Urge una reforma policial para prevenir futuros abusos dice Human Rights Watch en informe presentado hoy a la comunidad internacional
Miembros de la Policía Nacional de Colombia han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021, señaló hoy Human Rights Watch.
El gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.
El 28 de abril, miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades de Colombia en protesta contra un proyecto de reforma tributaria.
El gobierno retiró la propuesta algunos días después, pero las manifestaciones continuaron por motivos que incluyen la desigualdad económica, la violencia policial, el desempleo y la falta de servicios públicos adecuados.
En reiteradas ocasiones los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales.
Human Rights Watch ha documentado numerosas muertes cometidas directamente por policías, así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes.
“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”.
Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, algunos individuos han cometido actos graves de violencia, como quemar estaciones de policía y atacar a policías, dos de los cuales han muerto.
Human Rights Watch entrevistó, en su mayoría por teléfono o videoconferencia, a más de 150 personas ubicadas en 25 ciudades de Colombia, incluidas víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos.
Human Rights Watch también se reunió con la vicepresidenta de Colombia, quien también es la canciller; el director de la Policía; el fiscal general; y el director de la justicia penal militar.
Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, elaboraron dictámenes sobre algunas de las evidencias de abusos.
La ONG Human Rights Watch consultó registros policiales y médicos, necropsias, fotos y videos de las víctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes de prensa.
También corroboró más de 50 videos publicados en redes sociales y obtuvo información de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y los Ministerios de Defensa y de Interior acerca de la respuesta del gobierno ante abusos cometidos en protestas anteriores.
Ademas han recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones. Human Rights Watch recibió denuncias de estas muertes a través de organizaciones locales, incluyendo, entre otras, Temblores y la coalición de organizaciones de derechos humanos Defender la Libertad. Human Rights Watch documentó cada uno de los casos de forma independiente y con evidencias de primera mano.
“Hasta ahora, hemos confirmado que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías” dijo la ONG.
Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos.
Las autoridades colombianas deben llevar a cabo investigaciones prontas, independientes y rigurosas sobre todos los casos de abuso policial y otros hechos graves de violencia, incluyendo por parte de hombres armados de civil que atacaron a manifestantes, señaló Human Rights Watch.
También deben investigar a los agentes de policía que podrían haber incumplido su deber de proteger a manifestantes de ataques armados cometidos por particulares.
Human Rights Watch obtuvo evidencias creíbles que indican que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar.
Al menos una víctima más murió por golpizas y otras tres por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras.
Más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones desde el 28 de abril, según datos del Ministerio de Defensa, aunque es probable que la cifra total sea mayor, dado que muchos casos no se han denunciado ante las autoridades.
Human Rights Watch documentó los casos de nueve personas que sufrieron lesiones oculares graves, al parecer como resultado de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados con fusiles antidisturbios. Siete de estas personas probablemente perderán la visión en un ojo.
Entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas. Muchos de ellos estaban usando chalecos que los identificaban como miembros de la prensa o de organizaciones de derechos humanos.
El 3 de junio, el Ministerio de Defensa señaló que, desde el 28 de abril, la policía había detenido a más de 1.200 personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas. Los fiscales habían imputado a 215.
La Fiscalía General de la Nación dijo a Human Rights Watch que cientos de detenidos fueron liberados luego de que un juez o fiscal determinara que sus derechos habían sido violados durante la detención o que no existían evidencias de que habían cometido un delito.
A su vez, la policía ha privado de la libertad a más de 5.500 personas sobre la base de una disposición legal que le permite “trasladar” a una persona a un “centro asistencial o de protección” para “su protección” o la de terceros. Human Rights Watch documentó múltiples casos de detenciones arbitrarias, incluyendo varios en los que la policía empleó la figura de “traslado por protección”.
El 14 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportó que había recibido quejas en contra de miembros de la Policía por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal.
Las organizaciones de derechos humanos colombianas han informado sobre más casos. Human Rights Watch documentó dos casos de violencia sexual por parte de policías contra manifestantes.
Human Rights Watch también documentó 17 golpizas violentas cometidas por la policía, en muchos casos con bastones. Una víctima, Elvis Vivas, de 24 años, murió en un hospital después de recibir una golpiza brutal por parte de policías.
Se ha informado que al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas. El 4 de junio, la Fiscalía indicó que había localizado a 304 de esas personas. En algunos casos, quienes las reportaron como desaparecidas no sabían que estas personas habían sido detenidas.
Dispersión arbitraria de protestas pacíficas; uso excesivo de la fuerza
El gobierno colombiano ha desplegado a policías regulares y a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para responder a las protestas.
Los policías regulares asisten cada dos años a un curso de 45 horas sobre cómo actuar en manifestaciones pacíficas, pero no reciben capacitación específica sobre cómo responder a disturbios, dijo el director de la Policía a Human Rights Watch.
Asimismo, desde el 1 de mayo, el presidente Duque ha desplegado a soldados para “asistir” a la policía, pero no para emplear la fuerza contra manifestantes.
El 28 de mayo, Duque aumentó el número de soldados desplegados y ordenó que varios gobernadores y alcaldes trabajaran en conjunto con las fuerzas de seguridad para adoptar las “medidas necesarias” para “levantar los bloqueos”.
El derecho internacional de los derechos humanos establece que las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas y no deben dispersarlas incluso si consideran que son ilícitas.
Las autoridades deben abstenerse de usar la fuerza a menos que esto resulte necesario y proporcionado para responder a incidentes específicos de violencia. Como norma general, las manifestaciones pacíficas que bloquean el tránsito pueden dispersarse solo si generan perturbaciones graves y sostenidas.
Sin embargo, Human Rights Watch ha documentado varios casos en los cuales agentes del ESMAD o policías regulares violaron estos principios al dispersar de manera arbitraria protestas pacíficas o usar la fuerza de manera indiscriminada o excesiva, incluyendo mediante el uso de armas letales.
Uso indebido de armas letales
El uso de armas letales para dispersar reuniones o manifestaciones es siempre ilícito.
Conforme al derecho colombiano, la policía puede usar armas de fuego en defensa propia o para proteger a personas de un “peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida”.
La Policía colombiana indicó a Human Rights Watch que la policía regular y los miembros del ESMAD no han usado armas letales durante las manifestaciones.
Sin embargo, Human Rights Watch corroboró varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona.
Human Rights Watch documentó 16 casos en los cuales la policía parece haber matado con municiones letales a manifestantes no armados.
En al menos 15 de los casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vítales: 7 tenían heridas en el tórax, 6 en la cabeza y 2 en el abdomen. Esas heridas son consistentes con haber sido causadas con la intención de matar, señalaron autoridades judiciales a Human Rights Watch.
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