca de que tanto el señor Darío Echeverri, como su grupo đe colaboradores y sus comités, podían legalmente tener la capacidad de oponerse y de promover la abstención (como en efecto lo hicieron) por cuanto la ley los respalda … de tal manera que en ese punto NO puede entenderse que existan irregularidades”, dijo a los periodistas el abogado Alfredo Gómez, quien considera desvirtuados los cargos que la Fiscalía les imputa.
El abogado defensor de los funcionarios imputados manifestó que es obvio que una campaña electoral deba financiarse, además, según el profesional del derecho, se confirmó —con documentos legales— que el día de la revocatoria si hubo la prestación del servicio público de transporte. Además, se explicaron las medidas que se tomaron, los medios legales a los que se acudió para evitar la revocatoria, (como el caso de la ‘la tutela’), que es un medida consagrada en la Constitución Nacional.
Finalmente, dijo el abogado, «se logró controvertir el tema de la medida que solicitó la Fiscalía de detención porque podían ser un peligro para la comunidad, o que se fuera a obstruir la justicia en razón a que NO fue probado ninguno de esos dos fines por parte de la Fiscalía».
En cuanto al tema de los ‘audios filtrados’ el pasado 20 de noviembre por la Fiscalía a los medios de comunicación (W Radio), el abogado dijo que fueron ilegales y que esos CD —que contienen las grabaciones de las interceptaciones— hacen parte de la cadena de custodia, «es de suponer que están en un almacén y que de ahí solo pueden ser extraídos por orden judicial y para efectos de practicar pruebas o llevar exámenes técnicos especializados … ahí está claro que quien filtra esas grabaciones rompe la cadena de custodia y la consecuencia es que se pierde la autenticidad del documento».
Finalmente Gómez Quintero dijo que fueron desvirtuadas —una por una— todas las pruebas que decía tener el Fiscal, pues no se puede solicitar medida privativa de la libertad con suposiciones como … “no me consta” … “me dijeron” … “me parece” … etc.
Ministerio Público pide investigación por filtración de audios a los medios de comunicación
Según se ha podido establecer, las interceptaciones telefónicas sobre las cuales se violó la ‘cadena de custodia’, como material probatorio, hoy su validez está seriamente comprometida dentro de la investigación;
Al parecer la señora Yidis Medina (la denunciante) obtuvo acceso a los audios de manera ilegal, y presuntamente fue ella misma quien las filtró a los medios de comunicación, hecho que ya está siendo investigado por parte de las autoridades.
Es tan grave la situación que la propia Procuraduría General de la Nación, solicitó formalmente al Juez de Garantías, «no sean tenidas en cuenta las grabaciones, como pruebas y que se compulsen copias para que los funcionarios de la Policía Judicial, CTI y Fiscalía, (que tenían a cargo el recaudo y custodia del material probatorio), respondan penal y disciplinariamente por tan irregular conducta, que viola las garantías constitucionales y legales de Dario Echeverri Serrano».
Analistas consultados por BARRANCABERMEJA VIRTUAL aseguraron a este medio de comunicación que la solicitud del Ministerio Público es «acertada y jurídicamente válida»
Testigos con ‘cero credibilidad’, dijo el abogado Iván Cancino
Por su parte, el abogado Iván Cancino dice que, «si hay un apego a la Constitución, el resultado debe ser favorable en defensa de los imputados pues la inferencia razonable se basa únicamente sobre dimes y diretes y por el contrario, aquellas declaraciones que lo vinculan directamente son de personas que tienen algún motivo para mentir o para venganza, empleados que fueron retiradas de la administración municipal y que —obviamente— tienen un interés particular en seguir buscando métodos para sacar al alcalde y perjudicar al gobierno».
Próximo jueves, juez define situación de los detenidos
La audiencia fue suspendida y se reanudará el jueves 15 de abril a las 9 am en el que el juez especializado tomará una decisión.
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